Por Carlos Del Frade
(APe).- Un asesinado por día durante la primera quincena de 2015.
La geografía repite el nombre, Rosario. La ex ciudad obrera que durante el tercer fin de semana del año se dejará arrastrar detrás de los ruidos, los colores y el gran negocio del Dakar.
-A la policía los narcos le pagan tres mil pesos por semana para poder vender tranquilos. Cuando estaba Gendarmería la cosa era distinta porque a ellos no los podían comprar – le decía a los medios de comunicación, Mercedes, hermana del Germán Carabajal, un muchacho de 27 años, que estaba prófugo por otro asesinato producido en junio del año pasado. A Germán lo mataron por alguna deuda con una de las tantas banditas vinculadas al narcotráfico, ese negocio paraestatal que ocupó el agujero negro dejado por el fenomenal saqueo de las fuentes laborales durante los años noventa y que nunca fue cubierto por una presencia virtuosa del estado.
En la intimidad de estos nuevos números del espanto, en esos necesarios por qué que no suelen buscarse cuando rugen los motores del Dakar, hay un barro marcado por el dolor. Se llama Santa Lucía, surgido como producto de la relocalización de una villa que llevaba ese nombre a fines de los años noventa. De esa quincena de vidas ausentes antes de tiempo, tres asesinatos se cometieron en ese rincón oeste de la ex ciudad industrial, portuaria y ferroviaria.
-Me toca de cerca ya que fui docente de estos chicos… Lo cierto es que si no son, no fueron ningunos santos, como dijo una de las madres. Pero también es cierto que por un lado son el producto de por lo menos 10 años de la deshonesta relación de la policía y la sociedad, del estado y los ciudadanos, y el barrio y su contexto – dice el maestro Raúl Carrizo en diálogo con Pelota de Trapo.
“No superaban los 20 años, y desde que yo los conocí muy chiquitos, ya sabían del destino de corrupción y violencia al que está sometido su barrio y su territorio, en manos de la lucha entre el poder policial ambicioso y corrompido, y los "trabajadores" de la merca, el narco como verdadera industria… Me cansé de denunciar la intervención en el territorio de los narcos bajo la connivencia en este caso de la comisaria 22… Lo que obtuve fueron amenazas de parte de la policía, y el corte de mi contrato. Hablaba de la nefasta relación del estado, y ahí parecen muchos de los funcionarios políticos, pero también muchos talleristas a los que sólo les importa cobrar su sueldo ya que o son ñoquis, o están ahí por un fondo que les ayude a otros objetivos…”, sigue recordando Raúl, con dolor y valentía.
Para Carrizo, “estos chicos que hoy son víctimas porque fueron victimarios, primero fueron víctimas de un estado y una sociedad egoísta que sin darle nada les exige un destino de redención... entonces cuando no pueden cumplir con el destino son el chivo expiatorio de un capitalismo que necesita el riesgo, la inseguridad para ejercer el estado de control y vigilancia... que luego deviene en el bienestar de unos pocos, la corrupción de muchos, y la miseria de otros muchos... desde ya un abrazo a las familias que han perdido a alguien, víctima de la violencia, y sepan que la violencia no viene en frasco y se toma, la violencia se construye con los años”, termina diciendo.
Y más allá de las voces que en estos días se escucharon en los grandes medios de comunicación de la región, decenas y decenas de vecinos señalan otras realidades, entre ellas, la construcción de una nueva zona liberada de parte de los nichos corruptos de La Santafesina SA.
Vecinas y vecinos que representan a numerosas familias que quieren otro presente para ellos y sus hijos.
Ellos cuentan que la realidad del barrio Santa Lucía es consecuencia de una profunda exclusión social agravada en los últimos años. Tres asesinatos en 36 horas marcan la presencia de muchísimas armas en la vida cotidiana de casi 3 mil personas que intentan gambetear las urgencias cotidianas a partir del trabajo que no es fácil encontrar.
Las vidas arrebatadas son las cortas existencias de chicos menores de veinte años que no forman parte de bandas organizadas sino de enfrentamientos familiares, muchos de los cuales parecen estar coordinados por los nichos corruptos de la policía provincial.
Hay angustia en decenas y decenas de familias que pelean por vivir mejor en el barrio.
Las pocas presencias virtuosas del estado, provincial y municipal, cierran sus puertas a horas muy tempranas y el repliegue de gendarmería parece haber producido, en forma paralela, una especie de zona liberada que padecen vecinas y vecinos.
Las voces que se escuchan, los relatos que aparecen en los grandes medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, no reflejan este cuadro de situación que viene desde hace años.
El servicio público de justicia debería tomar nota de otras voces que, por ahora, no han podido expresarse en torno a este principio de año feroz que sufre la comunidad de Santa Lucía. Hay una auténtica y palpable necesidad de producir una pronta acción estatal para desarmar ciertas familias y evitar mayores dolores. La presencia de vecinos de otros sectores de la ciudad y los anuncios de posibles ocupaciones enrarecen aún más el clima por estos primeros días de 2015. Es fundamental que las instituciones se acerquen cuanto antes al barrio para llevar algo de tranquilidad a los habitantes de Santa Lucía que, por otra parte, desde hace años vienen peleando por una vida mejor y con esperanzas concretas para sus hijos.
Esas chicas y esos chicos a los que quieren verlos vivir y no morir.
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