Por Salvador Capote
Una cuestión de fondo
Richard Boardman, cuáquero, objetante de conciencia, el 24 de abril de 1967 devolvió su tarjeta de reclutamiento al comité militar acompañada de una carta en la que explicaba sus motivos: “[…] cualquier contribución que uno haga para apoyar o cooperar con el sistema de violencia organizada que llamamos ‘militar’ estaría en abierta contradicción con los valores humanos, relaciones y estructuras sociales que el hombre tiene la esperanza de desarrollar en el mundo.” “Las armas que uno tiene que usar en defensa de la libertad, o con las cuales construir un mundo mejor -concluía Richard- son las armas de la verdad, del amor, de la caridad, de la comprensión, de la comunidad.”
Rick Boardman fue acusado, convicto y sentenciado a tres años de privación de libertad. Su ejemplo fue seguido por miles de otros jóvenes estadounidenses (1). A mediados de octubre de ese año, en la iglesia de Arlington Street, donde se reunían los abolicionistas en el siglo XIX, 60 jóvenes quemaron sus tarjetas y otros 200 las devolvieron a las oficinas de reclutamiento. En los días subsiguientes, cada uno de ellos recibió la visita del FBI. Las manifestaciones contra la guerra y la oposición al reclutamiento se multiplicaron por todo el país y fueron brutalmente reprimidas frente al Pentágono, en el campus universitario de Berkeley, y en Oakland y otras ciudades.
El juicio de Broadman en 1969, descrito por Charles Goodell en su libro “Political Prisoners in America” (2), un clásico en la materia, revela una cuestión de fondo que se repite en todos los casos políticos que tienen lugar en los tribunales de Estados Unidos.
El sistema de justicia norteamericano distingue entre “intención” y “motivo”. Al jurado se le permite deliberar sobre la intención del acusado de violar la ley pero no sobre sus motivos. En el juicio de Broadman, por ejemplo, el jurado sólo podía deliberar acerca de si el acusado había violado la ley de reclutamiento de manera consciente y voluntaria, pero no podía tener en cuenta sus motivos para hacerlo. Tampoco se permitió que declarasen testigos en relación con sus razones para rechazar el reclutamiento. Veamos un fragmento del diálogo entre Broadman y el fiscal:
F: ¿Dice usted que puede decidir por usted mismo si una ley es buena o mala, y que usted es libre para desobedecerla?
B: Yo no dije eso.
F: ¿Y qué es lo que usted dijo?
B: Dije, señor, que hay leyes superiores, que deben ser obedecidas en todos los tiempos, y mi intención es cumplir con esas leyes superiores cuando y en la forma que pueda.
Rick Boardman fue acusado, convicto y sentenciado a tres años de privación de libertad. Su ejemplo fue seguido por miles de otros jóvenes estadounidenses (1). A mediados de octubre de ese año, en la iglesia de Arlington Street, donde se reunían los abolicionistas en el siglo XIX, 60 jóvenes quemaron sus tarjetas y otros 200 las devolvieron a las oficinas de reclutamiento. En los días subsiguientes, cada uno de ellos recibió la visita del FBI. Las manifestaciones contra la guerra y la oposición al reclutamiento se multiplicaron por todo el país y fueron brutalmente reprimidas frente al Pentágono, en el campus universitario de Berkeley, y en Oakland y otras ciudades.
El juicio de Broadman en 1969, descrito por Charles Goodell en su libro “Political Prisoners in America” (2), un clásico en la materia, revela una cuestión de fondo que se repite en todos los casos políticos que tienen lugar en los tribunales de Estados Unidos.
El sistema de justicia norteamericano distingue entre “intención” y “motivo”. Al jurado se le permite deliberar sobre la intención del acusado de violar la ley pero no sobre sus motivos. En el juicio de Broadman, por ejemplo, el jurado sólo podía deliberar acerca de si el acusado había violado la ley de reclutamiento de manera consciente y voluntaria, pero no podía tener en cuenta sus motivos para hacerlo. Tampoco se permitió que declarasen testigos en relación con sus razones para rechazar el reclutamiento. Veamos un fragmento del diálogo entre Broadman y el fiscal:
F: ¿Dice usted que puede decidir por usted mismo si una ley es buena o mala, y que usted es libre para desobedecerla?
B: Yo no dije eso.
F: ¿Y qué es lo que usted dijo?
B: Dije, señor, que hay leyes superiores, que deben ser obedecidas en todos los tiempos, y mi intención es cumplir con esas leyes superiores cuando y en la forma que pueda.
F: Sí, señor, pero ¿no era su intención también desobedecer la Ley de Servicio Militar Selectivo cuando devolvió su tarjeta de reclutamiento?
B: Mi intención no fue desobedecer, sino obedecer. Obedecer a las leyes de la vida, a las leyes del amor, del modo que las entiendo, las leyes de la hermandad.
El juez, Francis Ford, prohibió al abogado defensor solicitar en su argumentación “que los jurados decidan en este caso de acuerdo con sus conciencias” e instruyó a éstos que: “La única cuestión que deben ustedes decidir es si Broadman conciente y voluntariamente violó la Ley de Servicio Militar Selectivo de 1967. El motivo, no importa cuán laudable y plausible pueda ser, nunca es defensa si el acto cometido fue una violación intencional de la ley.” “[…] Algunos miembros del jurado pueden creer que la guerra de Vietnam es inmoral, inconstitucional o ilegal […] Si ustedes permiten que sus creencias personales con respecto a la legalidad o inmoralidad de la guerra en Vietnam o cualquier opinión política con respecto a la guerra afecte su decisión en este caso, ustedes estarían violando su juramento como jurado”.
Lo esencial de este juicio se repite en todos los procesos judiciales en que hay motivaciones políticas o razones de conciencia de cualquier tipo. En el caso que más nos atañe a los cubanos, el de los cinco héroes que fueron condenados por monitorear a las organizaciones terroristas de Miami, no se tuvo en cuenta para nada la historia de actos violentos realizados durante décadas contra Cuba, ni la necesidad de impedir que continuaran estos actos incluso dentro del territorio de Estados Unidos. Se condenó a los cinco ignorando completamente los motivos patrióticos y humanitarios de su actuación.
De este modo, al ordenarle a los jurados atenerse solamente a decidir si el acusado viola o no la ley intencionadamente, y al prohibirles considerar los motivos de su violación de la ley, el gobierno de Estados Unidos intenta mantener el mito de que no existen presos políticos ni de conciencia en Estados Unidos cuando, en realidad, en todos estos juicios, lo fundamental es la motivación política y lo verdaderamente irrelevante es la transgresión de la ley.
No siempre fue así. Los padres fundadores de la nación norteamericana concibieron el jurado como un balance entre el exceso de poder del gobierno y la indefensión de los oprimidos ante el rigor de las leyes. John Adams escribió que era “derecho y deber del jurado”, cuando la aplicación de la ley entra en conflicto con otros valores, “encontrar un veredicto acorde con su mejor entendimiento, juicio y conciencia, aunque esté en franca oposición con la dirección de la corte”.
Sin embargo, en el siglo XIX el papel del jurado en Estados Unidos fue cambiando rápidamente. La institución perdió su poder histórico de ignorar las instrucciones de los jueces en casos particulares en que es necesario evitar aplicaciones injustas de las leyes. El cambio definitivo tuvo lugar en 1895 cuando la Corte Suprema concluyó que si a los jurados no se les permitía crear leyes, tampoco se les debía permitir modificarlas. Los jurados, en lo adelante, tendrían que limitarse mecánicamente a deliberar sobre los hechos, no sobre la ley, y a dilucidar si el acusado la ha violado o no independientemente de sus motivos. Miles de personas, técnicamente culpables pero moralmente inocentes, en su mayoría presos políticos y de conciencia, serían condenados a largos años de encarcelamiento.
Esta nueva etapa de la institución del jurado, cualitativamente distinta, coincidía -y no por casualidad- con el comienzo de la etapa imperialista y convertía a Estados Unidos sí, en un país de leyes; pero no, en un país de justicia.
B: Mi intención no fue desobedecer, sino obedecer. Obedecer a las leyes de la vida, a las leyes del amor, del modo que las entiendo, las leyes de la hermandad.
El juez, Francis Ford, prohibió al abogado defensor solicitar en su argumentación “que los jurados decidan en este caso de acuerdo con sus conciencias” e instruyó a éstos que: “La única cuestión que deben ustedes decidir es si Broadman conciente y voluntariamente violó la Ley de Servicio Militar Selectivo de 1967. El motivo, no importa cuán laudable y plausible pueda ser, nunca es defensa si el acto cometido fue una violación intencional de la ley.” “[…] Algunos miembros del jurado pueden creer que la guerra de Vietnam es inmoral, inconstitucional o ilegal […] Si ustedes permiten que sus creencias personales con respecto a la legalidad o inmoralidad de la guerra en Vietnam o cualquier opinión política con respecto a la guerra afecte su decisión en este caso, ustedes estarían violando su juramento como jurado”.
Lo esencial de este juicio se repite en todos los procesos judiciales en que hay motivaciones políticas o razones de conciencia de cualquier tipo. En el caso que más nos atañe a los cubanos, el de los cinco héroes que fueron condenados por monitorear a las organizaciones terroristas de Miami, no se tuvo en cuenta para nada la historia de actos violentos realizados durante décadas contra Cuba, ni la necesidad de impedir que continuaran estos actos incluso dentro del territorio de Estados Unidos. Se condenó a los cinco ignorando completamente los motivos patrióticos y humanitarios de su actuación.
De este modo, al ordenarle a los jurados atenerse solamente a decidir si el acusado viola o no la ley intencionadamente, y al prohibirles considerar los motivos de su violación de la ley, el gobierno de Estados Unidos intenta mantener el mito de que no existen presos políticos ni de conciencia en Estados Unidos cuando, en realidad, en todos estos juicios, lo fundamental es la motivación política y lo verdaderamente irrelevante es la transgresión de la ley.
No siempre fue así. Los padres fundadores de la nación norteamericana concibieron el jurado como un balance entre el exceso de poder del gobierno y la indefensión de los oprimidos ante el rigor de las leyes. John Adams escribió que era “derecho y deber del jurado”, cuando la aplicación de la ley entra en conflicto con otros valores, “encontrar un veredicto acorde con su mejor entendimiento, juicio y conciencia, aunque esté en franca oposición con la dirección de la corte”.
Sin embargo, en el siglo XIX el papel del jurado en Estados Unidos fue cambiando rápidamente. La institución perdió su poder histórico de ignorar las instrucciones de los jueces en casos particulares en que es necesario evitar aplicaciones injustas de las leyes. El cambio definitivo tuvo lugar en 1895 cuando la Corte Suprema concluyó que si a los jurados no se les permitía crear leyes, tampoco se les debía permitir modificarlas. Los jurados, en lo adelante, tendrían que limitarse mecánicamente a deliberar sobre los hechos, no sobre la ley, y a dilucidar si el acusado la ha violado o no independientemente de sus motivos. Miles de personas, técnicamente culpables pero moralmente inocentes, en su mayoría presos políticos y de conciencia, serían condenados a largos años de encarcelamiento.
Esta nueva etapa de la institución del jurado, cualitativamente distinta, coincidía -y no por casualidad- con el comienzo de la etapa imperialista y convertía a Estados Unidos sí, en un país de leyes; pero no, en un país de justicia.
Por amor a la vida
Esporádicamente aparecen quejas en los medios acerca de la contaminación de las bahías por la descarga de aguas residuales y de albañal, pero rara vez se dice que la descarga de estas aguas se produce siempre en las zonas costeras de los barrios más humildes, de modo que son los pobres y las minorías los que sufren las peores consecuencias. La infancia de Daniel McGowan, preso político estadounidense, transcurrió en la playa de “Rockaway” de Queen, cerrada casi siempre por causa de la contaminación. Este hecho lo marcó profundamente y contribuyó a convertirlo en un defensor del medioambiente y la naturaleza.
Daniel dedicó toda su vida a causas muy nobles: conservación de los bosques, defensa de los animales contra el maltrato, apoyo a los reclamos de los pueblos indígenas, protestas contra la guerra y el reclutamiento militar, etc. y trabajó proporcionando ayuda legal gratuita a las mujeres víctimas de abuso doméstico. En 1998 se fue a vivir a Eugene, en Oregón, donde se unió a otros activistas defensores de la naturaleza y participó con ellos en acciones de propaganda que dañaron propiedades de la empresa “Jefferson Poplar Farms” pero en las que ninguna persona resultó herida.
Esta empresa realizaba investigaciones de ingeniería genética con el fin de producir híbridos con los cuales las compañías madereras reemplazarían los árboles del nordeste del estado con otros creados en el laboratorio y de mayor valor comercial. Los híbridos -declaró Daniel- “son pesadillas ecológicas que amenazan la biodiversidad nativa en el ecosistema”. “Nuestros bosques están siendo liquidados y reemplazados por monocultivos de árboles fabricados para que las corporaciones puedan ganar más dinero.”
El 7 de diciembre de 2005 Daniel fue arrestado con seis de sus compañeros y en mayo de 2007 se le aplicó el “terrorist enhancement” (agravante terrorista) que permite aumentar las sentencias. La fiscalía lo amenazó con una condena de 30 años si no se declaraba culpable y testificaba contra el resto de los “elfos” o miembros del “Environmental Liberation Front (ELF), arrestados junto con él. Eventualmente (noviembre de 2006), se avino a un “non-cooperation plea” mediante el cual se declaró culpable pero sin cooperar con el fiscal en contra de sus compañeros.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles como la asociación de abogados “National Lawyers Guild” protestaron airadamente por la etiqueta de terrorista impuesta arbitrariamente a McGowan. El 4 de junio de 2007 recibió una sentencia de siete años de prisión más otros tres de libertad supervisada y fue recluido en la “Federal Correctional Institution”, prisión de mínima seguridad situada en Sandstone, Minnesota.
Daniel dedicó toda su vida a causas muy nobles: conservación de los bosques, defensa de los animales contra el maltrato, apoyo a los reclamos de los pueblos indígenas, protestas contra la guerra y el reclutamiento militar, etc. y trabajó proporcionando ayuda legal gratuita a las mujeres víctimas de abuso doméstico. En 1998 se fue a vivir a Eugene, en Oregón, donde se unió a otros activistas defensores de la naturaleza y participó con ellos en acciones de propaganda que dañaron propiedades de la empresa “Jefferson Poplar Farms” pero en las que ninguna persona resultó herida.
Esta empresa realizaba investigaciones de ingeniería genética con el fin de producir híbridos con los cuales las compañías madereras reemplazarían los árboles del nordeste del estado con otros creados en el laboratorio y de mayor valor comercial. Los híbridos -declaró Daniel- “son pesadillas ecológicas que amenazan la biodiversidad nativa en el ecosistema”. “Nuestros bosques están siendo liquidados y reemplazados por monocultivos de árboles fabricados para que las corporaciones puedan ganar más dinero.”
El 7 de diciembre de 2005 Daniel fue arrestado con seis de sus compañeros y en mayo de 2007 se le aplicó el “terrorist enhancement” (agravante terrorista) que permite aumentar las sentencias. La fiscalía lo amenazó con una condena de 30 años si no se declaraba culpable y testificaba contra el resto de los “elfos” o miembros del “Environmental Liberation Front (ELF), arrestados junto con él. Eventualmente (noviembre de 2006), se avino a un “non-cooperation plea” mediante el cual se declaró culpable pero sin cooperar con el fiscal en contra de sus compañeros.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles como la asociación de abogados “National Lawyers Guild” protestaron airadamente por la etiqueta de terrorista impuesta arbitrariamente a McGowan. El 4 de junio de 2007 recibió una sentencia de siete años de prisión más otros tres de libertad supervisada y fue recluido en la “Federal Correctional Institution”, prisión de mínima seguridad situada en Sandstone, Minnesota.
En Sandstone, McGowan escribió artículos para publicaciones especializadas en la defensa del medioambiente, lo cual no fue del agrado de las autoridades del Buró de Prisiones aunque, paradójicamente, Daniel abogaba en sus escritos por la no utilización de métodos violentos. Sin previo aviso y sin justificación de ningún tipo, fue trasladado después de ocho meses en Sandstone, a la tenebrosa “Communication Management Unit (CMU)”, llamada “Pequeño Guantánamo”, prisión de máxima seguridad y de aislamiento extremo, inaugurada en marzo de 2008 como parte de la campaña antiterrorista y situada en Marion, Illinois. “Sospecho que mi traslado -diría Daniel posteriormente- se debió a mi falta de arrepentimiento en términos de mi identidad política”.
McGowan permaneció encerrado en el “Pequeño Guantánamo” durante dos años. En octubre de 2010 fue reintegrado a la población penal ordinaria. El régimen penitenciario de la población penal común de Marion es de máxima seguridad y los presos permanecen en sus celdas 23 horas al día pero las restricciones de comunicación con el exterior no son tan severas como las de la CMU.
En febrero de 2011, Daniel fue trasladado de nuevo a una CMU pero no a la de Marion sino a la de Terre Haute. El motivo fue que McGowan pidió a su abogado que le enviase por correo copias de lo que aparecía sobre él en la Internet: postal de una amiga que asistió a la Cumbre del G-8 en Italia, carta de un abogado que le informaba sobre la discusión de su caso en una conferencia medioambientalista, fotocopia de materiales de una revista, y el e-mail de un miembro de una organización de justicia social que le expresaba “mucho respeto hacia usted por su firmeza”. Estos materiales habían sido interceptados por la censura de la “BOPs Counter-Terrorism Unit” (Unidad de Contraterrorismo del Buró de Prisiones) pero obtenidos y publicados por el sitio web de “leaks” (filtraciones) “Public Intelligence”. Acusado absurdamente de “burlar el monitoreo utilizando el correo legal”, McGowan fue castigado con otros 22 meses de infierno en la CMU de Terre Haute.
En diciembre de 2012, casi al término de su sentencia de 7 años, McGowan fue ubicado en una “halfway house” (casa de tránsito) (3), pero el ensañamiento contra él no había terminado aún. El 1 de abril de 2013, McGowen escribió un comentario para “The Huffington Post” sobre la causa de su encarcelamiento en las CMUs. Tres días más tarde, fue llevado al “Metropolitan Detention Center” en Brooklyn y colocado en confinamiento solitario. Es decir, era castigado por ejercer su libertad de expresión en protesta por un castigo anterior motivado igualmente por ejercer su libertad de expresión.
Esta vez, sin embargo, las protestas de sus abogados y en las redes sociales fueron tan fuertes que, asustado, el Buró de Prisiones lo trasladó otra vez a la casa de tránsito. El pretexto del nuevo castigo se había basado en una antigua regulación que prohibía a los presos comunicarse con la prensa pero los abogados de McGowan demostraron que esta regulación había sido suprimida por inconstitucional en 2007. El 6 de junio de 2013, McGowan fue liberado al fin de la custodia del Buró de Prisiones y comenzó a cumplir tres años de libertad supervisada.
“Si el sistema de prisiones esperaba quebrar la voluntad de de McGowan enviándolo a las CMUs o encarcelándolo por sus comentarios en los blogs, fallaron -afirmó Matt Sledge en el Huffington Post (4)- McGowan asegura que la experiencia sufrida sólo hará que luche con más fuerza por el medioambiente y, además, le ha proporcionado una nueva causa por la cual luchar: la reforma penitenciaria”.
Asombra ver la extrema severidad que se ejerce contra los activistas de las organizaciones medioambientales en Estados Unidos. En realidad, los verdaderos criminales, los verdaderos terroristas, son los ejecutivos de las corporaciones que envenenan la tierra, las aguas y la atmósfera, que destruyen la biodiversidad de los ecosistemas, que en su prospección avariciosa de combustibles fósiles no respetan ni los parques nacionales, que provocan la extinción de especies invaluables de la flora y de la fauna. Personas como McGowan (5) dedican su vida a la protección del medioambiente, a protestar de la crueldad contra los animales, a lograr un mundo de paz y solidaridad entre los seres humanos. Su delito es el amor a la naturaleza. Están presos por amor a la vida.
NOTAS
(1) Durante la guerra de Vietnam, 171.000 jóvenes norteamericanos (¡ todo un ejército !) rechazaron el reclutamiento basándose en objeciones de conciencia. Actualmente, aunque no está en vigor el reclutamiento obligatorio, unos 100 jóvenes se declaran anualmente como objetantes de conciencia (COs) y su número va en aumento, de acuerdo a una organización nacional que les presta ayuda. (Bill Briggs: “Hell no, he won’t go? Soldier claims conscientious objector status days before deployment”, NBC News, Jul 17, 2013).
(2) Charles Goodell, “Political Prisoners in America”, Random House, N.Y. (1973).
(3) “Halfway house”: instalación cuyo objetivo es facilitar la reintegración del preso a la sociedad en forma gradual pero manteniendo un control estrecho de sus actividades.
(4) Matt Sledge: “I ‘got snatched’: Daniel McGowan’s bizarre trip through America’s prison system”, Huffington Post, Sept. 12, 2013.
(5) La historia de Daniel McGowan y del grupo de los elfos puede verse en el documental realizado en 2011 por Sam Cullman y Marshall Curry: “If a tree falls: a story of the Earth Liberation Front”, PBS documentary series.
McGowan permaneció encerrado en el “Pequeño Guantánamo” durante dos años. En octubre de 2010 fue reintegrado a la población penal ordinaria. El régimen penitenciario de la población penal común de Marion es de máxima seguridad y los presos permanecen en sus celdas 23 horas al día pero las restricciones de comunicación con el exterior no son tan severas como las de la CMU.
En febrero de 2011, Daniel fue trasladado de nuevo a una CMU pero no a la de Marion sino a la de Terre Haute. El motivo fue que McGowan pidió a su abogado que le enviase por correo copias de lo que aparecía sobre él en la Internet: postal de una amiga que asistió a la Cumbre del G-8 en Italia, carta de un abogado que le informaba sobre la discusión de su caso en una conferencia medioambientalista, fotocopia de materiales de una revista, y el e-mail de un miembro de una organización de justicia social que le expresaba “mucho respeto hacia usted por su firmeza”. Estos materiales habían sido interceptados por la censura de la “BOPs Counter-Terrorism Unit” (Unidad de Contraterrorismo del Buró de Prisiones) pero obtenidos y publicados por el sitio web de “leaks” (filtraciones) “Public Intelligence”. Acusado absurdamente de “burlar el monitoreo utilizando el correo legal”, McGowan fue castigado con otros 22 meses de infierno en la CMU de Terre Haute.
En diciembre de 2012, casi al término de su sentencia de 7 años, McGowan fue ubicado en una “halfway house” (casa de tránsito) (3), pero el ensañamiento contra él no había terminado aún. El 1 de abril de 2013, McGowen escribió un comentario para “The Huffington Post” sobre la causa de su encarcelamiento en las CMUs. Tres días más tarde, fue llevado al “Metropolitan Detention Center” en Brooklyn y colocado en confinamiento solitario. Es decir, era castigado por ejercer su libertad de expresión en protesta por un castigo anterior motivado igualmente por ejercer su libertad de expresión.
Esta vez, sin embargo, las protestas de sus abogados y en las redes sociales fueron tan fuertes que, asustado, el Buró de Prisiones lo trasladó otra vez a la casa de tránsito. El pretexto del nuevo castigo se había basado en una antigua regulación que prohibía a los presos comunicarse con la prensa pero los abogados de McGowan demostraron que esta regulación había sido suprimida por inconstitucional en 2007. El 6 de junio de 2013, McGowan fue liberado al fin de la custodia del Buró de Prisiones y comenzó a cumplir tres años de libertad supervisada.
“Si el sistema de prisiones esperaba quebrar la voluntad de de McGowan enviándolo a las CMUs o encarcelándolo por sus comentarios en los blogs, fallaron -afirmó Matt Sledge en el Huffington Post (4)- McGowan asegura que la experiencia sufrida sólo hará que luche con más fuerza por el medioambiente y, además, le ha proporcionado una nueva causa por la cual luchar: la reforma penitenciaria”.
Asombra ver la extrema severidad que se ejerce contra los activistas de las organizaciones medioambientales en Estados Unidos. En realidad, los verdaderos criminales, los verdaderos terroristas, son los ejecutivos de las corporaciones que envenenan la tierra, las aguas y la atmósfera, que destruyen la biodiversidad de los ecosistemas, que en su prospección avariciosa de combustibles fósiles no respetan ni los parques nacionales, que provocan la extinción de especies invaluables de la flora y de la fauna. Personas como McGowan (5) dedican su vida a la protección del medioambiente, a protestar de la crueldad contra los animales, a lograr un mundo de paz y solidaridad entre los seres humanos. Su delito es el amor a la naturaleza. Están presos por amor a la vida.
NOTAS
(1) Durante la guerra de Vietnam, 171.000 jóvenes norteamericanos (¡ todo un ejército !) rechazaron el reclutamiento basándose en objeciones de conciencia. Actualmente, aunque no está en vigor el reclutamiento obligatorio, unos 100 jóvenes se declaran anualmente como objetantes de conciencia (COs) y su número va en aumento, de acuerdo a una organización nacional que les presta ayuda. (Bill Briggs: “Hell no, he won’t go? Soldier claims conscientious objector status days before deployment”, NBC News, Jul 17, 2013).
(2) Charles Goodell, “Political Prisoners in America”, Random House, N.Y. (1973).
(3) “Halfway house”: instalación cuyo objetivo es facilitar la reintegración del preso a la sociedad en forma gradual pero manteniendo un control estrecho de sus actividades.
(4) Matt Sledge: “I ‘got snatched’: Daniel McGowan’s bizarre trip through America’s prison system”, Huffington Post, Sept. 12, 2013.
(5) La historia de Daniel McGowan y del grupo de los elfos puede verse en el documental realizado en 2011 por Sam Cullman y Marshall Curry: “If a tree falls: a story of the Earth Liberation Front”, PBS documentary series.
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