El viernes 15 de octubre del corriente, la Legislatura porteña sancionó la Ley Nº 3230, por la cual se prorroga por 5 años el cumplimiento del cupo laboral del 5% para las personas con discapacidad, en una nueva arremetida macrista que indica la irrelevancia de este colectivo históricamente postergado en sus aspiraciones, como producto de la subsistencia del paradigma de la inutilidad de sus integrantes y del prejuicio acerca de su real potencial laboral, al que reduce a insignificante.
Dicha sanción contó con el voto de los siguientes legisladores del PRO, Encuentro por la Victoria, Identidad Porteña, Partido Socialista, Diálogo por Buenos Aires, Peronista e Igualdad Social: Abbas, Nestor, Pro; Alegre, Gabriela Patricia, Dialogo por Buenos Aires; Amoroso, Daniel, Pro; Araujo, Carlos, Pro; Asinelli, Christian Gonzalo, Identidad Porteña; Bello, Alicia, Identidad Porteña; Blasco, Luciana, Pro; Borrelli, Osvaldo Martin, Pro; Cabandié, Juan, Encuentro por la Victoria; Centanaro, Ivana, Juventud Yrigoyenista; de Andreis, Fernando, Pro; Di Stefano, Patricio, Pro; D´Angelo, Julián Leonardo, Partido Socialista; Epszteyn, Eduardo Ezequiel, Dialogo por Buenos Aires; Failde, Pablo, Identidad Porteña; Garayalde, Jorge, Pro; Godoy, Marcelo Rafael, Pro; Gómez, Verónica, Partido Socialista; González, Alvaro Gustavo, Pro; Hourest, Martin, Igualdad Social; Ibarra, Aníbal, Dialogo por Buenos Aires; Ingaramo, Gerardo Luis, Pro; Lubertino, Mónica, Pro; Martínez Barrios, Diana, Pro; Morales Gorleri, Victoria, Pro; Moscariello, Oscar, Pro; Mouzo, Dora Matilde, Peronista; Ocampo, Martin, Pro; Pagani, Enzo Luis, Pro; Pedreira, Silvina Aurora, Peronista; Puy, Raúl Alberto, Dialogo por Buenos Aires; Ritondo, Cristian Adrian, Pro; Rodriguez Araya, Maria Eugenia, Pro; Santilli, Diego César, Pro; Saya, Lidia, Pro; Tamargo, Avelino, Pro; Urdapilleta, Inés, Peronista; Varela, Marta, Pro y Zago, Oscar, Pro.
Cabe destacar que el bloque macrista votó a favor en su totalidad, siendo acompañado por Juan Cabandié, del kirchnerismo y por el ala progresista, de la mano de Aníbal Ibarra, viejo incumplidor del cupo laboral en ocasión de su mandato como Jefe de Gobierno y de Raúl Puy, esposo de la Defensora Adjunta de la Ciudad, Prof. Graciela Muñiz, en cuyo mandato anterior estuviese a cargo de la adjuntía de Derechos Humanos; en particular, de personas con discapacidad.
Otra vez, pese a la incorporación de la Convención Internacional sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad a nuestro derecho interno, este importante colectivo que abarca al 10% de la población, tanto en el país como en el resto de las jurisdicciones, sufre una importante prórroga a manos de un poder político que continúa el rumbo sostenido desde 1995.
Cabe destacar que este colectivo viene sufriendo sistemáticas prórrogas con respecto a la accesibilidad del transporte automotor, otorgada por las sucesivas renovaciones de la vida útil de las unidades por parte de la Secretaría de Transporte de la Nación y del subterráneo, cuyos accesos debieron construirse debido a un fallo judicial pero que aún no funcionan en su totalidad.
Esta nueva postergación del cupo laboral suma incertidumbre acerca de la posibilidad de obtener un empleo, históricamente retaceado por el Estado y negado por el sector privado, aprovechando la carencia de medios económicos del colectivo para accionar judicialmente en defensa de sus derechos vulnerados.
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