Mediante la declaración titulada "Condena temeraria", el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia informó que una delegación entrevistó a Luis Alén, Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, a quien le entregaron "más de 500 firmas -entre ellas las de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, y Osvaldo Bayer- de entidades gremiales, estudiantiles y políticas del país y del exterior que pedimos la absolución de los acusados en esta causa armada para criminalizar la protesta social".
Según afirmaron, dicho funcionario respondió "que, tras el encuentro pidió informes a los jueces que integran el Tribunal Oral de Caleta Olivia sobre la denuncia por torturas y la actuación de la fiscalía en el caso", pero no obtuvo ninguna respuesta del mencionado órgano judicial.
Por otro lado, señalaron que "el fiscal de instrucción Ariel Candia había admitido que hubo gente que declaró en la instrucción luego de haber recibido ' dos o tres cachetadas ', pero en su alegato agregó que ' darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza (a un testigo) no implica decirle lo que debe declarar ' " y recordaron que "el fiscal de Cámara Carlos Rearte se había negado a desempeñarse en este juicio después de plantear la nulidad del requerimiento de elevación por considerar que era ' impreciso e infundado ' ” que fue rechazada para evitar que se llegara al juicio oral.
Con respecto a los hechos, destacaron que "los petroleros de Las Heras expresaron sus diferencias con el sindicato y comenzaron a cortar las rutas provinciales" para reclamar contra el Impuesto a las Ganancias, por un reencuadramiento sindical y por mejoras en las condiciones de trabajo.
Tras veintitrés días de huelga y cortes, fue detenido Mario Navarro, vocero de los petroleros y más de 1.000 pobladores de Las Heras se movilizaron y fueron reprimidos por el GEOP de la policía santacruceña. Después de la medianoche hubo disparos y el policía Sayago quedó herido, lo cual provocó detenciones masivas y una ciudad bajo un patrullaje policial permanente, aseguraron.
En este contexto, donde inclusive se llegó a detener a algunos vecinos, calificaron a lo sucedido como una "caza de brujas" y finalizaron, considerando que "esta condena constituye un salto histórico en la criminalización de la protesta".
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