El 25 de Mayo de 1811, mientras se encontraba en el Alto Perú, (actual Bolivia), Juan José Castelli, integrante de la Primera Junta de gobierno patrio, decidió convocar a festejar el primer aniversario de la Revolución de Mayo, en el Tiahuanaco, lugar sagrado que la cultura aymara. En un acto simbólico, rindiendo homenaje a los pueblos originarios de nuestro territorio, Castelli proclamó el derecho a la igualdad política y de propiedad de la tierra. A los “ayllus” (comunidades indígenas) los convocó a elegir por voto a sus caciques para que participaran de las instituciones de gobierno, reivindicó su derecho a tener cualquier empleo o destino, y convocó a analizar las medidas necesarias para garantizar el respeto de sus tierras.
En la “semana de Mayo” de 2013, mientras nos movilizábamos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a Plaza de Mayo en repudio a la represión, al espionaje y a la criminalización de la protesta, en la localidad de Juan José Castelli, Provincia del Chaco, la policía del gobernador Capitanich lanzaba repetidos ataques contra la comunidad Qom.
Las organizaciones originarias reclamaban por su legítimo derecho a decidir acerca del destino de la ayuda alimentaria que el gobierno provincial destina a las comunidades de El Impenetrable, vivienda digna y trabajo para sus cooperativas. Decenas de manifestantes resultaron heridos y detenidos, mientras que, Florentín Díaz y su hijo, miembros de la comunidad Qom Curushy, murieron escapando de la represión.
Dos días después, el viernes 24 de mayo, en Santiago del Estero, la comunidad indígena Tonocoté fue sorprendida a las cinco de la madrugada con una orden de desalojo del Juez Guillermo Tarchini, pariente político del Gobernador Zamora, sobre 20 hectáreas aledañas al patio del “Indio” Froilán. Las topadoras arrasaron con todo a su paso sobre terrenos pertenecientes a la comunidad indígena, y fueron detenidos: Kamachej Walter Barraza y Fredi Lunas.
En el blog oficial de la Comunidad Tonocoté, se expresó un repudio contra la represión y se informó que los heridos por el accionar represivo fueron:
Patricia Santillán - (37 Años) embarazada, golpeada y herida con balas de gomas.
Graciela López - (42 Años) golpeada y con heridas de bala de gomas.
Axel Santillán - (3 Años) herido con balas de gomas.
José López - (11 Años) herido con balas de gomas en el rostro y en el cuerpo.
Andrés Santillán - (19 Años) herido con balas de gomas en el cuerpo.
Los ataques continuos y sistemáticos a las comunidades originarias, especialmente de Formosa, Santiago del Estero y Chaco, pretenden frenar su justo reclamo por la tierra y el agua, beneficiando la concentración de la tierra en manos de pocos y el avance de la “frontera sojera”. Día a día se multiplican estos ataques que dejan un saldo impactante de procesados, detenidos, muertos y heridos. No nos podemos acostumbrar, la represión no puede ser naturalizada. Exigimos la inmediata investigación de todos los crímenes y el castigo de los responsables políticos y materiales y reivindicamos el derecho de nuestros hermanos originarios a sus tierras.
La criminalización y la represión de las luchas buscan inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. Cada vez es más evidente la intención de correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un “delito”, una “amenaza para el orden legal”, una “violación a la ley”, deslegitimando la lucha, sobre todo, cuanto más lejos se está de querer resolver la situación que dió origen a la protesta.
En los últimos dos meses, Formosa, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Misiones, Santa Cruz, Jujuy, La Rioja y Chaco, han sido escenario y evidencia del uso de la fuerza y la violencia estatal como mecanismos privilegiados de control social. Las luchas por tierra y vivienda, por trabajo, por salarios dignos, contra la tercerización, por los derechos de los pueblos originarios, contra la devastación de nuestros recursos naturales, contra la megaminería, en defensa de los derechos a la salud y la educación, contra esta política a favor de los arriba, encuentra cada vez más, una respuesta represiva.
A diez años de la asunción de Néstor Kirchner y ya atravesando el segundo mandato de Cristina Fernández, afirmamos que la represión y la persecución a los luchadores siguen siendo políticas de Estado, para sostener un “capitalismo serio” que garantiza las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares.
Hoy, 25 de Mayo de 2013, más que nunca, damos nuestro presente a los 30.000 compañeros detenidos -desaparecidos durante la larga noche genocida y, también, a las decenas de hombres, mujeres y niños desaparecidos y asesinados en estos treinta años de democracia.
Por todo ello seguimos exigiendo:
¡ Basta de asesinatos, represión y persecución !
¡ Basta de criminalización de la protesta y la pobreza !
¡ Basta de espionaje e infiltración al movimiento popular !
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