Tucumán: Sin respuestas por parte del gobierno, avanza un tercer desalojo en Colalao del Valle (Contrapunto Prensa Alternativa)

SE CONCRETÓ LA REUNIÓN ENTRE REFERENTES DE COLALAO Y FUNCIONARIOS PROVINCIALES

Tras una nueva tentativa de desalojo, la Comunidad India Quilmes resiste. El fallido intento de entablar un diálogo con el Gobierno, manifiesta la falta de voluntad y la evasión de responsabilidades frente a los reclamos de los pueblos originarios por las tierras que ancestralmente les pertenecen. "El gobierno quiere hacernos desaparecer pero no lo va a lograr".

Dos veces fueron expulsados de sus tierras, y dos veces recuperaron lo que les pertenece. En una causa plagada de irregularidades, miembros de la Comunidad India Quilmes (CIQ) de Colalao del Valle (Tucumán) resisten un nuevo embate de la justicia que busca dejar nuevamente sin tierra a más de 20 familias.

El 31 de marzo de este año, una nueva inspección ocular por parte de la justicia provincial se llevó a cabo en el predio que se ubica sobre la ruta nacional N° 40 km. 4.306 (antes de llegar a la Comuna de Colalao del Valle). "Una empresa privada, en colaboración con la comuna local avanzaron sobre tierras ancestrales, destruyendo parte del ecosistema del lugar" manifestaron referentes de esa Comunidad. Denunciaron que la empresa Neocon, que es proveedora del estado y quien lleva adelante los trabajos, tiene vínculos con el gobierno de José Alperovich.

Ese día martes, según el relato de los delegados, cerca de las 8:30 se presenta el Jefe de Zona Vargas y el oficial principal Balastegui, jefe de comisaría de Colalao del Valle, informándoles de la inspección. Veinticinco efectivos policiales de las comisarías de Colalao del Valle, El Mollar, Tafí del Valle y Amaicha del Valle, y un móvil de  la comisaría de Famaillá con personal de infantería participaron de la inspección.

Los antecedentes

El 13 de diciembre de 2007, 40 familias de Colalao pidieron terrenos para construir viviendas a la CIQ, que en ejercicio de sus derechos sobre su territorio, otorga el permiso para que las mismas se ubiquen en ese predio. El primer desalojo se produjo en septiembre de 2008, en una causa iniciada a particulares, y no a la CIQ, para intentar mantener el hecho por fuera de la legislación que protege a los Pueblos Originarios. Sin que se notifique a la Comunidad sobre la medida, efectivos policiales desalojaron este territorio.

El juez de paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, sigue la causa desde su inicio sin tener en cuenta el marco de protección constitucional a los Pueblos Originarios ni la ley 26.160 dictada por el Congreso de la Nación el año pasado, y su prórroga por tres años, la ley 26.554.

Las familias afectadas pudieron relatarle a los empleados judiciales los daños sufridos en los dos desalojos anteriores, el 17 de septiembre de 2009 y 5 de enero de 2010, con la total destrucción de viviendas, materiales y bienes personales de las familias.

Entrevistada por ContraPunto, Sonia López de la CIQ relató que "el segundo desalojo fue el más violento, quemaron las pertenencias personales de la gente, que lo más triste es que, más allá de lo material esas cosas son algo personal, que tiene sentimientos, que uno guarda las cosas de la mamá, de la abuela. El ensañamiento fue más grande". "Nosotros vamos a seguir, no vamos a permitir un nuevo desalojo, si es necesario vamos a dar la vida pero de ahí no nos sacan más. No vamos a dar ni un paso atrás. Ni un metro más nos quitarán" concluyó.


Para dialogar hacen falta dos partes

La CIQ manifestó que "la Fiscal a cargo del procedimiento pudo constatar la real y efectiva posesión del predio por los comuneros de Quilmes”. Liderados por su Cacique Francisco Solano Chaile y Delegados de Base, varias decenas de comuneros se solidarizaron para expresar a los funcionarios judiciales la legitimidad de la posesión ancestral.

A partir de una visita de Regino Amado, vicegobernador interino de Tucumán, a Amaicha del Valle en marzo de este año, se le solicitó una reunión con las familias afectadas para poder expresarle al gobierno provincial su preocupante situación. Un mes tardó en concretarse la cita, y Amado delegó en funcionarios del Ministerio del Interior provincial la tarea de recibir a los delegados de la Comunidad Indígena de Colalao Sergio Condorí y Sonia López.

De esa reunión "El gobierno apoya el emprendimiento vitivinícola en nuestra Comunidad, pero sin tener en cuenta que se lo impulsa en tierras que son de la CIQ", dijo Sonia, y reafirmó que "quieren evadir responsabilidades que les competen y les corresponden. Dicen que no pueden meterse en lo judicial porque eso no les corresponde, pero al mismo tiempo aprueban proyectos de desarrollo en tierras en donde viven familias, con lo que se contradicen totalmente".

"Queremos un diálogo fluido con el gobierno, una paz en mutuo acuerdo, pero así no se puede, no hay voluntad. Está en riesgo y en peligro todos nuestros recursos naturales. Si el gobierno sigue apoyando esos emprendimientos seguro que vamos a tener un cerco y vamos a tener que pedir permiso para pasar o nos matarán. Nos queda seguir luchando como lo hicieron nuestros abuelos y bisabuelos, esto está llegando a un punto crítico".