Se aprobó la Ley Antiterrorista en el Senado.

Con 39 votos a favor y 22 en contra, se aprobó esta madrugada la Ley Antiterrorista en el Senado de la Nación.

La Senadora Vilma Ibarra, hermana del ex - Jefe de Gobierno de la Ciudad Aníbal Ibarra, defendió el proyecto del Ejecutivo señalando que “enfrentamos al terrorismo internacional y al narcotráfico, respetando el derecho internacional sobre Derechos Humanos” y destacó el liderazgo de nuestro país en la materia. Asimismo, recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel para, luego, afirmar que  “sabemos de lo que estamos hablando”. Por otro lado, explicó que la figura de la asociación ilícita está enmarcada en la doctrina dogmática del Código Penal.

El bloque de la UCR observó el proyecto, considerando que la figura mencionada anteriormente fue utilizada en forma abusiva por los jueces e inclusive, destacaron, se usó para la persecución política.

Al fundamentar su voto en contra, el Senador Giustiniani, del Partido Socialista afirmó que “con la premisa de ganar eficacia, muchas veces se sacrifican garantías constitucionales” y señaló que el fundamento de la polémica reforma es la conocida “guerra preventiva”, tras lo cual sostuvo que “el concepto de terrorismo es tan equívoco que el norteamericano Brian Jenkins, experto en el tema, dijo que terrorismo es lo que hacen los malos”.

Abuelas de Plaza de Mayo había objetado el proyecto del Ejecutivo, al señalar que "el proyecto tiene algunas deficiencias legales e imprecisiones en sus definiciones que podrían generar un impacto muy distinto al que se proclama y derivar, así, en la criminalización de la protesta social" y recordaron que "si bien el gobierno nacional sostiene una política de no represión, los jueces, como poder independiente, serán quienes apliquen e interpreten esta ley". Asimismo, indicaron que "gobiernos provinciales con un perfil diferenciado al del gobierno nacional también podrían encontrar la oportunidad de impulsar prácticas represivas de la protesta", en clara alusión a Mauricio Macri y destacaron que un gobierno conservador en el poder podría "reprimir la protesta social al amparo de esta ley"

El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), junto a varias organizaciones sociales y ambientalistas, enviaron una carta al Senado manifestando que "el proyecto tiene graves falencias que requieren una mayor discusión parlamentaria, ya que las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no salvan los problemas de constitucionalidad y de política criminal advertidos". En declaraciones a la prensa, Andrea Pochak, Directora Adjunta del organismo, señaló que el proyecto no es preciso a la hora de definir cuál es la conducta prohibida y afirmó que “no es lo mismo cometer hechos terroristas, que formar parte de una organización que comete hechos. Acá se condena la pertenencia a esa organización y precisamente el derecho internacional lo que reprime es la conducta terrorista”.

El Dr. Eugenio Zaffaroni, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmó que ambos proyectos constituyen "una extorsión que nos hace el organismo GAFI, de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas” y aclaró que la ley antiterrorista no sólo no es necesaria sino que “es un disparate”, en declaraciones a Radio Nacional Córdoba.

Asimismo, explicó que la mencionada extorsión se refiere a las sanciones económicas que podría sufrir nuestro país, como producto de la no sanción de esta reforma al Código Penal, pero aclaró que el organismo carece de facultades para imponerlas. Con respecto a la tipificación, afirmó que “poner un tipo penal así depende de quién lo maneje. En algún momento lo puede manejar alguien contra la protesta social, contra sindicatos, etcétera” y explicó que “la financiación de una organización que haga eso es instigación o es complicidad. Y es complicidad necesaria y por lo tanto tiene la misma pena”.