CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 552.

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 552.


Sumario:


1. No tienen otra respuesta: la represión avanza.

2. Aprietes a periodistas en Santa Cruz.

3. Detenciones de menores: sigue la saga judicial platense.

4. Sigan torturando, pero cuéntenlos.

5. Caso Mareco: Termina el juicio al gatillo fácil por un celular.


NO TIENEN OTRA RESPUESTA: LA REPRESION AVANZA

Esta semana el Jefe de  Gobierno porteño, Mauricio Macri, hizo declaraciones públicas anunciando la elevación a la legislatura de distintos  proyectos de su autoría. Una de ellas apunta a producir  modificaciones al ya más que represivo código contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el texto original fue redactado por baluartes del “progresismo” ilustrado, como el actual juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, y fue luego aprobado por los legisladores del Ibarrismo, Telermanismo, radicales, socialistas y los partidos que hoy integran hoy el PRO, mostrando que, cuando se trata de reprimir, no hay fisuras sinoapenas matices entre ellos.

Indudablemente la única variante del PRO es la de profundizar aún más la política represiva, en una ciudad con altísimo desempleo, 3.500 pibes sin posibilidad de acceder al preescolar y donde los hospitales no tienen insumos ni para suturar una herida. Aplicando la receta kirchnerista, esa que busca aplicar toda la represión necesaria, con todo el consenso posible, el gobierno de la ciudad utiliza como aliados a los multimedios que garantizan encuestas virtuales que favorecen sus iniciativas.  

Las modificaciones que  pretende aprobar el macrismo incorporan figuras como el “merodeo”, a pedido de sus sabuesos de la Metropolitana, legalizando más detenciones arbitrarias en la ciudad, que se sumarán a las que se producen por averiguación de antecedentes y las faltas que ya existen en el código contravencional.

El proyecto también avanza en la criminalización de la protesta social, agravando las conductas típicas del artículo 78 del código contravencional, no  ya  con el objetivo de erradicar o disciplinar las protestas  callejeras –limitando el derecho a manifestarse o de libre expresión- sino para tener la potestad de perseguir a militantes de las organizaciones sociales y políticas no afines a su gobierno cubran su rostro en movilizaciones para evitar su identificación.

En el ámbito de la represión de tipo “preventivo”, Macri quiere “orden y progreso” en su jurisdicción, sin dejar de garantizar a sus perros guardianes la jugosa caja que recaudan con el “peaje” a quienes mal sobreviven trabajando en la vía pública, como los cuidacoches o “trapitos”.

También insistirá el PRO, ante el parlamento de la ciudad, para que se apruebe el uso de las pistolas Taser, las picanas portátiles adquiridas por el GCBA, para brindar así más herramientas legales a la Metropolitana  que le permitan legalizar la tortura en sus dependencias.

En definitiva, cuando los números no cierran, cuando la situación social se agrava y crece la protesta, la receta de los administradores del estado es siempre la misma: Profundizar y ampliar sus herramientas represivas.

APRIETES A PERIODISTAS EN SANTA CRUZ

En esta semana nuevamente se evidenciaron las tácticas empleadas por la burguesía para consolidar su poder. En Santa Cruz, provincia kirchnerista por excelencia, dos periodistas sufrieron aprietes respecto al trabajo que desarrollaban. Al parecer, estos dos periodistas, Nelson Aguilar y Adela Gómez, investigaban los negociados de los secuaces de la familia Kirchner.

A Nelson le apedrearon su casa, mientras que a Adela le prendieron fuego el coche en la puerta de su domicilio. El día anterior, Aguilar había cubierto en Caleta Olivia un acto del gobernador de Chubut Mario Das Neves, quien se molestó ante una consulta por las mineras. Gómez tiene un amplio historial de cobertura en actos contrarios al gobierno.

Siempre que la burguesía se siente amenazada, reacciona de la misma forma, el miedo y la amenaza. En algunos casos logra su cometido. Adela piensa cambiar de carrera a pedido de sus hijos. Sin importar las diferentes políticas, los mecanismos se repiten.

DETENCIONES DE MENORES: SIGUE LA SAGA JUDICIAL PLATENSE

En un nuevo esfuerzo por legitimar la facultad de los miembros de la policía a fin que puedan practicar detenciones de chicos en la vía pública por averiguación de identidad o contravenciones, la Sala I de la Cámara Penal de La Plata avaló por segunda vez los arrestos de menores de 18 años sin orden judicial.

Ya en octubre de 2009, esa Sala garantizó la posibilidad de llevar a cabo detenciones de niños y jóvenes sin aviso a las familias ni intervención judicial. La medida se dictó en el marco del recurso de habeas corpus colectivo que interpuso, en 2008, el defensor oficial platense, Julián Axat, cuando “descubrió” que, además de detenciones por averiguación de antecedentes y contravenciones, los chicos de menos de 18 años son habitualmente detenidos con el llamado “procedimiento de entrega del menor”, todavía más ilegal que los anteriores.

Apelada por el defensor esa decisión ante la Corte Provincial, citando entre sus antecedentes el caso Bulacio y abundante legislación como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ese tribunal ordenó a la Sala I de la Cámara platense que vuelva a tratar la cuestión de fondo.

En respuesta a ello, el jueves 18 de marzo, los camaristas platenses de la Sala I, Raúl Dalto, Pedro Luis Soria y María Elia Riusech, nuevamente confirmaron la constitucionalidad de los arrestos sin delito, ante lo cual el defensor Axat presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia.


Los camaristas resolvieron sin discutir la cuestión de fondo y basados en meros aspectos formales. El defensor Axat, en su nueva presentación, puso de manifiesto el vínculo ideológico de los magistrados platenses con los proyectos de reforma del código contravencional impulsados por el ministerio de Seguridad ante la legislatura.

Un capítulo más que muestra que, más allá de la aparente contradicción de un funcionario escandalizado por las detenciones arbitrarias de pibes a los que no se imputa delito alguno, la voluntad inconmovible de todos los poderes del estado es defender las facultades discrecionales de la policía, que garantizan el ejercicio del control social y son la puerta de entrada a la tortura y muerte en comisarías.

SIGAN TORTURANDO, PERO CUÉNTENLOS

Todos los años, el departamento de estado yanqui publica un informe sobre la situación de derechos humanos en el mundo. Son informes que vale la pena leer, sobre todo porque son un ejemplo brillante de cómo el gobierno del estado más guerrerista, represor y violador de los DDHH del mundo, se lava la cara opinando sobre lo que hacen los demás estados, a los que acusa, por supuesto, de guerreristas, represores y violadores de los DDHH.

Entre eufemismos y perífrasis, el capítulo dedicado a Argentina dice que, en el curso del año 2009, hubo, en nuestro país, “reportes de asesinatos y de uso excesivo de la fuerza por la policía y fuerzas de seguridad; que policías y guardiacárceles han sido acusados por torturar sospechosos y presos; que las condiciones de alojamiento en las cárceles son inhumanas; que son frecuentes las detenciones policiales arbitrarias; que se usa indiscriminadamente la prisión preventiva de personas sin condena, que el aparato judicial no es independiente ni castiga estos hechos”, etc. etc.. Y se apoya, entre otras fuentes, en el Archivo de Casos de CORREPI...

En una palabra, el país que más personas ejecuta oficialmente con la pena de muerte; el país que llama “métodos mejorados de interrogatorio” a la tortura y “rendición extraordinaria” al secuestro internacional y la desaparición forzada en sus cárceles secretas; en fin, el país que en nombre de los “intereses norteamericanos” invade y ocupa militarmente Irak, Afganistán o Haití, denuncia que las fuerzas de seguridad argentinas secuestran, matan y torturan, y que los jueces garantizan la impunidad de los represores.

Que lo diga EEUU, y que a muchos les preocupe que lo diga EEUU, es patético. Pero no por eso deja de ser cierto que, en Argentina, una persona es asesinada por día con el gatillo fácil o la tortura estatal.

Lo interesante del caso es cómo estos informes, igual que las Recomendaciones que dictan la ONU, la Comisión Interamericana de DDHH o los Comités Internacionales contra la tortura, promueven acciones igualmente patéticas en los demás países, que compiten por mostrar lo derechos y humanos que son.

Esta semana, por ejemplo, se anunció con bombos, platillos, y mucho discurso derechohumanista, la creación de un Registro Nacional de Casos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Dos organismos oficiales, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, y un Grupo de Estudios de la Universidad de Buenos Aires, presentaron públicamente esta iniciativa, para “que se sepa cuánto se tortura, y para que el Estado le ponga fin a la tortura al publicitar los actos”, como dijo el fiscal de Bahía Blanca Cañón, uno de los integrantes del proyecto. Otra voz que se escuchó en el acto de presentación del proyecto fue la de la decana de la facultad de derecho, la Dra. Mónica Pinto, especialista en derecho humanitario internacional. Tanto, que fue la abogada que representó los intereses del estado argentino en las primeras etapas de la causa Bulacio ante la CIDH.

Según los datos que ya tienen estos organismos oficiales, más de 100 personas murieron en 2009, sólo en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Y, a pesar de las dificultades y represalias que enfrentan los presos que acusan a sus carceleros, más del 60% de las personas alojadas en cárceles federales ha denunciado torturas en el último año.

A partir de ahora, este grupo de caracterizados “defensores de los DDHH” oficiales, van a llevar una prolija cuenta de la cantidad de cuerpos atormentados. El estado argentino seguirá torturando, pero contará cuántos gritos escuchan sus funcionarios y cuántos cuerpos destrozados salen de las cárceles y comisarías. Todo bien, pero bien contabilizado.

Así actúan los estados modernos, las democracias, los reinos del estado de derecho, esos especialistas en combinar el palo y la zanahoria. Su lema es toda la represión necesaria, con todo el consenso posible. Si un policía fusila a un pibe, que parezca un accidente. Y si otro tortura, que no se note, o que parezca que hacen algo. Mientras siguen matando y torturando para asegurarse que la disciplina no se rompa, y no se lo ocurra a ninguno de esos morochitos organizarse para vivir en una sociedad diferente.

CASO MARECO: TERMINA EL JUICIO AL GATILLO FÁCIL POR UN CELULAR

El pasado martes 30 de marzo, cerca de las 10 de la mañana, en el Tribunal Criminal nº 2 de San Martín, los jueces Gustavo Garibaldi, María del Carmen Castro y Aníbal Rubén Bellagio, comenzaron a escuchar a los testigos ofrecidos por la fiscalía y la particular damnificada en el juicio contra el teniente de la departamental San Isidro, Alberto Gastón Carrizo, que la madrugada del 16 de abril de 2008 mató, de un tiro en la frente, al adolescente Gustavo Mareco (16), a escasos 30 metros de su casilla en una villa de Adolfo Sourdeaux.

Al día siguiente declararon los cinco testigos ofrecidos por la defensa.

Con el escenario reconstruido por todos los testigos, el policía Carrizo se vio fuertemente comprometido. La defensa, que anunció que va a plantear que el teniente actuó en legítima defensa, no ha podido probar que Gustavo tuviera otra cosa en sus manos que un celular.

En los alegatos, los abogados de CORREPI acusarán al policía por la figura de homicidio agravado por haber sido cometido por un miembro de las fuerzas de seguridad del estado (art. 80 inc. 9º del código penal), por lo que pedirán que se lo condene a prisión perpetua. La fiscalía, a estas horas, no ha resuelto si acompañará esa acusación, o se limitará al homicidio simple. El teniente Carrizo, inicialmente detenido y con prisión preventiva, fue beneficiado, como suele suceder con los policías, sin importar la gravedad del delito imputado, con una prisión domiciliaria, monitoreado con pulsera electrónica.

Durante la jornada de alegatos del lunes 5, como durante todo el debate, militantes de CORREPI, en su mayoría familiares de víctimas de otros casos de gatillo fácil y torturas, estarán en las puertas del edificio de la Av. Balbín 1753 de San Martín, con sus banderas y pancartas, entregando volantes y folletos a los transeúntes, sobre el caso Mareco y la represión policial en general. Reclamando, vigilados por una buena cantidad de policías, justicia para Gustavo Mareco.


Los sábados a las 18:00, escuche la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso.

Entrada libre y gratuita.

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