El pasado miércoles dió comienzo al juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el CCD La Cacha, el cual fuese creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura y que funcionara entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos, siendo uno de los CCD más sofisticados de la dictadura, por la participación que tuvieron el Ejército, la Marina , las Policías bonaerense y federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el SIE (Servicio Inteligencia del Ejército).
De acuerdo a los relatos de algunos sobrevivientes, su nombre estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré que, en un cínico paralelo utilizado por los represores, “hacía desaparecer gente”.
Las audiencias se realizarán en la ex AMIA (4 entre 51 y 53) los días 20 y 27 del corriente desde las 10.00 hs. y continuarán los miércoles y viernes de febrero, debiendo acreditarse el público con la presentación de documento de identidad.
Un juicio, una historia
Tras la anulación de las leyes de impunidad en 2003, y radicada la causa en el Tribunal N°1 de Humberto Blanco y Ana Cotter, hubo que esperar recién hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera mediante la ampliación del requerimiento del Fiscal Franco, basada en un informe de la Secretaría de DD. HH. de la Provincia, donde tres ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en este CCD.
Si bien en ese momento se realizaron las primeras indagatorias, recién en diciembre de 2009, la fiscalía solicitó la detención de una veintena de imputados para, luego, fragmentarse la instrucción, una vieja táctica ya denunciada por los organismos de Derechos Humanos, por “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad”.
Entre febrero y marzo de 2010 se detuvo a 17 genocidas que actuaron como Personal Civil de Inteligencia, aunque poco después se liberó a varios de ellos, y se ordenó la captura de 3 prófugos: Ricardo Luis Von Kyaw (aún en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (aún en Israel) y Miguel Angel Amigo, recapturado y sumado al juicio a último momento.
En marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 137 casos. El juez fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa.
Tal como hemos señalado anteriormente, ello significó que se parcializaran las causas tomando sólo los casos del año 1977 y no incluyendo a todos, dejaron causas "residuales" de desaparecidos del '77 y dejaron para otro juicio futuro los desaparecidos de 1978 en el mismo CCD.
En ese momento, el juicio incluía a sólo 2 responsables del mando político, el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart; 13 integrantes del Destacamento 101, incluido su jefe Arias Duval; 2 penitenciarios, el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda y 1 marino, Juan Carlos Herzberg.
En mayo de 2012 el coronel Arias Duval, el único acusado por los homicidios y la apropiación de bebés, murió impune mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”, con lo que escapó a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en la zona. Y en septiembre de ese mismo año murió impune el genocida Saint Jean. Ambos nombres pasaron a integrar la irreversible cifra de 340 represores muertos impunes en 10 años; 8 de ellos, imputados en esta causa.
Por esas muertes impunes, hubo que recaratular la causa con el nombre del represor “Hidalgo Garzón”, juzgado en hechos de Campo de Mayo y La Cacha, al que el juez Rozansky tuvo que quitar el beneficio del reposo en un geriátrico porque la joven apropiada por el genocida lo encontró andando en bicicleta como si nada.
Según afirmó Justicia Ya ! La Plata, "con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de la Policía, Penitenciarios, de la Armada y del Ejército".
A pedido de parte de las querellas, se sumó al juicio la causa por los asesinatos en noviembre del ’76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano y Garachico, uno de los represores mencionados por López en su testimonio sobre los CCD de Arana.
Asimismo, indicaron que "este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 403 represores por 2.400 víctimas en 104 juicios en todo el país", lo cual "representa el 20% de los 2.000 genocidas procesados en estos años".
Por otro lado, señalaron que este año solamente 16 juicios llegaron a sentencia, contra 25 concluidos en 2012 mientras que en La Plata, indicaron, fueron condenados 46 represores en 10 juicios fragmentados y otros 80 están a la espera de ser juzgados. En consecuencia, afirmaron, "el proceso que el Estado propone cerrar en 2015, no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores".
No hay comentarios. :
Publicar un comentario