La masacre de los niños de Quilmes (APE)

Por Claudia Rafael

(APe).- Mauro tiene once. No se sabe dar respuestas pero la memoria le resulta esquiva y se le hacen brechas oscuras y amargas. Seguramente le cuesta decir papá a esa imagen de la pancarta. Tan estática. Los papás de sus compañeros son hombres. Las pocas fotos del suyo, en cambio, se lo devuelven casi niño. Apenas 17 años. En tan solo seis, ya lo igualará en edad. En un poco más, incluso, será más grande que él. No lo sabe todavía. Pero es igual que los hijos de los desaparecidos que, en su mayoría, son más altos, más robustos y con más edad que quienes los parieron.

La historia de Mauro viró definitivamente en los días de octubre de hace nueve años. Tenía solamente dos y apenas andaba gateándole a la vida. Con esa prepotencia tímida y tenue de los que están aprendiendo a caminar. Ese chico de apenas 17 que alguna vez se llamó Miguel Aranda y que murió en una masacre policial de 2004 supo que iba a ser su papá a los 14.

Las crónicas de un país acostumbrado a marcar territorios y a devorar historias le asestaron las lágrimas cuando aún no sabía bien porqué. En ese tiempo en que se berrea porque se cayó un pájaro de papel de las manos o porque una luciérnaga apaga su luz en la intensidad de la noche, los hados le tenían preparado un sendero de gritos, lágrimas y ausencia.

Aquel octubre de 2004 17 chicos estaban divididos entre dos calabozos de la Comisaría 1º de Quilmes. Diez en el calabozo 2; siete, en el 1.

Cuentan los expedientes oscuros y burocráticos que uno de los adolescentes rompió un candado porque reclamaba vanamente ir al baño. Sobrevino entonces la requisa violenta. Desnudos. Contra la pared. Gritos. Golpes. Baldazos de agua. Puñetazos. Palos en el cuerpo. Al piso colchones, alimentos, recuerdos. Diminutos tesoros de historia hechos trizas. Espanto y más violencia. Eran las siete de la tarde y la requisa se fue con una promesa: en tres horas volverían a visitarlos. El tiempo asumiría la forma monstruosa del miedo. Había que evitar el terror uniformado. Sabían bien los diecisiete chicos divididos en dos calabozos que las promesas policiales se cumplen con creces. Uno, dos, varios… quién sabe, prendieron la llama. Colchones en la entrada. Fuego creciente y la policía irrumpió, abrió puertas y vació celdas. Cuando convocaron a bomberos, ya las llamas habían cumplido su cometido.

Los expedientes cobijan relatos de pavor. “Los policías los empujaban encima de los quemados para que cayeran arriba”; un policía apodado Spray, “se subió sobre su espalda y le caminaba encima (...) caminaron sobre dos o tres de los pibes que estaban quemados (...) los pibes les gritaban que los llevaran al hospital”; “a todos los que estaban quemados les pegaban con las gomas y les preguntaban quién había prendido el fuego”; “le pidieron al policía si se podían mojar, que en el piso había agua. Entonces se arrodillaban y se mojaban el pecho contra el piso”; a algunos les “caía la piel a pedazos” a golpes de palo.

De los diecisiete chicos, cuatro murieron:

- Diego Maldonado tenía 16 años. Hacía 25 días que estaba en el calabozo mientras esperaba una vacante en una clínica de rehabilitación de adicciones.

- Elías Jiménez, también de 16, “iba a recuperar su libertad al día siguiente. Se demoró su salida dado que surgió por error una causa de un mayor, por robo, que imputaba a un homónimo. Esta causa era del año 1998. En esa fecha Elías tenía 9 años. La confusión de identidad llevó a demorar la salida de Elías por una noche” (Comisión Provincial por la Memoria).

- Miguel Aranda, 17 años. Papá de Mauro.

- Manuel Figueroa, de 17 años. Igual que Diego esperaba desde hacía 27 días que lo llevaran a una comunidad terapéutica.

Fue hace nueve años y diez son los imputados sin condena: comisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovich, inspector Fernando Pedreira, Juan Guzmán, Hugo Daniel D´Elia, Franco Gongora, y Gustavo Altamirano. También están acusados los policías Gustavo Ávila, Jorge Gomez y Fernanda Elizabeth Grosso.

Año tras año se sigue demorando la instancia de juicio oral que, ahora -creen algunos- podría concretarse en 2014.

Algunos policías fueron suspendidos un tiempo; otros, como el inspector Fernando Pedreira, exonerado. Nada le impidió, en mayo de 2009, ser incorporado a la Policía Metropolitana de Macri.

Tres años antes, en el país intenso de la desmemoria, el ministerio de Seguridad de la provincia ascendió a Soria al cargo de Inspector de la Departamental de Investigaciones de San Miguel que luego, la presión de familiares y de la Comisión por la Memoria pudo frenar.

Hace ya nueve años, cuando los cuerpos aún se desgajaban en cenizas, APe, en una nota de Alberto Morlachetti, escribía: “Si cada niño que nace -diría Martí- es una razón para vivir, ¿no será necesario entonces que llamemos con todas nuestras lágrimas para entretejer otro tiempo?”