Por Salvador Capote
Leonard Peltier, en el espíritu de Crazy Horse
Cuando el premio Nobel de la Paz le fue otorgado al presidente Barack Obama en octubre de 2009, se le negaba por sexta vez (había sido propuesto para el premio en seis años consecutivos) a Leonard Peltier, indio norteamericano, prisionero político en la oscura celda de una penitenciaría estadounidense.
Sin embargo, mientras Barack Obama continúa la política guerrerista de su antecesor, institucionaliza los asesinatos a distancia con drones, destruye quién sabe cuantas familias con la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, proyecta nuevas aventuras militares, y mantiene, en contra de la opinión pública mundial, el criminal bloqueo contra Cuba, Leonard Peltier, que desempeñó un papel fundamental en la solución pacífica de conflictos entre tribus con antigua historia de animosidad, continúa impulsando programas económicos, de educación y de salud en la reservación de Rosebud en Dakota del Sur. En 1992, Peltier creó una beca de estudios jurídicos en la Universidad de New York, para americanos nativos, y dona periódicamente sus obras –es un maestro en el arte de la pintura indígena- con el fin de recaudar fondos para las organizaciones de asistencia social y derechos humanos. Forma parte, además, del Consejo de Dirección del Fondo Rosenberg para la Infancia.
Leonard Peltier, ciudadano de las naciones Anishinabe Dakota / Lakota (1), escritor, poeta, artista y, sobre todo, defensor de los pueblos indígenas, permanece en prisión desde hace ya 37 años, por un crimen que no cometió. Es otra de las principales víctimas del programa secreto de represión de movimientos progresistas que llevó a cabo el FBI (COINTELPRO). Para condenarlo, se utilizaron los más aviesos procedimientos.
Militante del “American Indian Movement” (AIM), acudió a prestar ayuda al pueblo lakota de la reservación de Pine Ridge, en Dakota del Sur, sometido a un continuo y criminal acoso por el FBI y las bandas paramilitares de los “Guardians of Oglala Nation” (GOONs). El período desde la protesta en “Wounded Knee” en 1973 hasta 1976 se conoce como el “Pine Ridge Reign of Terror” (Reino del Terror en Pine Ridge). Más de 60 tradicionalistas, es decir, indios que consideraban de importancia fundamental mantener su cultura y la base territorial de sus ancestros, fueron asesinados. Al empeorar la situación, los tradicionalistas pidieron ayuda al AIM. Leonard Peltier y una docena de militantes se trasladaron al rancho “Jumping Bull” en la reservación.
Con el pretexto de perseguir a un indio llamado Jimmy Eagle a quien acusaban de robar un par de botas de vaquero, el 26 de junio de 1975 dos agentes del FBI en carros sin marcas penetraron en el rancho y provocaron un tiroteo sin tener en cuenta la presencia de mujeres y niños. De inmediato, más de 150 miembros del FBI, de los GOONs y de la policía del gubernamental “Bureau of Indian Affairs” rodearon el rancho. Cuando terminó la acción represiva, encontraron muerto de un disparo en la cabeza al miembro del AIM Joseph Killsright Stunty. Su muerte nunca fue investigada. También resultaron muertos los dos agentes del FBI que dieron origen al incidente.
Más de 70,000 páginas de documentos del FBI relacionados con este período, permanecen sin desclasificar. De acuerdo a los documentos disponibles, más de cuarenta lakotas participaron en el tiroteo. Sin embargo, sólo a cuatro les presentaron cargos por la muerte de los dos agentes: Dino Butler, Bob Robideau y Leonard Peltier, dirigentes del AIM, y a Jimmy Eagle, a quien el FBI utilizó para penetrar en el rancho.
En el juicio a Butler y Robideau, el jurado consideró que dada la atmósfera de terror que existía en Pine Ridge estuvo justificado responder al fuego y los declaró inocentes por actuar en defensa propia. Prueba de que la persecución a Jimmy Eagle no fue más que un pretexto, es que el FBI retiró los cargos contra éste y, enfurecido por el veredicto, concentró sus esfuerzos en la captura y condena de Leonard Peltier quien había ayudado a escapar del rancho, bajo la balacera, a un grupo de adolescentes, y luego se refugió en Canadá pues no esperaba tener un juicio justo.
El FBI logró la extradición de Peltier utilizando un testigo falso, una mujer llamada Myrtle Poor Bear, que se presentó como la novia de Leonard y afirmó que había presenciado como asesinaba a los dos agentes. Las investigaciones del fiscal revelaron que Poor Bear no conocía personalmente a Leonard y no estaba presente cuando sucedieron los hechos. A pesar de las declaraciones subsiguientes de Poor Bear de que su falso testimonio era debido a presiones y amenazas del FBI, la extradición de Peltier no fue revertida.
Injustificadamente, el caso fue transferido a otro juez que impuso arbitrarias limitaciones a la defensa. Tras un juicio amañado y con escandalosa manipulación del jurado y de los testigos, Peltier fue hallado culpable del mismo “delito” por el que sus dos compañeros del AIM habían sido absueltos por actuar en defensa propia. Peltier fue condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas.
En su declaración, el 1 de junio de 1976, antes de recibir la sentencia, Leonard Peltier dijo al juez Benson: “Usted está y ha estado siempre prejuiciado contra mi y contra todo americano nativo que ha estado frente a usted. Usted ha favorecido abiertamente al gobierno a través de todo el juicio y se ha mostrado feliz de hacer todo lo que el FBI quería que usted hiciera”. “El juicio –continuó Peltier- cerró un capítulo más en la historia del fracaso de las cortes de Estados Unidos para administrar justicia en el caso de un americano nativo”. Al final, dirigiéndose a la corte, dijo: “No, yo no soy el culpable aquí; no soy el que debe ser llamado criminal; el criminal es la América blanca racista por la destrucción de nuestras tierras y de nuestro pueblo”.
Leonard Peltier fue condenado exactamente cien años después de la victoria lakota de “Little Bighorn”, una de las batallas más famosas en la historia de Estados Unidos, que tuvo lugar en 1876, también en el mes de junio. En esta batalla, los indios lakota, con sus aliados cheyenes, derrotaron al 7o. Regimiento de Caballería al mando del teniente coronel George Armstrong Custer. Fue allí que el jefe indio “Crazy Horse” (2) se convirtió en leyenda.
Leonard Peltier, un indio lakota, al igual que los habitantes de la reservación de Pine Ridge, fue condenado justo en el centenario de una gran derrota del ejército de Estados Unidos frente a los que consideraban, y ciertos sectores blancos racistas consideran todavía, una “raza inferior”. ¿Casualidad? -Dicen que en política no hay casualidades y el juicio de Peltier fue, sin lugar a dudas, un juicio político. De todos modos, el hecho es que la “América blanca racista”, representada en esta ocasión por el FBI y el juez Benson, tomó venganza –conscientemente o no- de la derrota en “Little Bighorn” ocurrida exactamente un siglo antes, condenando a un descendiente de los vencedores lakota por crímenes que no cometió.
El ensañamiento contra los indios de la reservación de Pine Ridge tiene, además, otras raíces. De acuerdo al “Fort Laramy Treaty” (Tratado del Fuerte Laramy) de 1868 entre la nación Sioux (Lakota / Dakota / Nakota) y Estados Unidos, que tiene el respaldo de la Constitución, Estados Unidos ha ocupado ilegalmente el área montañosa de “Black Hills”(3), territorio lakota, desde 1874, cuando se descubrió oro en el lugar. El tratado excluía para siempre la colonización blanca de esta zona con más de 7,000 años de ocupación india. Black Hills es la traducción de su nombre en lengua lakota y sus montañas están indisolublemente unidas a la cultura de este pueblo que nunca aceptó la violación del tratado y reclamó constantemente la devolución del territorio.
El 23 de Julio de 1980, la Corte Suprema, en “United States v. Sioux Nation of Indians” determinó que Black Hills había sido ocupado ilegalmente y que se debía pagar a los Sioux la cantidad inicialmente ofrecida, que sumando los intereses ascendía a 106 millones de dólares. Los lakota rechazaron la decisión pues no querían dinero sino la devolución del territorio que histórica, legal y moralmente les pertenece. El dinero permanece en una cuenta bancaria que, con los nuevos intereses acumulados llega actualmente a cerca de 800 millones de dólares, pero los lakota continúan rechazando dignamente la aceptación del dinero.
En 2012, James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas, recorrió los territorios indios para examinar el cumplimiento por Estados Unidos de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada, aunque tardíamente, por Barack Obama en 2010. En su informe final (septiembre de 2012) Anaya recomendó la devolución de tierras a algunas tribus, incluyendo Black Hills a los lakota. El 28 de octubre de 2013, Alfred M. de Zayas, experto de Naciones Unidas, recomendó al Tercer Comité (4) de esta organización abrir las puertas del Comité Especial de Descolonización (5) a las naciones indígenas, incluyendo a las de América del Norte. El “Sioux Nation Treaty Council” se ha dirigido al Comité de Descolonización en el pasado exigiendo la devolución de Black Hills, pero esta nueva recomendación le permite adelantar en sus esfuerzos por lograr el cumplimiento del tratado de Fort Laramie (6).
Para el pueblo lakota, y en general para todos los pueblos indígenas, Leonard Peltier es un símbolo de la dignidad y orgullo del pueblo indio ante los abusos y la represión que han soportado durante siglos. En los días finales de la administración Clinton, todo parecía indicar que saldría libre por decisión del ejecutivo. Ocurrió sin embargo, un hecho sin precedentes, el FBI se opuso a la liberación de Peltier y más de 500 agentes y sus familias realizaron una manifestación de protesta frente a la Casa Blanca. La petición de clemencia, con enorme respaldo popular y de organizaciones sociales y de derechos humanos, fue denegada y también lo ha sido posteriormente en varias ocasiones. La explicación es simple: su libertad no sería del agrado de poderosas empresas que operan en Black Hills. Leonard Peltier es un preso político con demasiado prestigio, le temen.
Manual FM 3-39.40, espada de Damocles
No hay duda de que la insatisfacción y la pérdida de confianza en el sistema han crecido extraordinariamente en el pueblo norteamericano durante la última década. ¿Causas? -La crisis económica, las guerras interminables y la corrupción creciente en todos los niveles del gobierno.
La reciente caída en bancarrota de la ciudad de Detroit, símbolo del poder de la industria estadounidense, es altamente significativa. En sus tiempos de gloria, la gigantesca industria automovilística, que empleaba a millones de obreros, se presentaba como prueba irrefutable de la eficacia productiva del sistema capitalista norteamericano. Ahora Detroit está en crisis y el capitalismo también.
De tres millones de habitantes en la década del 60, Detroit tiene actualmente sólo 700.000; como testigo del colapso demográfico, decenas de miles de casas han sido abandonadas; casi la mitad de la ciudad carece ya de servicios de iluminación pública, ambulancias, bomberos, etc.; más del 60 % de los niños viven en la pobreza; y en los suburbios es indetenible la delincuencia y el crimen. Con la priorización del pago de la deuda municipal de 18.5 billones de dólares a banqueros y especuladores financieros de Wall Street, sacrificando los programas de salud, educación y asistencia social, no es difícil imaginar los sufrimientos que aguardan a los habitantes de la ciudad, especialmente en sus barrios negros.
Desde el desastre financiero de 2008, mientras abandonaba a su suerte a los obreros de Detroit, el gobierno federal inyectaba alrededor de 3 trillones de dólares (“bailout”) para salvar a Wall Street, es decir, a los mismos banqueros que fueron causantes del hundimiento económico. Esta política de priorizar a toda costa la ganancia del 1 % más rico de la población, sólo puede conducir -nadie lo dude- a fuertes y airadas reacciones de los trabajadores, a la desobediencia civil y, eventualmente, a estallidos sociales -un “Occupy Wall Street” multiplicado- de inimaginables consecuencias.
Porque la bancarrota de Detroit no es un caso aislado; muchas municipalidades a todo lo largo y ancho del país presentan enormes déficits presupuestarios y deudas acumuladas que se incrementan año tras año. Decenas de millones de estadounidenses ya no sueñan el sueño americano sino que despiertan, cada vez en mayor número, a la realidad de la pérdida de sus empleos, de sus casas y de vivir con el temor de ver marchar a sus hijos a guerras sin sentido, incosteables, contra países que nunca han atacado a Estados Unidos.
El movimiento “Occupy”, que galvanizó las aspiraciones de justicia social y económica de millones de personas, tomó por sorpresa a todos los analistas políticos. Ninguno fue capaz de predecir su masividad y la conciencia de su fuerza (“Somos el 99 %” proclamaba una de sus consignas). “Occupy” fue la medida del descontento popular e hizo ver a los escépticos que la posibilidad de una revolución en Estados Unidos está muy lejos de ser una falacia de radicales de izquierda.
Como era de esperar, todo el aparato jurídico y militar del Estado se ha ido transformando y preparando para enfrentar cualquier contingencia. Mientras la Ley Patriota restringe las libertades civiles de los ciudadanos, un enorme aparato de vigilancia realiza ilegalmente labores de espionaje dentro y fuera del territorio nacional, a los soldados de la Guardia Nacional los entrenan en apaciguar disturbios y actuar en situaciones de emergencia, las fuerzas policíacas se equipan con toda la parafernalia antimotines, el “Department of Homeland Security” (DHS) [Departamento de Seguridad Nacional] adquiere 2.717 vehículos blindados (MRAPs) (1) y decenas de miles de sus empleados reciben entrenamiento militar (2).
Estos MRAPs, diseñados especialmente contra minas y emboscadas, cuesta cada uno un millón de dólares. En agosto y septiembre de 2013, según datos de la “Defense Logistic Agency” (Agencia de Logística del Departamento de Defensa), 75 de estos vehículos fueron adjudicados a fuerzas de policía locales. Una pregunta inquietante queda flotando en el ambiente: ¿para qué necesitan el DHS y la policía vehículos blindados antiminas? La presencia en las calles de estos monstruos artillados de 19 toneladas irá convirtiendo las ciudades en zonas de guerra donde el enemigo será el pueblo estadounidense.
En siniestra armonía con este contexto, en mayo de 2012 (3) se supo de la existencia del “Army Field Manual 3-39-40: Internment and Resettlement Operations” (Manual de Campo del Ejército 3-39-40: Operaciones de Internamiento y Reubicación). El documento, de 326 páginas, describe las medidas que tomarían los militares para internar y reubicar a grandes masas de población, no sólo en países extranjeros sino también en territorio estadounidense. El Ejército manejaría estos campos de internamiento en estrecha colaboración con el DHS, con la “Federal Management Agency” (FEMA) [Agencia Federal para el Manejo de Emergencias], y con “Inmigration and Customs Enforcement” (ICE).
El documento del Pentágono fue elaborado durante la administración de George W. Bush. El 8 de diciembre de 2008 se autorizó su distribución exclusivamente entre funcionarios del Departamento de Defensa (DOD). Con este fin fue impreso y en febrero de 2010 se distribuyó con una nota ordenando su destrucción por cualquier medio capaz de impedir la divulgación de su contenido o su reconstrucción (4). En mayo de 2012, el documento se filtró al sitio web “PublicIntelligence.net” y de allí a numerosos sitios de Internet (5).
En la clasificación de los internados que orienta el manual se incluye la categoría de “civilian internees” (prisioneros civiles) que serían detenidos “por razones de seguridad, por protección, o porque han realizado acciones contra el poder constituido”.
Los internos serían “reeducados”. El manual explica cómo serían “adoctrinados”, en particular los adversarios políticos. Este proceso de reeducación sería responsabilidad de “Psychological Operations Officers” (“PSYOP officers”) [Oficiales de Operaciones Psicológicas] cuya función es diseñar programas “con el objetivo de pacificar y adaptar a los detenidos para que acaten a las autoridades de la instalación y acepten sus regulaciones”. Ya conocemos los métodos de “adaptación” utilizados en Abu Ghraib, Guantánamo y otros lugares.
De acuerdo a las instrucciones del manual, el oficial PSYOP tiene, entre otras funciones, las de identificar a los descontentos, a los agitadores entrenados y a los líderes que pudieran organizar resistencias o provocar disturbios, y realizar programas de adoctrinamiento. En la página 284 se describe como “los malcontentos, alborotadores, agitadores y activistas políticos con capacidad para intentar organizar resistencias o crear disturbios dentro de la instalación” serían confinados “en recintos aislados para impedirles el acceso al resto de los internos”. El documento establece también en su página 277 que el campo de reeducación sería también un campo de trabajos forzados para aprovechar al máximo la fuerza de trabajo tanto calificada como no calificada. En los capítulos 9 y 10 se explican las condiciones necesarias para que los internos puedan ser reubicados o quedar en libertad condicional cuando dejen de ser una amenaza.
En el manual está clara la intención de crear campos de internamiento para la reeducación de activistas políticos, entre otros prisioneros. Que se trata de ciudadanos norteamericanos no existe duda ya que, de acuerdo al manual, los prisioneros serían identificados mediante “su número del Seguro Social”. El pronóstico represivo se ensombrece aún más con la ley aprobada en 2012 por el presidente Barack Obama (“National Defense Authorization Act”) que permite la detención por tiempo indefinido sin el debido proceso judicial, de ciudadanos norteamericanos.
Debemos precisar que no se trata aquí de uno de los tantos planes de contingencia que acostumbran preparar los oficiales de estados mayores para hacer frente a todo tipo de situaciones hipotéticas, sino de un manual de operaciones práctico, concreto, aprobado y listo para su inmediata utilización una vez que el presidente deje sin efecto el “Posse Comitatus”, la ley que prohíbe a los militares estadounidenses intervenir en los asuntos domésticos.
Se acusa a los medios alternativos, cuando tocan este asunto, de inventar conspiraciones sin fundamento. Sin embargo, el Manual 3-39-40 existe, nadie ha negado su autenticidad, describe el internamiento en campos de concentración de personas por sus creencias políticas, y permanecen ahí como una espada de Damocles sobre la cabeza de todo aquel cuyas ideas constituyen un desafío para el sistema.
NOTAS
(1) La gran nación Sioux incluye tres naciones principales: Lakota, Dakota y Nakota, cada una de ellas se compone de varias tribus.
(2) Su nombre en lengua lakota no significa “caballo loco” sino “el que tiene un caballo loco”, lo cual, obviamente, tiene un significado totalmente distinto. Su nombre quedó para la historia en la forma peyorativa que le impusieron sus enemigos.
(3) Black Hills es un sistema montañoso aislado en las grandes llanuras, que abarca un área de 21.824 kilómetros cuadrados. Su mayor altura es el “Harney Peak” con 2.208 metros. Además de sus recursos mineros y forestales posee grandes atractivos turísticos.
(4) Comité de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales, llamado comunmente Tercer Comité.
(5) Este Comité fue establecido en 1961 por la Asamblea General con el fin de monitorear la implementación de la Declaración de Naciones Unidas sobre la independencia de los países y pueblos coloniales.
(6) ICTMN Staff: “Native Nations Recommended to Have Access to Decolonization Committee”, Indian Country Today Media Network, Nov. 5, 2013.
(7) “Mine Resistant Armored Protected Vehicules” (MRAPs) [Vehículos Blindados Resistentes a las Minas]. Provienen de los escenarios de guerra y en West Point, Mississippi, son reparados y mejorados con tecnologías más avanzadas.
(8) Nikolai Malishevski: “Everyday Life of Superpower or What US Needs Syria for?”, Strategic Culture Foundation, Oct. 7, 2013.
(9) J. M. Berger: “Did You Hear the One about U.S. Internment Camps?”, Foreign Policy, May 17, 2012.
(10) “DESTRUCTION NOTICE: Destroy by any method that will prevent disclosure of contents or reconstruction of document”.
(11) Puede examinarse íntegramente en: http://info.publicintelligence.net/USArmy-InternmentResettlement.pdf
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