Por el Dr. Salvador Capote
Sentencias obligatorias que privan a los jueces de toda flexibilidad, imposición de condenas consecutivas que al sumarse resultan excesivas, y el aislamiento frecuente de los prisioneros durante largos períodos de tiempo, conforman una política de castigo muy alejada de aquella de reforma y rehabilitación a que obliga el tratado.
Estados Unidos es signatario del Acuerdo Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el cual establece, en su Artículo 10, que en el sistema penitenciario de cada país “el objetivo fundamental del tratamiento a los prisioneros debe ser su reforma y rehabilitación social”. Al menos cuatro prácticas comunes en el sistema penitenciario de Estados Unidos: condenas a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional (“life without parole”), sentencias obligatorias que privan a los jueces de toda flexibilidad, imposición de condenas consecutivas que al sumarse resultan excesivas, y el aislamiento frecuente de los prisioneros durante largos períodos de tiempo, conforman una política de castigo muy alejada de aquella de reforma y rehabilitación a que obliga el tratado.
Más del 80 % de los votantes -según encuestas realizadas por el “Pew Center on the States”- están en favor de reducir el tiempo de confinamiento para convictos no violentos y crear en su lugar un sistema de probatorias y libertad condicional más eficiente; pero, más fuertes que la opinión pública son las políticas de control social mediante el encarcelamiento masivo, y los intereses de las corporaciones que lucran con la privatización de las prisiones y servicios carcelarios y con la mano de obra barata –muy por debajo del salario mínimo- de una inmensa masa de reclusos. Mientras mayor es el número de reclusos y más largas las condenas, mayores son las ganancias para el llamado “Prison-Industrial Complex”.
El exagerado carácter punitivo de las sentencias, aún sin entrar a considerar su carga de prejuicios étnicos y raciales, viola las obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos. En 2007, el “Center for Law and Global Justice” (1) concluyó en un estudio que Estados Unidos es el único país del mundo donde un niño puede ser juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Esta sentencia la cumplen (2012) en las cárceles norteamericanas 2,594 menores.
La filosofía del castigo afecta especialmente a los prisioneros políticos, que no sólo son numerosos en Estados Unidos sino que sufren condenas de mucha mayor duración que en el resto del mundo y son sometidos a un régimen carcelario más severo que incluye con frecuencia el aislamiento total en “the hole” (el hueco) o “Solitary Housing Unit (SHU)”, la prohibición de visitas familiares, la manipulación psicológica y la tortura física.
Especialmente diseñadas para los “terroristas domésticos” -expresión creada para denigrar a los presos políticos- fueron construidas, bajo la administración de George W. Bush, dos prisiones experimentales que reciben el nombre oficial de “Communication Management Units (CMUs) en las cuales se mantiene un control estricto y sumamente limitado de las comunicaciones con el exterior. Uno de los engendros jurídicos de la “Patriot Act” (Ley Patriota), que mutila las libertades civiles estadounidenses, llamado “terrorist enhancement” (agravante terrorista) permite que a cualquier persona llevada a juicio por sus creencias o actividades políticas, aunque no haya usado armas ni cometido actos violentos, se la pueda clasificar de terrorista y encerrar en estas unidades especiales. Human Rights Watch estimó en diciembre de 2011 que de 1/3 a 1/2 de los prisioneros encerrados en las celdas de aislamiento pierden la razón.
El Comité sobre la Tortura de la Organización de Naciones Unidas concluyó en 2006 que Estados Unidos debía revisar el régimen impuesto a los reclusos en sus prisiones de máxima seguridad (“supermax prisons”). La administración Busch, por el contrario, respondió inaugurando secretamente el 11 de diciembre de ese mismo año la primera CMU en el “Federal Correctional Complex”, “Terre Haute”, de Indiana. La creación de esta prisión experimental la dio a conocer el Washington Post en su edición de 25 de febrero de 2007. Se supo que albergaba 213 reclusos de los cuales 211 eran musulmanes, principalmente árabe-americanos y afro-americanos convertidos al Islam.
La segunda CMU fue inaugurada en 2008 en Marion, Illinois, con una población igualmente de musulmanes. Hasta el más elemental sentido común indica que la inmensa mayoría de ellos no había cometido acto terrorista alguno y su encaracelamiento era debido al miedo inducido en la población con fines políticos, los prejuicios y la histeria anti-islámica desatada después del 9-11.
Como encarcelar siguiendo un perfil racial, étnico o religioso es anti-constitucional, la “American Civil liberties Union” (ACLU) expresó su preocupación al respecto, lo que obligó al gobierno a modificar la composición de la población penal de estas dos unidades trasladando a ellas algunos presos políticos no árabes, como Daniel McGowan, Jeff Luers, y Andrew Stepanian, acusado de “ecoterrorismo”; elfos (2) o miembros del “Environmental Liberation Front (ELF)” los dos primeros y del “Stop Huntingdon (3) Animal Cruelty (SHAC)” el último. A ellos nos vamos a referir en próximos comentarios.
Lynne Stewart abogada del pueblo
Condenar a diez años de prisión a una mujer enferma de cáncer y con edad cercana entonces a los 70 años, equivalía a una condena a prisión perpetua, a una ejecución extrajudicial
El próximo 8 de octubre Lynne Stewart cumplirá 74 años de edad en el “Federal Medical Center” de la prisión de Carswell, cerca de Fort Worth, Texas. Durante más de tres décadas, Lynne consagró su vida a defender como abogada a negros, indios, blancos pobres, inmigrantes indocumentados y a todos los que, culpables o no, nadie quería defender, es decir, a todos los humildes y oprimidos.
El “delito” de Lynne fue defender con demasiada profesionalidad y agudeza a su cliente, el clérigo egipcio Omar Abdel Rahman (“the blind sheikh”), ciego y enfermo, acusado en octubre de 1995 de “conspiración para la sedición” y condenado a prisión perpetua en 1996. Lynne había asumido la representación en la defensa de Rahman a instancias de Ramsey Clark, Procurador General bajo la administración de Lyndon Johnson, debido a que otros abogados habían rehusado alegando conflictos de intereses (4).
Durante el juicio, Lynne argumentó que Rahman había sido incriminado a causa de sus enseñanzas políticas y religiosas y no, como alegaba el fiscal, por conspirar en acto violento de tipo alguno contra Estados Unidos. Lynne lloró cuando el jurado anunció su decisión de culpabilidad pero comenzó a trabajar de inmediato en el arduo proceso de apelaciones.
Con la histeria desatada después del once de septiembre de 2001, la administración de George W. Bush extremó las condiciones impuestas burocráticamente a los contactos entre el abogado y su cliente, llamadas “Special Administratives Measures (SAM)”, las cuales permiten al gobierno monitorear los encuentros sin respetar los privilegios constitucionales de la relación entre el defensor y su defendido. Una de las peores consecuencias de estas medidas es que, atemorizados, son pocos los abogados que se atreven a asumir la defensa, en estas condiciones, de los casos más sensibles o controvertidos.
Los contactos entre Lynne y Rahman fueron grabados mediante cámaras escondidas y estas grabaciones sirvieron como base para incriminarla en una supuesta conspiración. Posteriormente, en una movida insólita, el Procurador General John Ashcroft compareció en el programa de televisión de David Letterman para acusar públicamente a Lynne Stewart, ante millones de televidentes, de “conspirar para proporcionar ayuda material a terroristas” sin que nadie la pudiese defender, lo cual es, cuando menos, una muy seria violación de la ética legal. Lynne fue víctima así de un linchamiento mediático que la condenaba de antemano. El 10 de febrero de 2005 Lynne fue declarada culpable. El 17 de octubre de 2006 fue sentenciada a 28 meses de prisión.
Antes de su encarcelamiento Lynne había sido operada de un cáncer de mama pero se había detectado una recidiva y era necesaria una nueva operación. Esta tuvo que ser pospuesta 18 meses, tiempo más que suficiente para que las células malignas causasen estragos en su organismo. En el hospital de la cárcel, Lynne fue encadenada a la cama por muñecas, tobillos y cintura, una práctica estándar en las cárceles norteamericanas, brutal castigo medioeval, cruel e innecesario, que viola los derechos humanos y dificulta el tratamiento médico.
Lynne apeló ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan la injusta condena de 28 meses. El territorio de este circuito comprende los estados de New York, Connecticut y Vermont. Es un circuito élite, la corte más importante después de la Corte Suprema, que tiene dentro de su jurisdicción a Wall Street y a numerosas corporaciones de enorme poder económico. Uno de los jueces (John Walker) es primo hermano del expresidente George W. Bush. No obstante, la corte no tuvo en cuenta este conflicto de intereses.
El 17 de noviembre de 2009, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones no sólo mantuvo la sentencia anterior sino que aplicó a Lynne el engendro jurídico de “terrorist enhancement” (agravante terrorista) y ordenó al juez de distrito John Koeltl que aumentase la pena. El 15 de Julio de 2010 Lynne recibió la nueva bárbara sentencia: 10 años de prisión más 2 años de probatoria, dictada por el mismo juez que antes había considerado justa la de 28 meses. Esta increible condena, que cuadruplicaba la anterior, fue impuesta a una mujer que durante más de treinta años había realizado su trabajo legal ética, honorable y valientemente. El abogado defensor de Lynne, Jill Shellow Levine no podia entender el por qué de una sentencia tan dura.
Se trataba, por supuesto, del odio visceral de una ultraderecha que deseaba dar un escarmiento a los abogados que se atrevían a defender a militantes de movimientos progresistas y, sobre todo, a dirigentes de organizaciones opuestas a la guerra y a la restricción de los derechos civiles en nombre de la seguridad nacional. Lynne Stewart es arquetipo de prisionera de conciencia.
Condenar a diez años de prisión a una mujer enferma de cáncer y con edad cercana entonces a los 70 años, equivalía a una condena a prisión perpetua, a una ejecución extrajudicial. Ralph, el esposo de Lynne, es también un abogado defensor de causas nobles. “Lynne -afirma- dedicó su vida a los oprimidos. Está presa por ofrecer a sus clientes una defensa sin miedo”.
Lynne está actualmente muy enferma. El cáncer ha producido metástasis y está en fase terminal. Le niegan el tratamiento adecuado. Le negaron también la liberación por razones humanitarias a pesar de las peticiones firmadas por decenas de miles de personas y de la intercesión de muchas personalidades importantes, políticas y religiosas, nacionales y extranjeras. La ultraderecha no sólo priva al movimiento progresista de Estados Unidos de uno de sus más valientes y consagrados defensores sino que lo hace de la forma más cruel y despiadada.
Recientemente, Lynne Stewart, después de agradecer la solidaridad con su causa y el apoyo de su familia, declaró: “Soy afortunada porque tuve una vida dichosa. […] Disfruté de buenos amigos, me gustó cocinar, me fascinaban la poesía y el teatro, pero toda esta fortuna sólo representó una cosa para mi, que tenía que luchar para lograr que todos pudiesen tener una vida como la mía. Esta convicción es la que siempre me ha sostenido.
NOTAS:
(1) Amanda T. Solter: “U.S. sentencing laws out of step with the rest of the world”, Center for Law and Global Justice, San Franisco School of Law, San Francisco University, May 21, 2012.
(2) Elfos: enanos astutos y benéficos de la mitología animista escandinava, que habitan en los bosques.
(3) Se refiere a “Huntington Life Sciences”, uno de los mayores laboratorios privados de experimentos con animales, donde más de 75,000 son sacrificados cada año.
(4) George Packer: “Left Behind”, The New York Times, Sept. 22, 2002.
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