Mediante una declaración, la Gremial de Abogados de la Argentina, repudiaron las condenas a los petroleros de Las Heras calificando al fallo de "infundado, carente de solvencia técnica y sin ningún elemento probatorio material que pueda respaldar semejante arbitrariedad que no sea su propia subjetividad e intereses políticos" y sostuvieron que no se tuvo en cuenta el contexto en el cual se desarrollaron los hechos con la clara finalidad de criminalizar la protesta que llevaban a cabo.
Por otra parte, aseguraron que lo anterior está en conocimiento del poder político a nivel nacional y provincial, como también los jueces que los condenaron.
Con respecto al fallo, afirmaron que éste "legitima las peores aberraciones que pueden cometerse en la administración de justicia en un Estado de Derecho" al avalar los "allanamientos ilegales, torturas, declaraciones en sede policial sin la presencia de defensores, todo ello con la participación activa y presencia de la jueza instructora y la defensora pública", y consideraron que era la "única forma de poder dibujar una condena" además de violentar "principios básicos del derecho tales como el estado de inocencia, el derecho a una acusación única, el principio de congruencia, el beneficio de la duda, la igualdad ante la ley".
Finalizaron, afirmando que "la causa jamás debió llegar a juicio tal como lo reconoció el propio fiscal de Cámara o que, una vez llegada, debió ser nula de nulidad absoluta como indicó en algunos pasajes el voto en minoría".
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