La versión oficial sigue con su letanía, ahora, de 54 muertos. Mientras tanto, dos jueces se disputan la competencia en la investigación y hace unos días, se conoció la desmentida del sacerdote Daniel Quintar a sus dichos publicados por varios medios, incluido el nuestro, aseverando que ni siquiera tiene cuenta de correo electrónico.
Por otro lado, siguen las denuncias de familiares y ante ello, la Comisión Provincial de la Memoria estará recibiéndolas en el intento de echar un poco de luz sobre esta oscura faceta de las inundaciones platenses.
Sin embargo, el listado oficial no menciona a niños o personas con discapacidad fallecidas. En el primer caso, llama la atención por cuanto quienes primero sufren las consecuencias de las correntadas son ellos, teniendo en cuenta que la crecida mayor se dió entre las 18.00 y las 21.00 hs., mientras que en el segundo, es posible que pase desapercibido si ello no es denunciado por sus propios familiares.
Pero no es casual este límite al número de fallecidos. En un año electoral, ello resulta nefasto por cuanto puede modificar el sentido de los votos. Y eso también lo saben, oficialismo y oposición. De allí, entre la búsqueda de la verdad y la intencionalidad política, existieron altibajos en las cifras conocidas en los últimos días. Sin embargo, lo que cuenta es la actividad judicial que, para variar, en la provincia de Buenos Aires no es santa y conserva muchas de las mañas de la dictadura, salvo honrosas excepciones.
En el medio de este bullicio político y judicial, dos jueces se dedicaron a investigar algo de lo que sucedió. El juez Luis Arias, del fuero Contencioso - Administrativo, con respecto a las irregularidades administrativas en la confección de los listados oficiales de víctimas fatales por la inundación y el juez Guillermo Atencio, de Garantías, sobre los fallecidos por la inundación. Y ambos son cuestionados, ya sea desde el oficialismo o la oposición, pero se olvidan las competencias de cada uno de ellos, algo que tendrá que dirimir la Corte Suprema provincial.
Lo cierto es que Arias siempre molestó al sciolismo. Desde hace tiempo, viene señalando las iniquidades del gobierno provincial en las diferentes causas que interviene y su intervención en el expediente iniciado por el Defensor Oficial Julián Axat, del Fuero de Responsabilidad Juvenil, quien denunció la sospecha de irregularidades en la confección de la lista oficial de víctimas fatales, puede comenzar a dar cuenta de los procedimientos irregulares de la Bonaerense tal como denunciara en una conferencia de prensa donde afirmó que, el martes por la tarde, la policía no lo dejó ingresar a la morgue donde concurrió por unas diligencias y señaló que “tenemos que evitar estas acciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se siente tan avalada por el poder político que hasta se cree con derecho de impedir las diligencias judiciales impidiendo a los jueces ingresar a la morgue policial” para, luego, agregar que “la policía se ha autonomizado de tal manera en la provincia de Buenos Aires, que ni siquiera los jueces podemos cumplir nuestras órdenes judiciales”.
También implicó fuertemente a la Policía, con respecto al falseamiento de actas defunción, afirmando que “esto tiene que ver con una práctica, con un modus operandi de la policía que ha heredado de la dictadura militar y todavía no hemos podido erradicar, que es la situación de falsear certificados de defunción, diciendo que una persona falleció de un paro cardio-respiratorio no traumático, cuando en realidad se ahogó por causa de la inundación” y señaló que ello puede tener consecuencias futuras, "porque el día de mañana la policía nos mata un chico de un balazo en la cabeza, en el certificado ponen paro cardio respiratorio no traumático y lo manda a cremar como está sucediendo en esta causa, y nadie se entera”.
Un claro ejemplo de las irregularidades fue lo acontecido con el deceso de Hebe Oleastro, de 76 años, quien no figura en el listado oficial y sufriera una descompensación cuando el agua comenzó a entrar a su casa. Su hijo declaró en el juzgado de Arias que “en medio de la tormenta tuvo un ataque e intenté revivirla, llamé a la ambulancia, pero no podían ir, me decían” y desde el CIAJ señalaron que “Oleastro falleció a las 21 hs y la ambulancia recién pudo llegar a las 5.30 de la madrugada”.
El cuerpo de la mujer fue entregado a la familia a través de la funeraria, “sin realizarse ninguno de los pasos que se estaban haciendo con las personas fallecidas ese día”, afirmaron desde el CIAJ, siendo velado el miércoles 3 de abril.
Por otra parte, con respecto a la inhibitoria solicitada por el juez Atencio, sostuvo que no tiene dudas acerca de su competencia y que lo solicitado, afirmó, "es una maniobra procesal, para que la causa se vaya a la Corte y pueda permanecer ahí un año, seis meses, o más” y ello "va a impedir la realización de las medidas que tenemos requeridas, algunas muy urgentes, y si la causa vuelve dentro de 15 días esas medidas se van a perder para siempre”. Por otro lado, recordó que su colega de Garantías "“es un magistrado cuestionado, por diversas irregularidades, tiene un jury avanzado por cuestiones graves” y con respecto al listado, afirmó que "yo puedo entender que el Ejecutivo diga me planto en 51 y se acabó, pero no puedo entender que un magistrado diga eso, el magistrado está para investigar y no puede cerrar una puerta”.
El pedido de jury al juez y al defensor oficial fue presentado por los legisladores Alberto de Fazio y Lorenzino, al considerar que la investigación no es de su competencia al tratarse de delitos penales...
En la nota "No son 54 muertos", de Victoria Ponce, publicada en plazademayo.com, se afirma que el listado oficial de muertos se confeccionó con aquellos decesos denunciados a la justicia penal pero no con los denunciados través del 911, ratificando el proceder de la Bonaerense que deliberadamente "permitió que los familiares enterraran los cuerpos, incluso que los inhumaran, sin que se haya podido constatar judicialmente las causas de la muerte y sin informar a la justicia como deben hacer cuando se trata de muertes traumaticas".
"Tampoco figuran en la lista menores de edad, lo que choca con los testimonios de varios vecinos que han visto niños arrastrados por el agua y que están muertos o desaparecidos. No figuran Ada Teresa Rodríguez de Castro, Edgardo Reguera y Nélida Reyes, que si están en la nómina de la Policía Científica", afirma la periodista, reconfirmando las acciones del juez Arias.
Sin embargo, el gobernador Scioli tuvo que reconocer la existencia de 37 muertos más, aunque negando la relación con el temporal tras adjudicarlas a circunstancias ajenas a la inundación, mientras hubo personas murieron esperando atención médica, al igual que en los mismos hospitales afectados por el temporal, debido a paros cardiorrespiratorios producidos por el frio, o por la falta de luz y de gas.
"En el Hospital Español hubo tres fallecidos entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles, en el Hospital San Roque de Gonnet hubo cinco que tampoco están en la lista oficial. En el Hospital San Martin el número aún no está claro, pero sería más elevado. El sistema de Salud debe informar en detalle las causas de esas muertes y el Ministerio de Seguridad debe actualizar la nómina de muertos", afirmó Ponce. Sin dudas, las competencias están claras: a Arias, le corresponde la investigación por estos malos procedimientos y al juez Atencio, la correspondiente a las causas de los decesos.
Pero el juez de Garantías está muy cuestionado desde hace tiempo. Su intervención en los casos de Miguel Bru, el estudiante de periodismo desaparecido en La Plata; en el desalojo de Mafissa, en el 2003 y en el caso de Claudio Manrique, a quien condenó por usar pollera, como su conocida actuación junto al fiscal Garganta en el caso del karateca Martínez, hablan de una actuación bastante oscura y en complicidad con el poder policial y político.
Atencio fue denunciado por la Asociación Miguel Bru, hace varios años y algunos diputados analizan pedir su juicio político junto al fiscal Condomí por las irregularidades en la sustanciación de la causa penal por las inundaciones.
Dudas. Dos jueces. Y una gran especulación política sobre la cantidad de víctimas fatales. Sin dudas, las elecciones de octubre metieron la cola y las consecuencias están a la vista...
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