El pasado lunes comenzó el juicio contra Eduardo Luis García y Adriana Aguero (enfermeros), Gustavo Daniel Lerer (bioquímico) y Marcelo Aníbal Mansilla (técnico de laboratorio), delegados del Hospital Garrahan, quienes fueron imputados por presuntas amenazas coactivas a dos inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación durante la huelga realizada el 27 de julio de 2005, mientras éstos realizaban un control del cumplimiento de las guardias mínimas.
El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 de la Capital, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Alejandro Litvack y María Cristina Deluca Giacobini.
Al inicio, fueron indagados los cuatro compañeros, luego de ser formalmente acusados por el Dr. Horacio Fornaciari, titular de la Fiscalía General N° 27, mientras que ayer seguían declarando los testigos.
Cabe destacar que se llega a esta instancia, luego del dictado de una falta de mérito y del sobreseimiento en una causa por esta misma huelga por la cual son acusados en este juicio, lo cual solamente puede explicarse por una persecución política en un claro intento de criminalización de la protesta social.
Una gran movilización acompañó a las y los compañeros, convocada por la conducción de ATE y CTA a nivel nacional y de esta Capital, junto a CORREPI y otros organismos de Derechos Humanos, durante el inicio de este juicio, lo cual volverá a ocurrir este viernes cuando se conozca el fallo.
Las acusaciones se caen.
La inspectora del Ministerio de Trabajo supuestamente amenazada por los trabajadores del Garrahan, declaró ante el Tribunal que hizo la denuncia porque así se lo ordenó Noemí Rial, la viceministra de Trabajo de la Nación y sostuvo que lo que ella vió cuando fue al Hospital es lo común de cualquier conflicto.
Sin embargo, Rial le ordenó hacer la denuncia varios días después.
A partir de esta crucial declaración, el Tribunal resolvió citar a declarar a la viceministra de Trabajo de la Nación, tras haber sido solicitado por los abogados defensores Luis Bonomi, María del Carmen Verdú, Claudia Ferrero, Fernando Horacio Molinas y Juan Carlos Capurro.
Comienza a advertirse claramente la intencionalidad política, a través de una nueva judicialización de la protesta social.
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