Por Salvador Capote
Oscar López Rivera, “la lucha es vida toda”
"Doy gracias a la vida” –expresó el prisionero político Oscar López Rivera al cumplir 70 años de edad- “le doy gracias por haberme enseñado que ella es lucha toda, que si pretendo vivir tengo que luchar y luchar si pretendo vivir”.
En los medios de Estados Unidos se afirma con frecuencia que la guerra más larga de Estados Unidos es la de Afganistán. ¡ Falso !. Las guerras de mayor duración de Estados Unidos han sido -en el interior de su territorio- las que ha librado contra los americanos nativos y afrodescendientes y -en el exterior- contra el pueblo puertorriqueño.
Ningún otro país ha luchado durante tanto tiempo y tan heroicamente por su independencia como el pueblo boricua. Los puertorriqueños han luchado por ella durante más de 500 años, desde los albores del imperio español, y continuaron luchando cuando el naciente imperio estadounidense invadió la isla en 1898. En los 115 años transcurridos, el pueblo de Puerto Rico ha sido masacrado en varias oportunidades (Ponce, Jayuya, etc.) y muchos de sus hijos asesinados; cerca de 2.000 presos políticos han sido encarcelados en Estados Unidos a miles de millas de distancia del lugar donde nacieron y la suma de las sentencias recibidas alcanza la cifra de más de 11.000 años (1).
La ubicación de los presos políticos puertorriqueños en prisiones del territorio de Estados Unidos situadas a distancias prácticamente inaccesibles para sus familiares, no es sólo una cruel sanción adicional que persigue premeditadamente desmoralizarlos sino que tiene como fin, además, dificultar en el mayor grado posible los contactos con movimientos de solidaridad y poner obstáculos al trabajo de los abogados y a la preparación de la defensa.
Para vergüenza de Estados Unidos, el más antiguo preso político latinoamericano, Oscar López Rivera, sufre una bárbara condena desde el 29 de mayo de 1981, hace más de 32 años, en prisiones de alta seguridad. Lo más sórdido del FBI pretende mantenerlo encarcelado hasta extinguir su sentencia en 2023. “Ejemplo supremo de la continuidad del movimiento emancipador tricontinental” le llamó el intelectual y dirigente político cubano Ricardo Alarcón, resaltando así los valores universales de la lucha de este patriota puertorriqueño (2).
Oscar nació en San Sebastián, al noroeste de la isla, en 1943, y a la edad de catorce años se trasladó a vivir con su familia en Chicago, Illinois. En 1967 fue llamado a filas por el Ejército y sirvió un año en Vietnam. Esta experiencia, las luchas por los derechos civiles y la resistencia a la brutalidad policíaca contra los boricuas, contribuyeron a formar su conciencia anticolonialista y revolucionaria. Durante los años '70 fue cofundador del Centro Cultural Puertorriqueño Juan Antonio Corretjer y de una escuela alternativa que lleva el nombre de Dr. Pedro Albizu Campos, y formó parte del Comité para liberar a los cinco nacionalitas puertorriqueños: Oscar Collazo, Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irvin Flores y Andrés Figueroa Cordero.
Oscar Collazo estaba preso desde 1950. El 30 de octubre de ese año, con el fin de sofocar la insurrección anticolonial de Jayuya, la Fuerza Aérea de Estados Unidos bombardeó los poblados tomadas por los rebeldes asesinando a numerosas personas. La represión fue violenta y más de cinco mil activistas y colaboradores fueron encarcelados, incluyendo mujeres y niños. En respuesta y para llamar la atención del mundo sobre el genocidio que se perpetraba contra el pueblo de Puerto Rico, Oscar Collazo y Griselio Torresola, dos días después, realizaron un atentado contra Harry Truman. Uno de los guardaespaldas del presidente resultó muerto y otros dos heridos. Torresola murió también. Collazo, herido, fue capturado y posteriormente condenado a muerte. Una campaña internacional logró que se conmutase la sentencia por cadena perpetua. Los otros cuatro nacionalistas permanecían en prisión desde marzo de 1954 cuando, por el papel que desempeñaba el Congreso de Estados Unidos en mantener el estatus colonial, penetraron en la Cámara de Representantes, desplegaron una bandera de Puerto Rico y abrieron fuego hiriendo a cinco legisladores. La acción se hacía coincidir con la Conferencia Inter-Americana que tenía lugar en Caracas, Venezuela. Los cuatro fueron arrestados y sentenciados a cadena perpetua. (3)
En 1981 Oscar fue detenido como miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), acusado de “conspirar para la sedición”, comodín que acostumbran utilizar los tribunales estadounidenses contra los acusados por razones políticas, y condenado a 55 años de prisión sin que hubiese resultado convicto de acto de violencia alguno. Sucede en estos casos de juicios políticos en los tribunales de Estados Unidos, que se condena al acusado no por lo que ha hecho sino por lo que es y lo que representa; y la severidad de la sentencia es totalmente desproporcionada en relación con los “delitos” cometidos.
Durante el juicio, Oscar reafirmó, al igual que todos sus compañeros, su condición de prisionero de guerra (POW) anticolonialista, que luchaba contra la ocupación ilegal de su patria por un país extranjero, garantizada por los Acuerdos de Ginebra de 1949 y por los Protocolos de 1977. Tenían derecho, por consiguiente, a ser juzgados por una corte internacional y no por las de Estados Unidos ni por las coloniales en territorio puertorriqueño.
Durante los doce años que median entre 1986 y 1998, Oscar sufrió la tortura del confinamiento en solitario en la penitenciaría de Marion, Illinois, y en la de Florence, Colorado, pero soportó con dignidad el aislamiento total y mantuvo su firmeza ideológica y su voluntad de continuar la lucha. No satisfechos con la crueldad de los castigos impuestos, en 1988 fue acusado absurdamente de “conspiración para escapar” y añadieron otros 15 años a su condena.
La estatura moral de Oscar López Rivera se puso de manifiesto con su actitud ante la clemencia ofrecida por el presidente Bill Clinton. En 1999 Clinton liberó a once prisioneros políticos puertorriqueños; uno más (Juan Segarra Palmer) tendría que cumplir otros cinco años; y ofreció a Oscar una clemencia limitada que requería diez años más en prisión. Oscar rechazó la oferta porque excluía a dos de sus compañeros (Carlos Alberto Torres y Haydée Beltrán) y porque aceptarla significaba renunciar a sus creencias políticas.
En Puerto Rico se convoca a una gran marcha el 23 de noviembre próximo para exigir la libertad de Oscar López Rivera. Estoy seguro de que todos los buenos boricuas, no importa el partido a que pertenezcan, se unirán ese día reclamando la excarcelación de su compatriota. Esperemos que muy pronto Oscar pueda reunirse con su hija Clarisa, con su nieta Karina a quien ha escrito desde la prisión hermosísimas cartas, y con todo su amado pueblo puertorriqueño, para continuar la lucha por la independencia -su razón de existir-, porque si la vida es toda lucha, también se cumple -para los revolucionarios como Oscar- que “la lucha es vida toda” (4).
NOTAS
(1) José F. Paralitici: “Sentencia impuesta: 100 años de encarcelamientos por la independencia de Puerto Rico”, San Juan, Puerto Rico, Edic. Puerto Histórico, 2004. Citado por Jan Susler en “More than 25 years: Puerto Rican Political Prisoners”, The Cost of Colonialism, 1992.
(2) Cubadebate, “Confieren en Cuba Orden de la Solidaridad a prisionero político Oscar López Rivera, 18 de sept. de 2013.
(3) Andrés Figueroa Cordero fue liberado por el presidente Jimmy Carter en 1977; padecía de cáncer y murió dieciocho meses después. En 1979, Carter liberó a Collazo, Lebrón, Cancel Miranda y Flores.
(4) “La lucha es vida toda”, título del concierto en tributo a Oscar López Rivera celebrado el 14 de septiembre de 2013 en el Coliseo Roberto Clemente, San Juan, Puerto Rico.
NOTA DE REDACCIÓN: Si bien esta nota es del pasado mes de noviembre, refleja claramente la intencionalidad del imperialismo contra quienes se oponen a sus designios dentro de sus fronteras. Vaya también nuestro apoyo a la libertad de Oscar López Rivera.
“Cuba y Puerto Rico son…”
En marcado contraste con la represión permanente contra los independentistas puertorriqueños, los asesinatos o encarcelamientos de sus activistas y las desmesuradas sanciones impuestas por los tribunales estadounidenses a los prisioneros políticos, los terroristas de origen cubano han gozado siempre de total impunidad para violar las leyes federales y cometer todo tipo de fechorías tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico y otros países.
Dentro del llamado “exilio histórico”, compuesto principalmente por las clases que en Cuba disfrutaron de mayores privilegios y políticos y funcionarios del régimen batistiano, llegaron también a las playas de la Florida en 1959 y primeros años de la década del 60, numerosos criminales y esbirros al servicio de la dictadura que huían de la justicia revolucionaria y cuya extradición solicitó reiterada e inútilmente el gobierno cubano. Estos últimos sirvieron de importante cantera para la integración de grupos terroristas, entrenados y armados por la CIA, dirigidos fundamentalmente contra Cuba pero que actuaron también en todo tipo de acciones encubiertas en Centro y Suramérica, Sudeste Asiático, África y otros lugares del mundo. El independentismo puertorriqueño fue uno de los principales objetivos.
Estos grupos terroristas pudieron contar en Puerto Rico con una base social que les favorecía, pues la emigración cubana a esa isla, por su composición clasista y su orientación mayoritariamente anexionista, era enemiga natural de todo lo que pudiese favorecer a la Revolución Cubana, con la cual identificaba al movimiento independentista. Los inmigrantes cubanos se afiliaron en su mayoría a la derecha política puertorriqueña –forman parte ya de esa derecha- y su núcleo duro contrarrevolucionario mantuvo y mantiene estrechos vínculos con su homólogo en Miami.
Una encuesta realizada en 1981 - 1982 a los cubanos en San Juan por el sociólogo José A. Duany reveló que el 67.2 % prefería en el poder al Partido Nuevo Progresista (PNP) [fundado por Luis Ferré, hijo de un emigrado cubano], que aboga por la anexión a Estados Unidos; un 9.3 % al Partido Popular Democrático (PPD), que apoya el Estado Libre Asociado; un 2.4 % se mostró indeciso y un 21.1 % no favoreció a ningún partido. Como era de esperar, los cubanos exiliados favorecen al partido más decididamente hostil hacia Cuba.
En 1960 apenas había 538 cubanos en Puerto Rico. Su número fue aumentando hasta llegar a un máximo de 30.410 en 1971, coincidiendo con una etapa de prosperidad económica que se detuvo con la crisis petrolera de 1975. A partir de esa fecha la cifra se estabilizó durante un tiempo y luego fue disminuyendo: 19.973 en 2000; 17.860 en 2010. No obstante, los cubanos en Puerto Rico siguen desempeñado un papel muy importante en la política interna, no tanto por el número de votos -nada despreciable- que aporta a los partidos que se oponen a la independencia, sino por su activismo, su influencia como grupo de presión y su poder económico.
Aunque la afinidad cultural entre cubanos y puertorriqueños -mayor probablemente que con cualquier otro país de América Latina- favorece la integración, este proceso no ha estado exento de antagonismos. El más agudo es de orden político pues los independentistas perciben -y con razón- a la derecha exiliada cubana como defensora a ultranza de Estados Unidos y enemiga de su causa. El segundo es de orden económico y lo explica el historiador inglés Raymond Carr (1):
“Incapaz de ganarle [a las grandes corporaciones norteamericanas], la comunidad empresarial puertorriqueña no tuvo otra alternativa que aliarse a ellas y convertirse en sus sirvientes… El único campo abierto para los capitales locales era la especulación en bienes raíces y la construcción, de ahí el resentimiento contra la comunidad cubana exiliada, que competía directamente con los puertorriqueños en estos campos.”
Es decir, los norteamericanos se habían adueñado de la riqueza principal y los empresarios puertorriqueños y cubanos tuvieron que competir por las migajas que quedaban en un país que, con el eufemístico nombre de Estado Libre Asociado, no dejaba de ser una colonia.
En Washington, el “lobby” anexionista puertorriqueño y el cubano contrarrevolucionario se han apoyado siempre mutuamente. El comisionado residente entre 2005 y 2009 y después gobernador, Luis Fortuño, mantenía muy estrechas relaciones y coordinaba sus acciones con los congresistas cubanoamericanos, especialmente con el senador Mel Martínez. El actual comisionado, Pedro Pierluisi, organizó el 19 de octubre de 2013 una manifestación frente al Capitolio en Washington para demandar que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de la Unión. Para este objetivo Pierluisi recibe el apoyo mayor de la congresista cubanoamericana Ileana Ross - Lehtinen que intervino en el acto. (2)
Raúl Alzaga Manresa, uno de los fundadores de la Brigada Antonio Maceo y compañero de lucha de Carlos Muñiz Varela, ha escrito varios artículos sobre el tema del terrorismo de derecha y la conexión cubano-puertorriqueña (3). Desde principios de la década de 1960, Puerto Rico se convirtió en santuario y retaguardia de las organizaciones contrarrevolucionarias en el exilio, que recibieron el respaldo político y económico del gobierno puertorriqueño y de las figuras más importantes del mundo empresarial y que serían responsables de innumerables actos terroristas.
La violencia adquirió un trágico relieve con la bomba que estalló en Mayagüez el 11 de enero de 1975 mientras el PSP conmemoraba el aniversario del prócer Eugenio María de Hostos, con Juan Mari Bras como orador principal, que provocó dos muertos y 12 heridos. Documentos desclasificados del FBI vinculan con este crimen al cubanoamericano René Fernández del Valle. El 25 de marzo de 1976, el cadáver del hijo de 23 años de Juan Mari Bras, Santiago (Chagui), fue hallado víctima de un tiro, en el interior de un carro en Río Piedras. Se sospecha que los que perpetraron este acto terrorista son los mismos o estaban conectados con quienes asesinaron posteriormente a Carlos Muñiz Varela.
Uno de los crímenes más repudiables ejecutados por las fuerzas represivas al servicio del coloniaje tuvo lugar en julio de 1978 cuando un agente encubierto indujo a dos jóvenes puertorriqueños a ingresar en una organización clandestina ficticia creada por la policía, para conducirlos después al Cerro Maravilla donde serían asesinados a sangre fría.
El 24 de enero de 1979, el Senado de Puerto Rico aprobó una resolución que incluía una exhortación al exilio cubano “a mantener su unidad en la lucha por la liberación de Cuba y evitar toda división y conflicto dentro de su liderato y militancia”. “La mesa estaba servida -relata Alzaga Manresa-, ya no sólo contaban con el apoyo de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, con el de los elementos corruptos dentro de la División de Homicidios -encabezada por el coronel Alejo Maldonado Medina con la tolerancia y complicidad del FBI, sino que ahora tenían, al igual que en años anteriores, el aval del estamento político del país a través del propio Senado de Puerto Rico”.
El 28 de abril de 1979, Carlos Muñiz Varela, joven de 25 años, fue asesinado en San Juan. Carlos participó en la fundación de la revista Areíto, era dirigente de la Brigada Antonio Maceo (4) y en su deseo de propiciar el reencuentro de las familias cubanas estableció la Agencia de Viajes Varadero. La organización terrorista Omega 7 asumió la responsabilidad por el atentado. A pesar de que el crimen se cometió a la luz del día y en presencia de testigos, ni las autoridades locales ni el FBI fueron capaces de hallar a los culpables. Los documentos del caso “se extraviaron” dentro del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Curiosamente, en lo que más que justificación parece burla, en la sede del FBI en Miami los documentos del terrorista Nº 1, Luis Posada Carriles, también “se perdieron”.
Años más tarde, Arocena confesó a un agente del FBI que el atentado fue realizado por la CORU (Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas), lo cual señala directamente a Reynold Rodríguez que era el jefe de la rama de la CORU en Puerto Rico y a Julio Labatut Escarra, vinculado a escuadrones de la muerte que operaron en las décadas de 1970 y 1980. A la CORU pertenecían también Luis Posada Carriles y Orlando Bosch. Implicados, además, en el asesinato de Muñiz Varela aparecen Pedro Remón (que participó en el intento de asesinar a Fidel en Panamá) y José Dionisio Suárez (señalado como uno de los asesinos del ex canciller chileno Orlando Letelier).
El tabloide La Crónica, fundado en 1977 por Antonio de la Cova, convicto por transportar explosivos ilegalmente en la Florida, fue el portavoz más importante de la ultraderecha cubana en Puerto Rico durante la década del '80. La Crónica apoyaba la violencia anticastrista y su héroe era el líder de la organización terrorista Omega 7, Eduardo Arocena. Un editorial de septiembre de 1983 orienta “golpear duramente, cada vez que se pueda, en las madrigueras de los representantes directos del imperialismo comunista, y las oficinas o dependencias de sus lacayos más despreciables”. Justifica, además, su apoyo a Omega 7, Abdala y la Brigada 2506 porque “admiramos y respetamos a los que con la metralla cercenan las cabezas de los comunistas dondequiera que se encuentren”.
En 1984, La Crónica publicó varias fotos de la autopsia de Muñiz Varela, obviamente con el fin de aterrorizar a los que propiciaban un acercamiento en las relaciones con Cuba. La viuda de Muñiz demandó al periódico pero el caso se resolvió a favor de los demandados al establecerse que Muñiz y su esposa eran figuras públicas “por lo que carecen del derecho a la privacidad” (La Crónica, octubre de 1984). El cadáver de Carlos lo convirtieron en trofeo y “la controversia terminó con una fiesta de los simpatizantes de La Crónica en un restaurante cubano de San Juan” (5).
Las organizaciones más reaccionarias del exilio cubano en Miami han tenido su capítulo correspondiente en Puerto Rico. La Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), fue fundada en 1981 con participación de empresarios puertorriqueños y estableció una subsede en Puerto Rico en 1985. La Fundación, que es la organización contrarrevolucionaria con mayores recursos económicos, pudo ejercer una notable influencia en las administraciones republicanas y en la política hostil de éstas hacia Cuba, mientras financiaba y apadrinaba a grupos terroristas.
En octubre de 1997, guardacostas de Estados Unidos capturaron una lancha rápida en aguas territoriales de Puerto Rico pensando que se trataba de una operación de narcotráfico. La embarcación se dirigía a la isla Margarita, en Venezuela, y estaba tripulada por cuatro cubano-americanos pertenecientes a la FNCA: Angel Alfonso Alemán, Francisco Córdova, Angel M. Hernández Rojo y Juan Bautista Márquez. Dentro de la lancha los guardacostas encontraron dos fusiles semiautomáticos calibre 50 con mira telescópica de rayos infrarrojos y alcance de 1.500 metros, gran cantidad de municiones, equipos de comunicación y uniformes militares. Los tripulantes declararon su intención de utilizar esas armas para realizar un atentado contra el presidente Fidel Castro en la isla Margarita, donde tendría lugar los días 8 y 9 de noviembre la VII Cumbre Iberoamericana. Las investigaciones revelaron que la lancha era propiedad de José Antonio “Toñín” Llama y que uno de los fusiles pertenecía a Francisco “Pepe” Hernández, Directores ambos de la Fundación.
De nuevo aquí, los terroristas gozaron de absoluta impunidad. Como relata el profesor Salim Lamrani (6) “los procedimientos legales fueron abandonados por razones que permanecerán en los anales de la infamia. Por ejemplo, el abogado defensor de Angel Alonso Alemán era Ricardo Pesquera, primo de Héctor Pesquera, el agente del FBI encargado de las investigaciones del caso”. Los terroristas fueron absueltos y Héctor Pesquera nombrado jefe del FBI en Miami donde, con el celo que nunca mostró en Puerto Rico, procedió al arresto de los cinco cubanos infiltrados en organizaciones terroristas de Miami.
El 23 de septiembre de 2005, en el aniversario del Grito de Lares, el FBI asesinó en su casa de Hormigueros, Puerto Rico, a Filiberto Ojeda Ríos, líder del Ejército Popular Boricua (Macheteros). Para matar a un solo hombre, la operación incluyó a 300 agentes del FBI, unos 24 francotiradores, 2 helicópteros y más de 30 vehículos de la policía. ¡ Mucho miedo tienen que haberle tenido !. La autopsia reveló que Ojeda había recibido un tiro en la clavícula derecha y se desangró hasta morir debido a que el FBI impidió durante veinte horas que recibiese atención médica. La Comisión de Verdad y Justicia de Puerto Rico declaró que la muerte de Ojeda fue “sin lugar a dudas, un asesinato político.”
Los crímenes políticos cometidos en Puerto Rico contra activistas por la independencia o contra aquellos que quisieron mejorar algún aspecto de las relaciones con Cuba, quedaron impunes. A medida que se desclasifican documentos y se obtiene mayor información, se hace más evidente en todos ellos la responsabilidad de la conexión terrorista cubano-puertorriqueña.
Los Estados Unidos convirtieron a Puerto Rico en un portaviones, estratégicamente situado en El Caribe, desde el cual podrían mantener el orden imperial en todo el centro y sur del continente. Lograron llenar la isla de bases militares, lo que nunca han podido lograr es que los boricuas los acepten como amos de una tierra que, desde Agüeybaná II, “El Bravo”, tiene vocación de libertad.
Solamente a los puertorriqueños corresponde decidir el futuro estatus de Puerto Rico, pero creo que el tiempo es propicio para mirar hacia el Sur..
NOTAS
(1) Raymond Carr: “Puerto Rico: A Colonial Experiment”, N.Y, New York University Press, 1984. Citado por José Cobas y Jorge Duany: “Los Cubanos en Puerto Rico”, Edit. De la Universidad e Puerto Rico, 1995.
(2) Ambos subrayaron que los resultados del referendum (no vinculante) efectuado en noviembre de 2012 favorecieron la estadidad, pero no mencionaron que los puertorriqueños la rechazaron en los referendos de 1967, 1993, 1998 y que, en 2012, más de 400,000 votantes no respondieron a la segunda pregunta, la del futuro estatus de la isla, en protesta por las manipulaciones de los anexionistas que controlaban el referendum.
(3) Raúl Alzaga Manresa: “Son los mismos”, Cubadebate, 13 de Julio de 2012.
(4) La Brigada Antonio Maceo surgió en Estados Unidos y Puerto Rico a fines de la década de los sesenta dentro de la comunidad cubana. Tenía como objetivos “palpar personalmente la realidad de Cuba […] y trabajar activamente por mejores relaciones con Cuba”.
(5) José Cobas y Jorge Duany: “Los Cubanos en Puerto Rico”, Edit. De la Universidad de Pueto Rico, p. 191, 1995.
(6) Salim Lamrani: “The Cuban American National Foundation and International Terrorism”, Superpower Principles, U.S. Terrorism Against Cuba, p. 107, 2005.
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