Sobre la Deuda (II)

Por Mario Mazzitelli *

 
Ayer (El) 21 de junio de 2014, el gobierno nacional expuso en una solicitada publicada en el diario norteamericano “The Wall Street Journal” sus argumentos en favor de crear condiciones para pagar el 100% de la deuda que entrara en default el 23 de diciembre de 2001.

En uno de sus párrafos dice: “el cumplimiento del fallo de Griesa “empujaría al país a un nuevo default”, ya que ordena el pago de 1.500 millones de dólares a los fondos buitre que, de hacerse efectivo, obligaría al país a pagar “en el corto plazo unos 15 mil millones de dólares”, que es el monto que representa “el total de los bonos en default que no entraron al canje”. Dicha cifra “es más del 50 por ciento de las reservas en moneda extranjera del país”. Es decir que: bajo las condiciones impuestas por el juez Griesa para el 1% de los fondos buitre, nuestro país entraría en default con sólo sumarle el requerimiento del 6% restante de bonistas que no entraron a los canjes propuestos por el gobierno nacional en 2005 y 2010. ¿No es esta una situación de fragilidad extrema? ¿Tan sólo ese 7% alcanza para poner en jaque las cuentas del Estado Nacional Argentino?

Pero si lo anterior ya es alarmante, en otro tramo sostiene: “Si los fondos buitre reciben el pago, los otros tenedores de bonos de deuda (que entraron al canje) podrían demandar un tratamiento igual, lo que representaría un costo superior a los 120 mil millones de dólares.” ¿No es que el tema de la deuda estaba superado? En su afán de relatarnos la panacea alcanzada, el gobierno nacional ¿no habrá subestimado el sistema de la deuda?
 
La primera cuestión es la prórroga de jurisdicción.

La prórroga de jurisdicción es parte de la maldita herencia de la dictadura militar. El Decreto - Ley Nº 21.305 de abril de 1976 modificó el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial. Los jueces extranjeros que actuaran fuera de la República Argentina no tenían jurisdicción en asuntos patrimoniales del país. De esta manera cualquier controversia que existiera en materia económica quedaba sujeta a jueces argentinos. Que tuviéramos que soportar esta legislación hasta el 10 de diciembre de 1983, es entendible. Su extensión hasta nuestros días pone a la dirigencia de nuestro país  en un lugar “incómodo”. (Y digo “incómodo” con la mayor suavidad, porque entiendo que el tema de la “deuda” merece la mayor unidad posible de los sectores democráticos y populares del país y no es conveniente avivar una pelea entre nosotros).

Sobre esta observación hay preguntas que caen de maduro. Si nosotros en 1816 nos hemos declarado independientes de cualquier potencia extranjera; y sabemos por propia experiencia que: los EE. UU. han ejercido conductas reprochables para los argentinos a lo largo de su historia; como haber alentado el Golpe y el posterior Terrorismo de Estado en 1976 o hacer caso omiso del TIAR en 1982, o acompañar a los ingleses en su actitud de mantener como territorio colonial las Islas Malvinas. Si, además, sabemos que sus bancos (Citibank, etc.) han sido corresponsables de todos los delitos que acrecentaron la deuda argentina sin justificación económica alguna ¿A quién se le podría ocurrir prorrogar jurisdicción en los Tribunales de Nueva  York? ¿No nos habremos vuelto a poner solitos en la trampa de la deuda? ¿Puede llamarse nacional y popular un gobierno que sostiene semejante transferencia de soberanía? ¿Confiaba el gobierno en estos Tribunales?

Creo que debemos recuperar soberanía a la brevedad. Debe hacerse en el marco de un plan integral. Con gran responsabilidad. Pero no sin antes averiguar ¿en qué sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, el Congreso Nacional -única autoridad de la Argentina en materia de deuda interior y exterior- prorrogó jurisdicción en favor de aquellos Tribunales? De no encontrarse tales sesiones podemos colegir que dichas prerrogativas son nulas. Y entiendo -sin ser un especialista en la materia- que son nulas en el marco del respeto a la Constitución Nacional.

Luego, desde lo político, puedo agregar y entender que las relaciones de fuerza no son las mejores. Pero aquí también caben varias preguntas: ¿Qué ha hecho el gobierno para cambiar estas relaciones de fuerza? ¿Cuánto le comunicó a nuestro pueblo sobre el carácter mayoritariamente ilegal de la deuda? ¿Cuándo se propuso hacer una auditoria que pusiera en el banquillo de los acusados al sistema corrupto de la deuda, pergeñado por banqueros, estudios de abogados, economistas y políticos inescrupulosos? ¿Cuál fué el esfuerzo en avanzar hacia un club de deudores con países de América Latina y otros continentes? ¿Acaso, se trata siempre de hacer buena letra frente a quienes no ven con buenos ojos a quienes luchan por sus derechos y los amenazan con dejarlos sin crédito y sin inversiones?

Continuará...

* Secretario Gral. Nacional del Partido Socialista Auténtico