La Coordinadora Antrrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP) informó, mediante un comunicado de prensa, los alcances de un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional tendiente a ampliar la criminalización de la protesta social que fuese inaugurada con la Ley Nacional Nº 26.268, sancionada en el 2007, tipificando los delitos de "asociación ilícita terrorista" y "financiación del terrorismo".
Con respecto a esta norma vigente, afirmaron que "no es menor que sea una ley para combatir el ' terrorismo ', ya que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por ' terrorismo ', indicando que ello suele ser utilizado para "demonizar al opositor político". Según señalaron, los intereses políticos del imperialismo norteamericano utilizan el calificativo de "terrorista" con la finalidad de perseguir a quienes se oponen a su política, sea cual fuere la modalidad y lugar de la resistencia.
Destacaron que esta ley permite detener y acusar de "terrorismo" a cualquier persona sin que sea necesaria la comisión de actos cuyo objetivo sea provocar la muerte o causar lesiones graves "a un grupo indeterminado de civiles que no intervengan activamente en un conflicto armado". De esta forma, se podría sancionar con penas altísimas "a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que simplemente intente reclamar activamente ante el Estado o algún organismo internacional", según señalaron, a través de la tipificación de las "asociaciones ilícitas terroristas" cuyo fin sea “aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” y solamente requiere probarse que la organización "tenga un plan de acción destinado al odio étnico, político o religioso, estar organizado en redes internacionales y contar con cualquier medio idóneo para poner en riesgo la vida o integridad de un número indeterminado de personas", lo cual resulta muy difuso y quedando a una libre interpretación de los jueces.
Con respecto al nuevo proyecto, que postula la derogación de la norma mencionada anteriormente, indicaron que requiere simultáneamente la aprobación de una legislación con un alcance mayor y que permita la "aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983".
Lo que promueve el Ejecutivo Nacional es la incorporación del Art. 41 quinquies al Código Penal, estableciendo "que se tipifica como terrorista cualquier delito que tenga como finalidad la de aterrorizar a la población; este requisito permite a jueces y fiscales aplicar el doble de las penas de los delitos de los que se acuse a los involucrados, en el marco de cualquier acción reivindicativa, movilización, huelga, ocupación de tierras, ocupación de la vía pública u otras acciones enmarcadas en la lucha social y política, si entendieran que esto ' aterroriza a la población' ”. Enfatizaron que resulta factible imaginar la aplicación de esta figura con suma facilidad; más aún, con los miles de compañeras y compañeros procesados por luchar, y las campañas mediáticas destinadas a asimilar la protesta social "con acciones que atemorizan al resto de la población", según indicaron.
De este modo, la ocupación de una ruta, del espacio público o una tierra, o realizar medidas de fuerza sindicales que tengan como objetivo exigir a las autoridades, cualquiera sea su jurisdicción, que hagan o se abstengan de hacer algo será un delito grave, a través de la calificación de "acción terrorista", por el cual muchas y muchos compañeros podrían ser privados de su libertad por ello.
Ejemplificaron esta nueva normativa con la situación de los compañeros del FAR, procesados por manifestarse contra las políticas criminales del Estado de Israel, quienes enfrentarían una pena de 8 a 26 años de prisión o la del mismo "Pollo" Sobrero, quien tendría una pena de 10 a 30 años de prisión.
Asimismo, señalaron que también permitirá sancionar a las acciones individuales o colectivas de personas que no se encuentren organizadas, como el caso de los vecinos de Vicente López, quienes intentaron impedir la destrucción y ocupación de un espacio público o simplemente, vecinos que cortan una calle para exigir la prestación de servicios mínimos que deben ser garantizados por el Estado.
Por otro lado, señalaron el agregado del Art. 306, donde se especifica la figura de "financiación del terrorismo", donde se pretende castigar la colaboración económica con cualquier organización o persona que haya cometido delitos calificados como terroristas. Ello permitirá criminalizar o perseguir "cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo", según indicaron. Inclusive, ello también incluye a campañas de personas acusadas de "terrorismo" en el exterior de nuestro país, ya sea con los presos políticos mapuches o con Joaquín Pérez Becerra, el Director de ANNCOL, entre otros casos.
Destacaron que esta ley fue promovida a pedido del Departamento de Estado de los EE. UU., a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), quien busca enmarcar la sanción y aplicación de legislaciones antiterroristas a nivel continental para perseguir y criminalizar la protesta social, lo cual es una ola que abarca todo el continente.
Afirmaron que no se persigue a los responsables de la voladura de la AMIA o de la Fábrica Militar de Río Tercero, sino que se pretende perseguir a quienes exigen y luchan contra las políticas antipopulares de los distintos gobiernos y se oponen a los dictados por los organismos multilaterales de crédito a través de la generación de disuasión, miedo y rotura de los lazos sociales entre las y los luchadores.
La posible privación de libertad por un tiempo prolongado, la calificación de "terrorista", la persecución con saña por el Estado y la demonización a través de los medios de comunicación generan terror, convirtiendo a la ley antiterrorista en una "herramienta de persecución estatal a la lucha tanto en el plano jurídico como simbólico", afirmaron.
Se trata, una vez más, de limitar, restringir y penalizar "a los integrantes de organizaciones obreras y populares y a los luchadores en general que quieran reclamar más allá de lo tolerable para el gobierno y que, lejos de servir para combatir algún tipo de “terrorismo”, se trata de una legislación que desarrolla y legitima el poder de represión contra los que reclaman activamente por la solución de los problemas que este gobierno no tiene interés en solucionar, que son los problemas que debe enfrentar la enorme mayoría del pueblo", enfatizaron.
Sostuvieron que "si nos atenemos a la letra de la ley tendríamos que concluir que todos los que luchamos por un cambio social, por un mundo justo, somos terroristas" aunque señalaron que "los que militamos por un mundo sin explotadores ni explotados no somos terroristas, somos luchadores"
Finalizaron, expresando que el Estado apeló y apelará a diversas herramientas represivas para contener, desacreditar y desactivar las luchas; por lo cual, esta iniciativa legislativa tiende a legitimar la represión ante la profundización de la crisis internacional que se advierte en Europa y el norte de África. En consecuencia, se debe responder con unidad, organización y lucha frente a estas herramientas que pretenden frenar a la rebelión y la lucha para cambiar la historia.
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