Familiares de víctimas de la violencia institucional exigieron avances en la causa Luciano Arruga. Mediante la declaración "A 4 años de la desaparición de Luciano Arruga y ante las últimas novedades, exigimos avances concretos en la c...

Familiares de víctimas de la violencia institucional exigieron avances en la causa Luciano Arruga.

familiares victimas represion en Legislatura porteñaMediante la declaración "A 4 años de la desaparición de Luciano Arruga y ante las últimas novedades, exigimos avances concretos en la causa", Pablo Ferreyra, hermano de Mariano Ferreyra; Alberto y Leonardo Santillán, hermano y papá de Darío Santillán, respectivamente, y Alberto Rodríguez, hermano de Carlos Fuentealba manifestaron que la detención del principal Torales de la policía bonaerense refuerza el argumento sobre la responsabilidad policial en la desaparición del joven de Lomas del Mirador en 2009 y por ende, afirmaron que esperan "avances en la investigación" tras 4 años de habérselo considerado como "perdido", como así también expresaron su apoyo a Vanesa Orieta, hermana del joven desaparecido y a los Familiares y Amigos que acompañan su lucha.


Por otra parte, con respecto a la decisión del Juez Banco acerca del pase de la causa a la Justicia Federal, afirmaron que solamente falta que el Juzgado Federal de Morón reciba la causa y proceda a recaratularla como desaparición forzada de persona.


No obstante, señalaron que, si bien estas novedades permitan agilizar la causa, también debe iniciarse el juicio político a la fiscal Castelli por no haber tomado las decisiones para encontrar a Luciano.




Sostuvieron que resulta llamativa la existencia de causas previas que denotan la gravedad de los hechos que se cometieron luego de lo acontecido en Plaza Huincul, en Neuquén, donde se acusó a diferentes policías por "severidad" antes del asesinato de Fuentealba y se denunció a Carlos Sobisch como responsable político por la represión a los docentes por patotas de la UOCRA, causa ésta que expiró a fines del año pasado. Cabe destacar que el entonces gobernador nunca se presentó a declarar en sede judicial.


Finalizaron, exigiendo el cese de la lentitud judicial y la existencia de voluntades políticas que demuestren la relevancia de estos casos, con la finalidad de hacer cesar la impunidad, para que "deje de ser una moneda corriente para los pobres en nuestros días".

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