LA MEDIDA SE REQUIRIÓ EN UN MARCO EN EL CUÁL, EN LAS ÚLTIMAS HORAS, UNA NUEVA ORDEN DE DESALOJO CONTRA LA COMUNIDAD INDIA QUILMES SE HIZO PÚBLICA
El pasado lunes 16 de noviembre, andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), en representación de diez comunidades indígenas de la provincia, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que solicite al Estado Argentino la inmediata adopción de medidas cautelares con el objeto de proteger derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). El objetivo es evitar que las Comunidades continúen siendo expuestas a daños irreparables para su vida, integridad personal y derecho comunitario a la propiedad e identidad cultural. En las últimas horas se conoció un nuevo intento de desalojo contra la Comunidad India Quilmes, lo que agrava aún más la situación.
El pedido se basa en “la amenaza actual e inminente al goce y disfrute de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la propiedad y a la protección judicial (artículos 4, 5, 21 y 25 de la CADH) de las comunidades y personas mencionadas, cuya protección y garantía es responsabilidad del Estado Argentino”, reza el escrito firmado por Darío Abdala, Director Ejecutivo de andhes.
Según indicaron desde la organización de Derechos Humanos, “esta medida se solicita en el marco de diferentes atentados contras las comunidades; el más grave, el sucedido el último 12 de octubre, un día de una enorme significación para los pueblos indígenas de todo el continente americano”.
Ese día, un grupo de personas conformado por Darío Amín y dos ex policías (Jorge Valdivieso y Luis ‘Niño’ Gómez, expulsados de la Policía de Tucumán) ingresaron armados a la Comunidad Indígena Chuschagasta y asesinaron con disparos de armas de fuego al dirigente indígena Javier Chocobar e hirieron de bala a otros cuatro comuneros, uno de los cuales, Andrés Mamaní, se encuentra hoy en un delicado estado de salud, con grave riesgo para su vida.
El ataque no fue un hecho aislado, sino “la última manifestación de un proceso que debe rastrearse en los intentos por despojar a las Comunidades de sus tierras ancestrales, frente a una actitud estatal que desconoce las obligaciones asumidas para su especial protección a pesar de todos los intentos de las Comunidades y sus defensores y defensoras”, según puede leerse en la solicitud de las Medidas Cautelares presentadas ante la CIDH.
Además de múltiples amenazas, a un evidente proceso de criminalización de la protesta indígena desatado como respuesta a los intentos de las Comunidades por defender colectivamente sus derechos y al hostigamiento judicial a los que se ven sometidos, se están produciendo con respecto a las Comunidades peticionantes desalojos masivos.
Violación de la ley 26160
“Desde hace algún tiempo, pero especialmente desde mediados de 2009 cuando comenzó la implementación en la Provincia de Tucumán de la Ley Nacional N° 26.160, las Comunidades han sufrido una serie de desalojos violentos (e intentos de desalojos) ordenados por diversas autoridades judiciales del Estado provincial”, plantea el escrito.
Cabe recordar que A comienzos de Noviembre de 2006, el Congreso de la Nación Argentina había aprobado la Ley Nº 26.160 declarando la “Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades indígenas originarias del país”.
La norma ordena la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Esta “prohibición de desalojo” es por un período de 4 años mientras el Estado.
Es necesario indicar que las tareas de relevamiento ordenadas por la Ley N° 26.160 comenzaron a nivel nacional por Tucumán (con casi tres años de demora) recién a mediados de 2009.
Desde andhes plantearon que “el comienzo de los relevamientos alertó a los terceros con pretensiones sobre las tierras de las Comunidades, que reaccionaron violentamente, tanto a nivel judicial (promoviendo e influyendo para lograr desalojos a pesar de la ley) como a través de la ilegalidad de las amenazas y presiones”.
Lo que se solicita
Para la fundación, pese a los reiterados pedidos de las Comunidades en este sentido (y de la legalidad vigente) el Estado argentino no llevó adelante las acciones razonablemente necesarias para evitar los ataques contra las comunidades. Por el contrario, las acciones en perjuicio de las comunidades contaron con el apoyo directo de un amplio sector del Poder Judicial y las policías locales, y la indiferencia de los poderes ejecutivos local y federal.
Por ello, “es urgente que la CIDH solicite a la Argentina la adopción de medidas cautelares para evitar que las víctimas y demás habitantes de las Comunidades continúen siendo expuestos a daños irreparables para su vida, integridad personal y derecho comunitario a la propiedad e identidad cultural”, indicaron desde andhes.
En este sentido, solicitaron la “adopción por parte del Estado Argentino, en un plazo no mayor a 15 días, de medidas orientadas a garantizar la vida e integridad personal de las personas pertenecientes a las Comunidades peticionantes y a garantizar la vida e integridad personal de los Caciques y los y las Miembros de los Consejos indígenas de las Comunidades peticionantes en su carácter de tales y de defensores de derechos humanos de sus comunidades”.
También recalcaron la necesidad de que la Argentina, de manera inmediata, “decida las medidas adecuadas y efectivas necesarias para proteger los derechos a la vida, la propiedad y la protección judicial de las Comunidades y sus miembros, garantizando la suspensión de todo acto o medida que implique el desalojo de las comunidades indígenas peticionantes de sus territorios, al menos hasta que se presente el informe final del relevamiento técnico territorial iniciado en cumplimiento de la Ley N° 26.160”.
Finalmente, pidieron “medidas adecuadas y efectivas para proteger los derechos a la vida, la propiedad y la protección judicial de las Comunidades y sus miembros, garantizando la suspensión de todo acto o medida que implique el desalojo de las comunidades indígenas peticionantes de sus territorios, al menos hasta que se presente el informe final del relevamiento técnico territorial iniciado en cumplimiento de la Ley N° 26.160”.
Orden de desalojo contra la CIQ
El último 4 de noviembre, el juez de la III Nominación de Documentos Y Locaciones, Juan Carlos Peral, ordenó un nuevo lanzamiento de Comuneros Quilmes en los autos Comunidad Araoz c/ Gomez de Montañez Viviana s/ amparo a la simple tenencia.
Según pudo conocerse, la medida se instrumentaría proximamente en manos del Juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, con la colaboración de más de 60 efectivos policiales.
Esta orden se da a pesar de los diálogos que tuvo Daniel Fernández, presidente del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) con lo tres poderes del Estado provincial hace dos semanas atrás, y de la vigencia de la ley 26160.
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