Por Claudia Rafael
(APe).- No hay un modo más perfecto de aplicar rayos x sobre la matriz de pensamiento de un gobierno que exponer el modo exacto de nutrir los presupuestos. Algo así como díme dónde inviertes tus dineros y te diré quién eres. Ahí no hay dobleces. No hay falacias. Es absolutamente transparente y dibuja con precisión quirúrgica la ideología del poder. Decidir como política sistémica mantener inmutable el valor de las becas de UDI (Unidad de Desarrollo Infantil, programa en contra - turno escolar para chicos de hasta 14 años) constituye un símbolo ineludible. Adeudar las cuotas bimestrales para el funcionamiento de los hogares, casas del niño y programas destinados a las coberturas de necesidades básicas es otra señal de fuego. Como también lo son la desfinanciación de obras fundamentales para el sostenimiento de las salas y casas de bebés de jardines maternales que se vieron obligadas a cerrar en los últimos años. Y, sin titubeo alguno, el colocar sistemáticamente al borde del abismo a organizaciones sociales que fueron supliendo funciones medulares del Estado de las que el Estado se fue corriendo paulatina y sostenidamente a través de años y de décadas.
Cuando a las 11 de la mañana, decenas de hogares, organizaciones sociales e instituciones nacidas bajo la convicción de que la infancia es destino y es el oasis de la humanidad, presenten una demanda judicial contra el Estado bonaerense estarán poniendo negro sobre blanco de un escenario de crueldad sustentado en el tiempo. El punto central de la demanda patrocinada por el Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho de La Plata es que la Provincia de Buenos Aires “lesiona y amenaza, en forma actual e inminente, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos constitucionales, individuales y colectivos, de niños, niñas y adolescentes, e instituciones dedicadas a la protección y promoción integral de los derechos de la niñez y adolescencia”. Y se reclama “el inmediato pago de todas las becas y/o cuotas que le son adeudadas a cada una de las instituciones”, la “adecuación de los montos”; la concreción de una audiencia pública en la que debatir abierta y profundamente las políticas de infancia.
Caza de brujas
Son estos tiempos profundamente clave para medir los rumbos del poder. Casi como una extraña balanza de desequilibrios y abandonos, del otro lado se ahondan las políticas pro seguridad que multiplican cámaras, gendarmes/prefectos/policías (en funciones o retirados) y lanzan una caza callejera que confluyen en un poderoso cóctel de peligrosidades. Que en este contexto se alce a la categoría de ministro de Seguridad a un barón del conurbano es una señal ineludible de los rumbos. Como también lo es que en los primeros dos días de multiplicación de gendarmes en las calles ingresaran cuarenta chicos al circuito penal en un número que, ni más ni menos, hace colapsar las estructuras. Normalmente los números rondan entre tres y cuatro nuevos chicos en el circuito penal cada día. ¿Significa un cambio en las prácticas delictivas? No. Muy lejos de eso. Implica, lisa y llanamente, que desde hace algunos días (no sólo desde que se nombró al manodurista Granados al frente del ministerio) hay una orden no escrita, no publicitada, no pronunciada en voz alta de salir a dar señales de que se endurece la política. ¿Es casual que semejante determinación se haya profundizado con tanto énfasis después del sintomático resultado electoral de las PASO?
¿Es real que numerosos jueces del Fuero Penal Juvenil reconocen por lo bajo que tienen presiones para no excarcelar? ¿Acaso lo es que jefes de Gendarmería consultaron al poder político si interesaban “las órdenes de captura vigentes”? ¿Cómo se enmarca en todo este panorama que Sergio Berni plantee que “en casi todos los delitos hay involucrados menores, que son reincidentes”?
No hay grandes distancias entre una frase de ese tenor y el “estamos en guerra con ellos, y la guerra hay que librarla. Es a matar o morir”, del 18 años intendente de Ezeiza, Alejandro Granados (noviembre 1999). O de la propuesta de Martín Insaurralde de bajar la edad de imputabilidad. Ahora a los 14 y, si es necesario, al mejor estilo del fallecido intendente de Olavarría, Helios Eseverri, a los 12 o aún más.
En toda la provincia de Buenos Aires los chicos privados de libertad por conflicto con la ley penal oscilan entre 480 y 510. Frente a los más de 3.000 que son objeto de políticas de institucionalización en lo social. El 49 por ciento de los chicos de todo el país “sin cuidados parentales” vive en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires en donde las principales causas son la violencia familiar, el abuso sexual y el abandono.
Pero por fuera de todos ellos -y según el oficialísimo Indec- el 40 por ciento (cuatro de cada diez) de los chicos de menos de 14 años que vive en áreas urbanas es pobre. Chicos que corretean sus días en los márgenes del bienestar, que respiran ausencia y desabrigo, que saben de sinsabores antiguos porque no hay techos ni mesas cotidianamente estables en sus vidas. Porque nacer y crecer en el lado endeble de la cotidianeidad tiene costos profundos en el crecimiento.
Entonces, que el Estado provincial no abone las becas, las pague con dilatados atrasos o bien no modifique el monto de las cuotas (durante 2012 la inflación osciló entre el 11 y el 25,6 por ciento, según las fuentes) es rayano con lo criminal.
Cocteles peligrosos
El cóctel explosivo que produce el endurecimiento de las políticas penales con el metódico y consecuente abandono de las políticas de prevención resulta una pintura despiadada del presente y del futuro. Porque cuando se visibiliza un tema, como contrapartida, se invisibiliza otro. Y en este sentido, la andanada pro seguridad, pro mano dura, pro baja edad de imputabilidad, pro multiplicación de cámaras y de gendarmes/prefectos/policías (activos o retirados) en las calles termina por invisibilizar todo aquello que sigue quedando en las sombras. Desde el corrimiento del Estado de bienestar y el abandono de políticas públicas de infancia para la protección y promoción del niño (título que sólo se utiliza para nombrar la ley) han sido los hogares e instituciones de infancia los que han ido ocupando lugares fundamentales en las vidas de esos chicos. Que muestran en sus prácticas cotidianas que hay otro modo de construir. Que existen alternativas de ternura y miel a la hora de abrazar.
Hoy por la mañana la Justicia verá transitar por sus ríos de papeles y estructuras el reclamo de niños y niñas de que el Estado no les siga usurpando sus sueños. Que no los condene como práctica sostenida a un abandono pergeñado para arrebatarles el derecho a una vida justa. Y que no los arrincone a una espera que suele ser abismo y crueldad.
En 2008 el mismo programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas que patrocina la demanda que hoy se inicia, había presentado un amparo para reclamar por la protección de un grupo de chicos que vivían en las calles. La Justicia en lo Contencioso Administrativo falló a favor. Pero en una larga carrera de apelaciones y más apelaciones, recién quedó firme cuatro años más tarde. Y fue en junio de este año, que el Senado provincial dio media sanción a la creación de casas abiertas para los chicos sin techo. Pero todavía no pasó por Diputados. De esos chicos del amparo (que en aquel 2008 habían sido objeto de un brutal ataque parapolicial), algunos están muertos, otros están presos en cárceles de adultos, otros continúan viviendo en las calles.
En definitiva, manodurísima para los que osen pisar la línea de conflictividad con la ley penal -no importa la gravedad o la insignificancia del delito en cuestión- y, por otro lado, arrinconamiento de la gran mayoría de chicos asolados por la ausencia de derechos al territorio del olvido y del abandono más cruento.
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