A través de un comunicado, calificaron a los acuartelamientos policiales, los saqueos y las víctimas de éstos últimos como "un emergente del fin de ciclo kirchnerista, signado por una crisis social y política" y sostuvieron que "los gobernadores y el Gobierno Nacional rápidamente cedieron al pliego de demandas policial, porque necesitan tener una fuerza de choque presta para enfrentar a los trabajadores que salen y saldrán a luchar a luchar contra la licuación de sus salarios por la vía inflacionaria".
Por otro lado, denunció los "acuerdos democráticos" firmados por "los partidos del gobierno, la oposición tradicional y el centroizquierda" contra la "extorsión" policial, por cuanto encubren su responsabilidad en la represión a la juventud y al gatillo fácil como tambíén su complicidad con el crimen organizado, como también la intención de superar la crisis policial mediante la Gendarmería y su Proyecto X, al igual que apurar el nombramiento de Milani como jefe del Ejército.
Con respecto a la crisis económica y social, sostuvieron que ella está dada por "el crecimiento de la inflación, que pulveriza el salario de los trabajadores, la mitad de los cuales está en negro y con salarios que no llegan al 50% de la canasta familiar", apoyando el reclamo "de un salario mínimo y móvil de 8.000 pesos para todos los trabajadores sin distinción, y del 82% móvil del último salario para todos los jubilados" y afirmaron que el acuerdo en el Congreso Nacional demuestra "una ' santa alianza ' de la clase capitalista y sus representantes políticos contra los aumentos salariales" para evitar "la propagación de la lucha".
Asimismo, convocaron al movimiento obrero para que exiga un inmediato paro nacional con movilización a Plaza de Mayo a los sindicatos y centrales sindicales en el marco de un plan de lucha por sus reivindicaciones y por las del resto del pueblo.
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