La culpa (APE)
Por Claudia Rafael
(APe).- Apenas cinco o seis paquetes de yerba, unos ocho atados de cigarrillos o unos cuantos paquetes de fideos. Ese es el valor de una diminuta vida para la Justicia. Eso es lo que decidieron que se deberá pagar por cada uno de los escasos 1825 días que vivió Matías, un nene de apenas cinco años que murió el 11 de enero de 2001 aplastado por un tubo de oxígeno de 100 kilos en el Hospital de Ramos Mejía. Así votaron los camaristas Mabel De los Santos, Elisa Díaz de Vivar y Fernando Posse Saguier cuando determinaron que no correspondía pagar la indemnización de 450.000 pesos que había ordenado el tribunal de primera instancia. La madre -dijeron los camaristas- fue co-responsable de la muerte de su niño. Hay que pagar -insistieron- pero sólo 80.000 pesos. Como también podrían haber dicho 100.000, 178.000 ó apenas 50 pesos. En una suerte de esgrima matemática calcularon que la madre deberá recibir 43 pesos por cada día de los cinco años, que fue el techo máximo para una vida en la que Matías Gustavo Carrasco Naval no alcanzó a ir a primer grado, ni a jugar un picadito y menos aún a dar su primer beso de amor. Cinco años en dónde jugar con un dálmata de plástico fue la última gran hazaña que la decadencia estatal le permitió.
La historia había empezado unos meses antes. Cuando su papá, Gustavo Carrasco fue detenido junto a un amigo, acusados del asalto a un negocio. Como el 80 por ciento de los presos de la provincia, como la gran mayoría de los presos del país, estuvieron largo tiempo procesados y sin condena.
El mismo Estado de estructuras deficitarias de décadas y falta de inversiones en salud que provocó la muerte de un chico, es el que abonó que su papá se contagiara de VIH en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza.
Primeros interrogantes: ¿dónde estaba el largo brazo previsor y contenedor del Estado cuando los Carrasco se las arreglaban para dormir entre seis -dos adultos y cuatro niños- en un humilde departamentito del barrio Chacabuco? ¿dónde, cuando Gustavo se contagiaba de VIH en una de las estructuras más seguras y férreas del sistema? ¿hacia dónde tenía dirigidos sus ojos?
Ya se sabe bien. Los sub-registros de muertes por VIH Sida en las cárcel es, según el Comité contra la Tortura, de un 19 por ciento. Pero en modo total, representan -siempre con sub-registros porque los certificados hablan simplemente de paro cardiorrespiratorio- el 35 por ciento de las muertes ¿naturales?
Gustavo Carrasco, entonces, ¿por qué debía tener el privilegio del no contagio? ¿cuál era la estrella que le marcaba la fortuna de vivir desde siempre que lo habría privado de ese destino?
“El sistema sanitario gestiona cuerpos de forma tal que la violencia ejercida es invisibilizada o considerada como natural. Al no haber un sistema de examen diagnóstico del estado de salud general de los detenidos ni un seguimiento de los casos, el detenido llega al médico cuando la gravedad desborda o cuando el problema se cronificó. La mayoría de las unidades penitenciarias cuentan con médicos de guardia con una carga horaria de 25 horas, desempeñada una vez por semana. En su mayoría, no recorren pabellones ni el sector de separación (buzones) para relevar demandas o detectar patologías de modo directo y sin la mediación del personal de seguridad. El sistema de atención de la salud está inserto en la lógica de violencia carcelaria, y la seguridad y disciplinamiento prevalecen sobre el derecho a la salud”, dice el informe 2009 del Comité contra la Tortura.
En ese universo es que -durante su detención preventiva- Gustavo contrajo el virus. Después, lo habitual.Hasta el traslado a un hospital cuando ya el cuerpo fue ganado por la vulnerabilidad.
Aquel día de enero de 2001 Karina Naval fue al hospital con Matías, como tantas otras veces había ido con los otros tres hijos. “Los chicos extrañaban a su papá y era mucho más fácil que lo vieran en el hospital que en la Unidad (de Ezeiza)”, recordó Karina.
“Las enfermeras y el oficial que cuidaba a mi marido no daban abasto y me pidieron que lo limpiara, lo llevara al baño y esas cosas higiénicas”, dijo la mujer. Gustavo estaba grave y “no se podía ni levantar de la cama, lo habían dopado con un tranquilizante muy fuerte, y nadie fue capaz de avisarme para que no llevara a Matías”.
El nene jugaba con su dálmata y seguramente viajaban juntos a lugares mágicos, a esos sitios en que los adultos no entran cuando hace tiempo que olvidaron los embrujos de la infancia.
“La mirada la tenía sobre Matías, hasta que Gustavo me pidió que le pasara la chata, me agaché para buscarla y escuché un ruido terrible”, diría Karina poco después.
Fueron apenas unos instantes. Los 100 kilos de un tubo de oxígeno, sin amurar a la pared, habían caído sobre su niño. Los médicos hablarían luego con palabras extrañas para ella: traumatismo encéfalo-craneano, pérdida de conocimiento y hundimiento temporo-parietal. Cómo pensar en todo ese léxico indescifrable para la ternura cuando él lo único que hacía era jugar con su dálmata.
Gustavo Carrasco murió de tuberculosis en 2006. Dos años más tarde, el juzgado civil 105 sentenció: “Los tubos de oxígeno en ese momento se ubicaban (...), junto a la pared sin ninguna medida de seguridad” y “según normativas vigentes, todos los centros asistenciales deben contar con medidas de seguridad, como ser cadenas u otros elementos amurados a las paredes, debiendo éstos rodear los tubos”. Ordenó pagar 450.000 pesos en esa extraña alquimia llamada legalmente valor-vida.
El 5 de abril de 2010 la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones dijo en cambio que “la vigilancia de la madre en la forma en que la ejercía, saliendo periódicamente a ver a un niño que por su corta edad seguramente era inquieto, fue insuficiente” y redujeron el valor-vida a 80.000.
Por aquellos días de enero de 2001, el director del Hospital, Carlos Oviedo, había dicho: “No damos abasto para las instalaciones que tenemos. Solamente trabajan cuatro personas de seguridad en cada turno de ocho horas y hemos hecho un pedido, hace más de cuatro meses, para disponer de más gente”. Y un médico planteaba que “los médicos y las enfermeras estamos para otra cosa. Estamos para cuidar la salud, no la seguridad. Y en realidad, ya no tendría que haber tubos. El oxígeno debería llegar por una cañería. Hace mucho que lo pedimos, pero…”
Es una larga cadena de desidias. Un listado macabro de abandonos. Una serie de engranajes que se combinaron en el modo más aceitado y perfecto para derivar en la no vida. Y para que, una vez que no hay retorno alguno, se pongan en marcha nuevos dispositivos para que el que salga eternamente indemne sea ese Estado abandónico y perverso. Y se haga lo imposible para que las propias víctimas terminen cargando sobre sus espaldas con la culpa de su muerte.
Fuentes de datos:
Diarios Página/12, Clarín y La Nación
La historia había empezado unos meses antes. Cuando su papá, Gustavo Carrasco fue detenido junto a un amigo, acusados del asalto a un negocio. Como el 80 por ciento de los presos de la provincia, como la gran mayoría de los presos del país, estuvieron largo tiempo procesados y sin condena.
El mismo Estado de estructuras deficitarias de décadas y falta de inversiones en salud que provocó la muerte de un chico, es el que abonó que su papá se contagiara de VIH en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza.
Primeros interrogantes: ¿dónde estaba el largo brazo previsor y contenedor del Estado cuando los Carrasco se las arreglaban para dormir entre seis -dos adultos y cuatro niños- en un humilde departamentito del barrio Chacabuco? ¿dónde, cuando Gustavo se contagiaba de VIH en una de las estructuras más seguras y férreas del sistema? ¿hacia dónde tenía dirigidos sus ojos?
Ya se sabe bien. Los sub-registros de muertes por VIH Sida en las cárcel es, según el Comité contra la Tortura, de un 19 por ciento. Pero en modo total, representan -siempre con sub-registros porque los certificados hablan simplemente de paro cardiorrespiratorio- el 35 por ciento de las muertes ¿naturales?
Gustavo Carrasco, entonces, ¿por qué debía tener el privilegio del no contagio? ¿cuál era la estrella que le marcaba la fortuna de vivir desde siempre que lo habría privado de ese destino?
“El sistema sanitario gestiona cuerpos de forma tal que la violencia ejercida es invisibilizada o considerada como natural. Al no haber un sistema de examen diagnóstico del estado de salud general de los detenidos ni un seguimiento de los casos, el detenido llega al médico cuando la gravedad desborda o cuando el problema se cronificó. La mayoría de las unidades penitenciarias cuentan con médicos de guardia con una carga horaria de 25 horas, desempeñada una vez por semana. En su mayoría, no recorren pabellones ni el sector de separación (buzones) para relevar demandas o detectar patologías de modo directo y sin la mediación del personal de seguridad. El sistema de atención de la salud está inserto en la lógica de violencia carcelaria, y la seguridad y disciplinamiento prevalecen sobre el derecho a la salud”, dice el informe 2009 del Comité contra la Tortura.
En ese universo es que -durante su detención preventiva- Gustavo contrajo el virus. Después, lo habitual.Hasta el traslado a un hospital cuando ya el cuerpo fue ganado por la vulnerabilidad.
Aquel día de enero de 2001 Karina Naval fue al hospital con Matías, como tantas otras veces había ido con los otros tres hijos. “Los chicos extrañaban a su papá y era mucho más fácil que lo vieran en el hospital que en la Unidad (de Ezeiza)”, recordó Karina.
“Las enfermeras y el oficial que cuidaba a mi marido no daban abasto y me pidieron que lo limpiara, lo llevara al baño y esas cosas higiénicas”, dijo la mujer. Gustavo estaba grave y “no se podía ni levantar de la cama, lo habían dopado con un tranquilizante muy fuerte, y nadie fue capaz de avisarme para que no llevara a Matías”.
El nene jugaba con su dálmata y seguramente viajaban juntos a lugares mágicos, a esos sitios en que los adultos no entran cuando hace tiempo que olvidaron los embrujos de la infancia.
“La mirada la tenía sobre Matías, hasta que Gustavo me pidió que le pasara la chata, me agaché para buscarla y escuché un ruido terrible”, diría Karina poco después.
Fueron apenas unos instantes. Los 100 kilos de un tubo de oxígeno, sin amurar a la pared, habían caído sobre su niño. Los médicos hablarían luego con palabras extrañas para ella: traumatismo encéfalo-craneano, pérdida de conocimiento y hundimiento temporo-parietal. Cómo pensar en todo ese léxico indescifrable para la ternura cuando él lo único que hacía era jugar con su dálmata.
Gustavo Carrasco murió de tuberculosis en 2006. Dos años más tarde, el juzgado civil 105 sentenció: “Los tubos de oxígeno en ese momento se ubicaban (...), junto a la pared sin ninguna medida de seguridad” y “según normativas vigentes, todos los centros asistenciales deben contar con medidas de seguridad, como ser cadenas u otros elementos amurados a las paredes, debiendo éstos rodear los tubos”. Ordenó pagar 450.000 pesos en esa extraña alquimia llamada legalmente valor-vida.
El 5 de abril de 2010 la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones dijo en cambio que “la vigilancia de la madre en la forma en que la ejercía, saliendo periódicamente a ver a un niño que por su corta edad seguramente era inquieto, fue insuficiente” y redujeron el valor-vida a 80.000.
Por aquellos días de enero de 2001, el director del Hospital, Carlos Oviedo, había dicho: “No damos abasto para las instalaciones que tenemos. Solamente trabajan cuatro personas de seguridad en cada turno de ocho horas y hemos hecho un pedido, hace más de cuatro meses, para disponer de más gente”. Y un médico planteaba que “los médicos y las enfermeras estamos para otra cosa. Estamos para cuidar la salud, no la seguridad. Y en realidad, ya no tendría que haber tubos. El oxígeno debería llegar por una cañería. Hace mucho que lo pedimos, pero…”
Es una larga cadena de desidias. Un listado macabro de abandonos. Una serie de engranajes que se combinaron en el modo más aceitado y perfecto para derivar en la no vida. Y para que, una vez que no hay retorno alguno, se pongan en marcha nuevos dispositivos para que el que salga eternamente indemne sea ese Estado abandónico y perverso. Y se haga lo imposible para que las propias víctimas terminen cargando sobre sus espaldas con la culpa de su muerte.
Fuentes de datos:
Diarios Página/12, Clarín y La Nación
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