Héctor Alejandro Alonso, quien tenía 17 años, fue golpeado y torturado mediante la práctica de submarino seco y submarino húmedo por parte de policías de la Seccional 6ª de Tolosa, lo cual fue denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría Penal Juvenil Nº 16.
Tras la denuncia, acreditada por los peritos judiciales al momento de ser ésta efectuada, se relevó a los agentes policiales de la comisaría mencionada, a quienes se les instruyó sumario administrativo. Sin embargo, éste no avanzó debido a los mecanismos institucionales que permiten el encubrimiento de los hechos, según informó el organismo provincial y al no haberse imputado delito alguno, debido a la inacción judicial, quedaron sin efecto los pases a disponibilidad y los agentes volvieron a trabajar.
Cabe destacar que este caso motivó la intervención de la Organización Mundial Contra la Tortura, según informaron, la que solicitó medidas de protección y reparación a la víctima como también una exhaustiva investigación y el apartamiento de su cargo a los responsables de los hechos al Estado Nacional, provincial y municipal. Sin embargo, señalaron, no se cumplió con lo solicitado por dicho organismo internacional por parte del Estado a través del Poder Ejecutivo y/o Judicial. Tan sólo le fue brindada la protección por parte de la Comisión Provincial de la Memoria y el Fondo de Asistencia a Víctimas de Torturas de la ONU, esto último a través de CODESEDH.
Según afirmaron, "el grave retardo judicial y el entorpecimiento de la investigación se reitera en diferentes actuaciones donde se encubre y desnaturalizan estos hechos que son calificados como delitos menores de apremio y vejaciones, para así eludir la calificación de torturas, que implicaría penas más graves para sus autores" y destacaron que "la Fiscalía no sólo no investigó, sino que omitió cumplir con la Resolución 1390 de la Procuración General, las Reglas Básicas sobre investigación de casos de tortura (Protocolo de Estambul) y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (arts. 1, 2,5, 6,12), que señalan la obligatoriedad de perseguir y sancionar estos delitos, castigar a sus responsables y asistir a las víctimas".
Ahora, el Fiscal Dr. Fernando Cartasegna, titular de la UFI Nº 4 de La Plata, solicitó su apartamiento de la causa, pese a no haber investigado los hechos denunciados en ella, alegando "sentirse ofendido por que un denunciante informa a la Procuración el estado de la causa y la ausencia de todo impulso procesal", según afirmaron.
Sin embargo, enfatizaron que "el pedido de apartamiento ocurre tras no haber realizado ningún acto de prueba de entidad, manteniendo la carátula de ' Severidades, vejaciones y / o apremios ilegales ', sin citar a nadie a declaración indagatoria" y señalaron que el joven Alonso "fue reiteradamente hostigado y perseguido por la policía bonaerense", como también "se fraguaron contra él causas judiciales y se le hicieron allanamientos sin orden judicial o incluso autorizado por la misma fiscalía" durante la tramitación del expediente judicial por su denuncia de torturas contra los agentes policiales.
De esta forma, consideraron que "la deficiente actuación judicial demuestra las falencias estructurales de la Provincia de Buenos Aires para investigar y perseguir los casos de torturas".
En declaraciones a la prensa, el Dr. Roberto F. Cipriano Garcia, Director del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, solicitó el avance urgente de la causa penal y el cumplimiento de la Resolución 1390 con el fin de profundizar la actuación de las Fiscalías en las causas donde se investigan los delitos cometidos por funcionarios públicos al Ministerio Público Provincial y reiteró el pedido acerca de la elaboración de protocolos de investigación para los casos de torturas, como también el análisis de la responsabilidad de aquellos funcionarios que incumplen con sus deberes.
Asimismo, Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, señaló que "el Poder Ejecutivo provincial debe cumplir con lo requerido por los Organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano", con respecto a la necesidad de investigar los delitos vinculados a los Derechos Humanos como también asistir y reparar a las víctimas que sufren su violación. Por otro lado, afirmó que, "ademas de las investigaciones judiciales, las investigaciones administrativas deben sancionar de manera contundente a quienes vejaron, torturaron y luego trataron de presionar o chantajear a un pibe" por cuanto "si no se toman las medidas que corresponden, se invita a repetirlos sobre otros menores y se consagra un circuito de impunidad”.
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