A través de un comunicado, CADEP informó sobre el nuevo procesamiento del compañero Roberto Martino y de los compañeros que habían sido acusados de "prepotencia ideológica" y de violar la ley antidiscriminación en el marco de la manifestación de repudio a las políticas criminales del Estado de Israel que se realizara el pasado 17 de mayo de 2009.
A partir de una apelación de la DAIA, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó sin efecto los sobreseimientos que los beneficiaban, constituyendo esto una avanzada más en la política represiva y de judicialización de la protesta, a través de la criminalización explícita de expresiones políticas.
El organismo destacó que "el delito de “prepotencia ideológica” (art. 213 bis del Código Penal) castiga el hecho de querer “imponer ideas por la fuerza o el temor”; es un delito creado a la medida de la protesta social y las luchas, ya que son los jueces quienes estableces qué sería “imponer ideas por la fuerza o el temor”. Además, en el marco de las acciones políticas, siempre el objetivo es discutir, exigir e “imponer” ideas, lo cual en el marco de la “legalidad” y de la Constitución, nunca puede ser considerado ilegal sino se cometen delitos concretos" y recordó que "históricamente la “prepotencia ideológica” fue utilizada para intentar criminalizar, judicializar e ilegalizar numerosos procesos de lucha. Sin embargo, ante la evidencia de que se trata de una figura inconstitucional y que criminaliza las ideas, desde 1983 hasta la fecha siempre que hubo procesamientos por este delito, las instancias superiores las dejaron sin efecto".
Asimismo, afirmó que este procesamiento resulta "un avance claro en la tónica represiva" por cuanto "expresarse, manifestarse en contra de las políticas genocidas de un Estado, plantear públicamente posiciones políticas, ahora es considerado un delito grave por el máximo tribunal penal del país; y además si es contra el Estado de Israel se lo considera una expresión antisemita"
Convocaron a "denunciar esta situación, organizarnos y coordinar la solidaridad y las acciones contra esta nueva avanzada en la política represiva de un Estado, que no consideró “prepotencia ideológica” a las acciones de la burocracia de la Unión Ferroviaria que quiso imponer “sus ideas” a los tiros asesinando a Mariano Ferreyra e hiriendo a varios compañeros, ni al ataque de la patota de la UOCRA, cuyo jefe Gerardo Martinez fue denunciado por ser personal civil de inteligencia del Batallón 601 durante la dictadura, contra los docentes santacruceños, pero sí considera que incurren en este delito compañeros que cuestionan la política genocida del Estado de Israel".
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