Mediante un comunicado, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre repudió la media sanción del proyecto de ley que pretende equiparar los efectos de la lucha armada de las organizaciones revolucionarias de la década del 70 con los crímenes del Terrorismo de Estado, en la Cámara de Diputados de la Nación y convocó a los organismos de Derechos Humanos y a las organizaciones políticas y sociales para impedir que se convierta en ley tras su tratamiento en el Senado.
Según informaron, el pasado viernes, con 135 votos a favor y apenas 18 en contra, la Cámara Baja aprobó y dispuso girar al Senado un proyecto de ley presentado por diputados radicales y peronistas de Formosa que ordena indemnizar a víctimas del ataque que la Orgnización Montoneros realizó al Regimiento de Infantería de Monte 29, en los suburbios de la ciudad de Formosa en 1975.
Dicho proyecto, sostuvieron, significa un verdadero retroceso que remite a los tiempos de la sanción de los decretos 156 y 157 del gobierno alfonsinista que establecieron en primer lugar el juzgamiento penal a los responsables de las organizaciones político militares, y luego a los jefes de las Juntas que integraron los sucesivos gobiernos dictatoriales genocidas en el marco de un esquema oficial tendiente a circunscribir la cuestión de las violaciones sistemáticas de Derechos Dumanos exceptuando a los cómplices e instigadores civiles, religiosos y de toda índole comprometidos con el plan político, cultural y económico del terrorismo de Estado. Ello luego se institucionalizaría como la denominada “teoría de los dos demonios” con el prólogo del informe “Nunca Más” de la CONADEP.
Asimismo, señalaron que "la inmensa conquista popular que significó la anulación en 2003 de las leyes de impunidad y la reapertura de las causas por los crímenes de lesa humanidad permitió reiterar una prolongada normativa y jurisprudencia supranacional, constitucional y local que estableció la imposibilidad de equiparar en cuanto a consecuencias y calificación la acción represiva y terrorista del Estado con los actos de particulares" y afirmaron que la aprobación del proyecto en tratamiento legislativo es "contrario a los valores de Memoria, Verdad y Justicia", para inscribirse en el marco del revanchismo de los sectores de derecha que pretenden desoir y borrar los importantes avances logrados con el juicio y castigo a algunos de los responsables del genocidio de los últimos años.
Finalizaron, convocando a repudiar el voto al proyecto de indemnización de Buriayille y Díaz Roig aprobado en Diputados y evitar que el Senado lo convierta en ley.




El próximo lunes 20 del corriente, a las 18.00 hs., se realizará una reunión en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, sita en la Avda. Corrientes Nº 1785 - 2º C de esta Capital, para organizar una nueva movilización a Tribunales para exigir la libertad de Karina Germano "La Galle" López, la que se realizaría el próximo 29 del corriente desde las 10.30 hs.
Mediante un comunicado titulado "La ética de los abogados", los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la APDH Rosario y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre - Seccional Rosario exigieron la quita definitiva de la matrícula a Juan Daniel Amelong y Pedro "Pili" Rodríguez, condenado y procesado respectivamente por delitos de lesa humanidad que cometieran "en el marco del genocidio argentino llevado adelante por la última dictadura cívico militar".
Con respecto a la cancelación preventiva que debe tratar el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Rosario, afirmaron que ello "es perfectamente posible" y recordaron que se detiene a inocentes, y se les dicta prisión preventiva para asegurar el proceso penal respectivo, por lo cual se preguntaron: "¿cómo no cancelar preventivamente la matrícula de un represor condenado por tres jueces de Rosario y tres de Paraná aun cuando no esté firme la condena?"

Primero enfatizar la dimensión institucional. No era cuestión entre personas (en este caso concreto Vicente Zito Lema, Sergio Schoklender) sino entre lógicas incompatibles. Formas de producción de subjetividad que pudieron sostenerse cercanas, pero nunca unidas, desde la explícita asunción del rol de mediadora intermediaria conciliadora que Hebe de Bonafini por derecho propio ejercía. Esa cercanía era una forma de tomar distancia, como en la escuela primaria, o en los términos de la psicología social, una disociación operativa. Hasta que un factor desencadenante, arrasó con la lógica de la coexistencia no pacífica, no armoniosa, pero al menos con cierta elegancia, de esas lógicas incompatibles. Es importante señalar ese momento de clivaje en la profecía fundadora de la Universidad Popular. Siempre la pensamos y la mostramos como de Lucha y Resistencia contra las otras universidades, tanto las mal llamadas públicas, que apenas son estatales, y las privadas, tanto laicas como confesionales.