Se realizó ayer por la tarde la conferencia de prensa en la CTA Nacional para anunciar la decisión de "luchar por la anulación de la legislación que criminalizará aún más la protesta social", junto a partidos políticos, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos.
Estuvieron presentes en la misma, José Schulman y Graciela Rosemblum, por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Humberto Tumini, de Libres del Sur; Jorge Altamira y Marcelo Ramal, del Partido Obrero; Vilma Ripoll y Alejandro Bodart, del MST; Alcira Argumedo, de Proyecto Sur; Martín Orgando, de Juventud Rebelde 20 de Diciembre; Alejandro Lipcovich y Juan Manuel Kart, de la FUBA; Ana Laura Lastra, del PTS; Mónica Scandizzo, de la Junta Interna de ATE - INDEC; Nicolás Tauber, de Liberpueblo; Graciela Vargas, de la Asociación de Ex - Detenidos - Desaparecidos (AEDD); Oscar Rodríguez y Alicia Peralta, de la APDH de La Plata; Santiago Gándara, Secretario General de AGD - UBA; Gustavo Vera, de La Alameda; Víctor Mendibil, Secretario General de la Federación Judicial Argentina; Ana María Careaga, del Instituto Espacio por la Memoria (IEM) y Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora.
Ricardo Peidró, Secretario Adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina, dió comienzo al encuentro informativo con una noticia que ya sabíamos: “Ya está publicada la ley en el Boletín Oficial”, tras lo cual afirmó que “es una ley represiva. Tenemos que lanzar una lucha para que sea anulada” y convocó a marchar hacia la Plaza de Mayo.
Pablo Micheli, Secretario General de la CTA, sostuvo que “con esta ley hasta Gandhi sería tipificado como terrorista”, mientras que Peidró explicó que resulta contradictorio que un gobierno con un proyecto de país "nacional y popular" promulgue una ley de estas características, simplemente por un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), señalando que 15 personas fueron asesinadas por reclamar tierra y trabajo, y más de 5.000 personas se encuentran procesadas por defender sus puestos de trabajo, concluyendo que “lo que se está preparando es el disciplinamiento de los trabajadores frente a la crisis”.
Por otra parte, Hugo Blasco, Secretario de Derechos Humanos de la CTA, afirmó que es una falacia la ley sancionada por cuanto constituye una pérdida de soberanía y remarcó que el GAFI "es un invento de los organismos multilaterales” para, luego, señalar que “lo que está detrás es el límite del modelo de desarrollo. Ya no pueden hacerse los distraídos con las muertes: necesitan legalizar el mecanismo de la represión”. Con respecto a la interpretación judicial, teniendo en cuenta el origen dictatorial de buena parte del Poder Judicial, afirmó que “esta ley no es más que otra sumisión a los organismos multilaterales que responden al gendarme del mundo que es Estados Unidos”, recordando la inserción de nuestro país en el G - 20 y concluyó afirmando que “esta ley ya fue promulgada y puede empezar a tener efectos sobre nosotros”.
Cabe destacar que la ley promulgada establece que las penas se incrementarán en el doble del mínimo y el máximo “cuando delitos previstos en el Código Penal se cometieran para aterrorizar a la población” y ello, se le agrega el artículo 41 quinquies, el que prescribe que “cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.
La conferencia finalizó con la convocatoria a la marcha prevista para esta tarde a las 17 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio para caminar a la histórica Plaza con el fin de exigir la nulidad de la ley.
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