Sumario:
1. Jorge Daniel Reyna, como Walter, pero hoy.
2. Gatillo fácil, apaleamientos y guardiacárceles represores en todo el país.
3. Grave condena a trabajador de la línea 60.
4. Vigilar, castigar y negociar. Las comisarías y las puebladas del conurbano.
5. Boudou, la policía federal y la democracia.
6. Agradecimiento a las organizaciones compañeras.
7. Próximas actividades.
1. Jorge Daniel Reyna, como Walter, pero hoy.
El 26 de octubre, Jorge Daniel Reyna, de 17 años, apareció muerto en la comisaría de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. El pibe vivía en un barrio humilde de San Esteban y había sido detenido esa mañana. La versión de la policía, dice que Jorge se ahorcó con su propia campera en el calabozo. Pero, tal como la experiencia nos muestra cotidianamente, lo que sucede realmente cada vez que los pibes son detenidos es la tortura, disfrazada en democracia como apremios ilegales, y en muchos casos la muerte, como sucedió con Jorge.
Su mamá, Olga Tallapietra, junto con amigos y vecinos, pudo corroborar durante el velatorio que Jorge no tenía marcas en el cuello que probaran el supuesto suicidio, sino que en realidad tenía hematomas en las cejas, mejillas, hombros, brazos y muslos, además de una serie de raspones por todo el cuerpo, prueba de que había sido salvajemente golpeado. Los resultados parciales de la autopsia establecieron que la muerte se produjo por asfixia mecánica (lo que no significa que se colgara él), y confirmaron la paliza recibida.
Días antes del asesinato, Jorge había declarado en la fiscalía de Cosquín "a nosotros el cana nos manda a chorear para que quede bien el comisario del pueblo”. Claramente Córdoba no es la excepción. Igual que en el resto del país, la policía obliga a los pibes a robar y vender drogas y luego los detiene y los tortura. Y cuando alguno "se les queda", hacen pasar por suicidio.
Como la policía actúa siempre bajo el paraguas del poder judicial, resulta que la fiscal que actualmente lleva la causa del asesinato de Jorgito, María Alejandra Hillman, es candidata a fiscal general del gobernador De La Sota, quien maneja la "narco-policía" de la provincia. Hillman también tuvo su protagonismo en junio de 2012, en un caso similar. Brian Palomeque, un pibe de 16 años, fue encontrado muerto en un descampado de La Falda, tal como fuera amenazado por la policía unos días antes (“Vas a aparecer muerto en un descampado”). Como siempre, estuvieron las dos versiones. La oficial fue que se ahorcó colgándose de un árbol con un cable telefónico. La verdadera, la que surge de la declaración de vecinos de la zona, es que Brian colgaba de una rama incapaz de sostener el peso de su cuerpo, que sus piernas llegaban al suelo y que sus manos estaban atadas. Hillman no sólo aseguró que Brian se había suicidado, sino que, además, ordenó la detención de una gran cantidad de manifestantes que espontáneamente salieron a las calles para repudiar el asesinato.
Del mismo modo, ahora, familiares, amigos y vecinos autoconvocados se concentraron el domingo y lunes en la comisaría y la Plaza San Martín de Capilla del Monte, exigiendo justicia por el asesinato de Jorge. Como figurita repetida, policías de civil infiltrados comenzaron a provocar tirando piedras. Por supuesto, esto era lo que esperaban las fuerzas represivas para responder con palos y balas de goma. Con el correr de las horas la plaza quedó cercada y hubo casi una decena de detenidos, acusados por delitos y contravenciones, que fueron trasladados a las comisarías de La Cumbre y La Falda. Entre ellos hubo varios menores, un periodista de un medio local, un militante del Partido Solidario y el primo y el tío de Jorge.
Los días siguientes, la policía siguió controlando las calles y realizó una cacería de pibes, amenazándolos con el objetivo de desmovilizar la incipiente organización que se estaba gestando en torno del asesinato.
Lo mismo hicieron distintos bloques partidarios enfrentados al delasotismo (FPV, Nuevo Encuentro, UCR, etc.), que trataron de desviar la organización y movilización de vecinos y familiares a través de las vías institucionales de pedido de justicia. Sin embargo, el sábado 9 de noviembre, a la Asamblea contra la violencia institucional de Capilla del Monte se sumaron una gran cantidad de organizaciones sociales que bajo las consignas de juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del asesinato, basta de criminalización y persecución policial a los jóvenes, derogación del inconstitucional Código de Faltas y renuncia del secretario de Gobierno, teniente coronel Montero Méndez, llenaron la plaza San Martín.
La muerte de Jorge es por lo menos la cuarta que se produce en 2013 en celdas cordobesas. En septiembre, un pibe de 17 años fue encontrado en la habitación en la que estaba alojado en el Complejo Esperanza, ahorcado con su propia campera. En octubre, Verónica Castaño apareció colgada de una remera en una celda de aislamiento de la cárcel de mujeres en Bower. Y en mayo, Iván Rivadero, de 23 años, fue encontrado colgado en su celda del Pabellón 12 de la cárcel de barrio San Martín.
El mecanismo, tan utilizado cotidianamente por las fuerzas represivas de detener, torturar, asesinar al detenido y luego encubrirlo como un suicidio es una modalidad represiva que tiene por objetivo disciplinar a los jóvenes y pobres y que se enmarca en una política de estado cuyo fin es sostener los privilegios de una clase minoritaria, rica y poderosa por sobre una clase mayoritaria, la de los trabajadores.
En Córdoba, como en todo el país, esta modalidad represiva se ve facilitada con la vigencia de un Código de Faltas no muy diferente a los del resto del país, incluida la ciudad de Buenos Aires, que otorga poder discrecional a la policía para detener personas por conductas que no son delitos, con el agravante de que, en esta provincia, la primera instancia del juzgamiento queda a cargo de la policía.
Desde CORREPI, acompañamos a los familiares, amigos de Jorgito y el pueblo de Capilla del Monte, porque la única forma que conocemos para enfrentar la represión estatal es la organización y la lucha.
2. Gatillo fácil, apaleamientos y guardiacárceles represores en todo el país.
Bahía Blanca, viernes 16 de agosto de 2013. En la zona del paraje “El Guanaco” de la localidad de Ingeniero White, cerca de Bahía Blanca, Nicolás Alejandro Bazán (14) fue herido con un disparo a la altura del pecho. Le dispararon los policías Raúl Benuzzi y Walter Sabena, de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Coronel Rosales, con asiento en Punta Alta.
En declaraciones a los medios, su abuelo, Juan Carlos Bazán, manifestó: “Salí de la casa de mi hijo y le dije a mi nieto, que venía de entrenar, que me acompañara hasta una quinta. Salimos caminando y, cuando íbamos por la mitad de la calle, se sintieron como cinco o seis tiros que venían del lado de la ruta”. El padre del chico, Alejandro Bazán, aseguro que pidió socorro a los mismos policías que efectuaron los disparos, los cuales se negaron a llevar al pibe al hospital, a punta de escopeta, y siguieron rumbo dentro del vehículo particular en el que se encontraban. Los policías se excusaron diciendo que estaban recibiendo disparos de delincuentes que le habían sustraído dos ruedas de auxilio a la camioneta en la que se transportaban. Por eso, dijeron “respondieron al fuego hacia la zona en la que se encontraba el menor”.
Desde luego que nunca aparecieron los supuestos delincuentes. Nicolás finalmente fue llevado al hospital local, donde evolucionó favorablemente, pese a que no pudieron extraer la bala del pecho.
Hasta el momento, no hay ninguna medida judicial o administrativa que recaiga sobre los efectivos. Clara muestra de la total impunidad con la que se manejan las fuerzas de seguridad, y de cómo todo hecho que los comprometa se pierde en la burocracia que los apaña.
Olavarría, lunes 11 de noviembre de 2013. En la calle 118 y Rivadavia, a la altura del arroyo Tapalqué, un vecino de 33 años, Jorge Javier Ortega, estaba dispuesto a quitarse la vida con una pistola de calibre 22. Su mujer y su padre intentaban disuadirlo. Los vecinos llamaron a la policía.
Según contó después su padre, Ortega estaba sentado frente al arroyo cuando llegaron los sargentos Barbesín y Coria, “expertos” negociadores que neutralizaron la tentativa de suicidio... metiéndole un tiro. Cuando el sargento Coria disparó, la esposa de Ortega, desesperada, prorrumpió en gritos. La detuvieron, la esposaron, la golpearon y la metieron en el patrullero. Ortega, después de ser internado en el hospital, falleció.
El comisario inspector Néstor Ordoqui, jefe de la Distrital, aseguró en privado al padre que se tomarían todas las medidas necesarias para esclarecer el hecho y mandó sus condolencias a la viuda. Esa misma noche, en una entrevista televisiva, el comisario aseguro que la policía hizo lo que debía hacer, que actuaron “razonable y gradualmente” y que “lamentablemente sufrieron (ellos) un accidente de trabajo”.
