Mediante la declaración "Otra mentira disfrazada de verdad", del pasado 22 de noviembre, la Mesa de Trabajo Todos x el Banco manifestó su preocupación por la difusión "de información falaz, parcial y mentirosa" en los medios de comunicación social vinculados al Gobierno Nacional con respecto a un supuesto aval del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas a la actual Ley 26548 del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Según afirmaron, "hace tres meses que hemos solicitado a la Justicia Federal su intervención ante la intención del Gobierno Nacional de trasladar el BNDG del lugar histórico donde fue fundado y continúa funcionado de manera ininterrumpida, con una reconocida excelencia y trayectoria de trabajo". Ello fue realizado en el marco de la causa “Chorobik de Mariani, María Isabel y otros c/ PEN- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva- Ley 26.548 s/ Proceso de conocimiento”, radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal I, el cual otorgó una medida provisional para impedir el traslado del BNDG, hasta resolver la medida cautelar solicitada.
"La gravedad de los derechos afectados por la Ley 26.548 nos conmovió no solo como familiares de víctimas del terrorismo de Estado, sino como custodios de las instituciones que, como el BNDG, se crearon para llevar adelante las tareas de reparación que se debe nuestra democracia", sostuvieron.
Hoy, mediante una misiva pública, Clara Petrakos explicó los motivos de los familiares por los cuales se oponen al traslado del BNDG afirmando que dicho organismo "es la herramienta que va a permitir que mi hermana junto con tantas otras personas apropiadas siendo bebés puedan saber quiénes son".
Por otra parte, recordó la postura gubernamental por la cual "esta ley iba a acelerar los tiempos de los análisis, cuando los tiempos de los análisis, por lo menos desde el año 2006 a la fecha, son los que corresponden (1 a 2 meses según la complejidad de cada caso)", destacando que "la verdadera dificultad para la identificación de nuestros familiares apropiados no se encuentra en esta instancia sino en las previas: su paso por la justicia en la que muchos jueces y fiscales demoran por años las investigaciones o directamente las obstaculizan, o en su paso por la CONADI, creada en 1992 y regulada por la ley 25457 del 2001, una ley de una carilla y media que aun no ha sido reglamentada".
Según los organismos de Derechos Humanos, "parte de los cuestionamientos constitucionales hacia la Ley 26.548 fueron expresados en el propio Informe del Comité, como puede observarse en el texto de las ' Observaciones finales sobre el informe presentado por Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención” aprobadas por ese Comité en su 5° período de sesiones, llevado a cabo del 4 al 15 de noviembre de 2013 ' " y por ende, afirmaron que lo difundido acerca de un respaldo internacional es falso pues solamente tiene la intención "de avalar ' la celebración ' por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo ante el pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas sobre la ley del BNDG, y con esto legitimar el traslado del Banco a la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, cuyo máximo interesado es el Gobierno Nacional, impulsor de la nefasta Ley 26.548"
Asimismo, Petrakos al referirse al "proceso de cambio que se quiere instrumentar en el BNDG" afirmó que "a fines del año pasado se nombró a una persona completamente inadecuada para llevar a cabo la tarea del ' traspaso de órbita ' y cómo esta persona, que perseguía otros fines para los recursos del BNDG, fue la encargada de ' acondicionar ' el lugar al cual se quiere mudar al BNDG", el que es más chico que el actual.
Luego, recordó que "dicha persona no se encuentra más en esa función (pero) se insiste con un traslado que va a perjudicar el funcionamiento de un organismo que dió sus primero pasos en el sector de inmunología del Hospital Durand en 1984 y en estos 29 años ha funcionado en pacífica convivencia con dicho servicio", aclarando que "el BNDG no es propiedad de ninguna organización, sino de quiénes hemos dejado sus muestras allí, ya que estas muestras conforman el Banco".
En otro orden de cosas, los organismos de Derechos Humanos señalaron que "la Ley 26.548 restringe el derecho a la identidad biológica universal de las personas nacidas en fecha posterior al límite temporal impuesto", la que no existió al momento de la creación de dicho organismo y recordaron que "el Comité manifestó en el apartado N° 35 de dicho Informe que ' alienta al Estado parte a continuar sus esfuerzos para velar que su sistema legal garantice a todas las víctimas de una desaparición forzada el derecho a la reparación, a la verdad y a una indemnización rápida, justa y adecuada. Asimismo, el Comité insta al Estado parte a eliminar la limitación temporal contenida en las leyes a que se refiere el párrafo anterior ' ”.
Asimismo, informaron que "en el Informe remitido por Argentina, acerca de las observaciones del Comité, se omitió considerar que las políticas públicas implementadas para garantizar el derecho a la identidad solo protegen a los nacidos durante la dictadura militar", cerrando las puertas al Derecho a la Identidad a quienes "no califican de nietos de desaparecidos por el terrorismo de Estado, así como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) solo investiga estos nacimientos", mientras que "quienes tuvieron la posibilidad de acceder al BNDG pero cuyo ADN no coincidió con las pocas muestras genéticas disponibles, son abandonados a su suerte", concluyeron.
Fuente:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/Session5/CED.C.ARG.1_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/Session5/CED.C.ARG.Q.1_sp.pdf
http://www.cels.org.ar/common/documentos/Informe_ComiteD_ONU.pdf
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