El Mocase - VC denunció nuevamente el accionar de bandas armadas en Ahiveremos,del Dpto. Pellegrini; El Hoyo, del Dpto. Moreno - Figueroa y en la Comunidad Indígena de Tres Leones de la Provincia de Santiago del Estero, las cuales amenazan de muerte y a mano armada a sus pobladores.
Según informaron mediante un comunicado de prensa, en Ahiveremos, están desde noviembre, donde existen tres campamentos y una casa que están dentro del territorio sobre los cuales un vecino tendría el dominio pero fue desalojado por una orden judicial emitida por el Juzgado de Tercera Nominación en lo Civil, a cargo del Juez Argibay Berdaguer. Afirmaron que dicho lote "fue vendido por un señor de apellido Falco, que sería padre de la jueza penal de Quinta Nominación" y destacaron que la situación jurídica no es clara. No obstante, permanecen las bandas armadas que fueron contratadas por la Empresa Algarrobal Viejo, con la cual se mantiene el conflicto.
Afirmaron que el pasado martes estuvo a punto de producirse un enfrentamiento, el cual motivó mucha tensión y tuvo que intervenir el Comité de Emergencia, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Provincia, a la que la banda no le permitió el acceso para recibirlos con palos y machetes.
Con motivo de la frustrada intervención, se presentó la documentación ante el Juzgado de Tercera Nominación en lo Penal, a cargo del Juez Darío Alarcón, para dar testimonio del alto grado de violencia imperante. Sin embargo, no se resolvió sobre la medida cautelar presentada y destacaron que la banda está a cargo de Líctor Padilla, un ex - policía del Mojón, Pellegrini.
Respecto a la situación imperante en El Hoyo, que se encuentra entre los Departamentos de Moreno y Figueroa, afirmaron que la banda armada comenzó sus actividades en mayo del año pasado, hiriendo de bala a un campesino. Solamente, a partir de diciembre de 2011, pudo detenerse a cuatro de sus integrantes tras la intervención del mencionado Comité y con una orden de detención del mismo magistrado que interviene en la causa de los incidentes en Ahiveremos.
Se secuestraron armas, pero luego de unos días se ordenó la libertad de los detenidos sin haberse investigado a esta banda que responde a Palavecino, sicario del empresario cordobés López Villagra y quien contrata a los matones.
El pasado viernes 13 volvieron a instalarse, según afirmaron y volvió la intranquilidad, habida cuenta que hasta los niños eran encañonados por el sicario, según afirmaron.
En la Comunidad Indígena Tres Leones, del Dpto. Moreno, existe un viejo conflicto con varios supuestos dueños, quienes intentan desalojar a las familias con bandas armadas. No obstante, se ha realizado una resistencia pacífica, sin permitir que se instalen dentro del territorio, según indicaron.
Sin embargo, volvieron para afincarse en dos lugares diferentes dentro del territorio; por un lado, la Empresa Vassen S. A. y por otro, un pseudo “empresario” de apellido Porta, quien supuestamente proviene de Córdoba).
Cabe destacar que esta comunidad ha sufrido el atropello descomunal de la policía local. En varias oportunidades, resaltaron, con órdenes truchas de desalojos, como también por parte de Gendarmería Nacional, "donde los compañeros han sufrido hasta golpizas", según afirmaron.
Al igual que hace muchos años atrás, Gugui del Castillo, un matón a sueldo, continúa merodeando la zona e intenta "vulnerar a la comunidad", afirmaron, aunque hasta hoy y al igual que en otros intentos, no lo lograron.
Denunciaron que "el ataque constante de estos sicarios, a las comunidades campesinas - indígenas, ya es vergonzoso", al igual que "la falta de decisión de los jueces para resolver estas situaciones". Asimismo, destacaron que "cuando se dialoga con ellos, da la sensación de que ' ya ' van a resolver la cuestión, pero terminan haciendo todo lo contrario". Según afirmaron, solamente se preocupan por seguir dilatando estas situaciones en el tiempo "y pareciera que ellos ' no ' son los que tienen que definir". Ello provoca que nadie reconozca errores, cuando se producen las muertes de campesinas y campesinos.
Enfatizaron que están "hartos de denunciar, de anticipar, de presentar pruebas, de seguir creyendo en este nefasto sistema que solo colaboran para la inestabilidad y exclusión del sector campesino". Sin embargo, sostuvieron que no renunciarán a la lucha y están dispuestos a defender sus derechos frente al modelo del agronegocio, con plena conciencia de la existencia de otras formas que contemplen su cultura, su identidad y su tierra, como fuente de vida.
Finalizaron, responsabilizando al Poder Judicial de la Provincia en caso de otra muerte, al igual que al resto de los poderes por no implementar políticas públicas concretas y exigieron al Gobierno provincial que investigue y desarticule a las bandas armadas.
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