Sumario:
1. Marta Almirón: “Yo no crié a un hijo sola para que venga la policía y me lo mate”
2. Querella de la RNMA: policías con una ayudita de los jueces amigos
3. Tres días, tres muertos tras las rejas
4. Represión a bancarios en Tucumán
5. Represión en Barracas
6. Exequiel Barraza, otro gatillo fácil en Córdoba
1. “Yo no crié a un hijo sola para que venga la policía y me lo mate”
El miércoles 14 de mayo, en los tribunales de Comodoro Py, los jueces del TOF Nº 6 escucharon el testimonio de los familiares de los asesinados el 20 de diciembre de 2001 en el centro de la ciudad de Buenos Aires durante la represión a la rebelión popular.
María Mercedes Arena, viuda de Gastón Riva; Karina Lamagna, hermana de Diego y Marta Almirón, la mamá de nuestro compañero Carlos Raúl “Petete” Almirón, fueron las primeras en sentarse frente al tribunal y a la larga fila de acusados. Impávidos, junto a sus atildados defensores, estaban allí el ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza UCR - Frepaso Enrique Mathov; el ex jefe de la PFA, Rubén Santos; el ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreotti y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero. Al fondo, quedaban los otros 13 imputados, comisarios, subcomisarios, sargentos, principales y auxiliares de la federal que intervinieron en los homicidios, tentativas de homicidios y otros delitos durante la represión.
Mari Riva conmovió con el sereno y doloroso relato de la angustia que vivió desde alrededor de las 4 de la tarde, cuando vio por televisión el momento en que su compañero y padre de sus tres hijos era cargado, ya herido, en una ambulancia, hasta que logró encontrarlo, ya muerto, en el hospital Argerich. Ni el SAME ni el Centro de Orientación de Personas de la PFA acortaron su desesperante búsqueda. Sobre el final de su declaración, Mari denunció la ausencia en la sala del ex presidente Fernando de la Rúa, principal responsable político de la represión, quien fue sobreseído por la (in)justicia argentina, que validó su argumento de que dio órdenes ni sabía lo que pasaba, porque estaba “muy ocupado con importantes cuestiones de estado”.
Karina Lamagna reconstruyó la forma en que su mamá supo de la muerte de su hermano Diego, mientras ella veía los sucesos por los medios, ya que vivía en el sur, y conmovió también con su breve pero contundente relato, en el que reivindicó la decisión de Diego de autoconvocarse para ir a manifestarse a Plaza de Mayo contra el gobierno de De la Rúa y Cavallo.
Nuestra compañera Marta Almirón trajo a la sala el emocionado recuerdo de los ideales y la lucha organizada de su hijo. “Carlitos era militante del Movimiento 29 de Mayo y de CORREPI, estudiaba Sociología y quería cambiar la forma en que vivimos los pobres, por eso se organizaba, salía a la calle, y ahora su lucha es mi lucha”, dijo entre lágrimas pero con firmeza, y denunció: “Yo no crié un hijo sola para que venga la policía y me lo mate”.
También remarcó la significativa ausencia del ex presidente entre los imputados, que abre la puerta a que Mathov, Santos y el resto de la cúpula policial sólo enfrente cargos por delitos cometidos por violación del deber de cuidado, impericia o negligencia, como “incompetentes” que permitieron que la policía en la calle se “desborde” y no como los represores que son.
Fue indisimulable la incomodidad de los jueces, en especial del presidente del tribunal, ante los aplausos del público, donde se habían convocado para apoyar a las compañeras militantes de CORREPI, la CPS 29 de Mayo, Convergencia Socialista, Sitraic, TPR y Gremial de Abogados.
Antes de salir, Marta contó que su hijo Petete siempre le decía: “Si del gobierno no te escuchan, hay que salir a hacer ruido”. Eso seguiremos haciendo, por los caídos de ayer y de hoy.
2. Querella de la RNMA: policías con una ayudita de los jueces amigos
A los jueces les gusta decir que ellos “hablan por sus sentencias” para diferenciarse de los que simplemente expresamos nuestras opiniones. Esta semana, la jueza Wilma López, titular del juzgado de instrucción Nº 38, no se guardó nada en un fallo que deja al descubierto la forma en que “dicen en derecho” cuando al que tienen que juzgar lleva el uniforme del estado.
El 12 de marzo de 2013, en pleno conflicto de la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín, el ministro de cultura de la CABA, Hernán Lombardi, pidió como “muestra de buena voluntad” a la Asamblea que se levantara provisoriamente el acampe en la entrada del edificio de la calle Sarmiento, para permitir el ingreso de trabajadores, a cambio de retomar el diálogo reclamado por los compañeros. En lugar de eso, el gobierno de la Ciudad mandó a la policía Metropolitana a ocupar la plaza seca, lo que motivó que centenares de jóvenes se convocaran para defender la toma y recuperar el espacio. Por largas horas se resistió el embate policial, que se cobró cuatro pibes detenidos, muchos lesionados, y tres heridos con balas de plomo.
Los compañeros Germán de los Santos y Esteban Ruffa, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y Mario Fumaroni, de la Biblioteca El Libro de la Esquina, fueron alcanzados por disparos con proyectiles letales en la esquina de Corrientes y Paraná. Los dos primeros, con apoyo de CORREPI, COPODH y CADEP, promovieron querella contra los funcionarios del GCBA y su policía.
En poco más de un año, fue posible identificar a los jefes del operativo y a dos policías que usaron escopetas Mossberg 12/70 cargadas con cartuchos de guerra, con postas de plomo. También se pudo establecer que la policía federal, como en las represiones del Parque Indoamericano y el Hospital Borda, actuó en forma coordinada con la metropolitana, sirviendo de anillo de contención y facilitando el ataque.
Llegado el momento en que la fiscalía y la querella ampliamos la imputación al comisario de la 3ª y al Director de Operaciones de la PFA, y cuando está pendiente una pericia de gendarmería para precisar quiénes dispararon contra los compañeros, la jueza resolvió que la causa debe pasar al juzgado de Menores que instruye las actuaciones contra los cuatro chicos (uno de 17 años) que esa noche fueron detenidos y siguen acusados por el “combo manifestación” (atentado y resistencia a la autoridad, daño y lesiones).
El planteo es bien transparente: la jueza, la misma que dividió la causa contra los asesinos de Mariano Ferreyra porque, para ella, no se podía mezclar la acusación contra Pedraza y la patota con las “pequeñas faltas” de los policías federales, porque no era “un mismo hecho”, ahora dice que la conducta policial al disparar balas de plomo contra periodistas y manifestantes debe analizarse “en conjunto con las agresiones que los funcionarios sufrieron”, porque se trata de “dos caras de una misma moneda”.
En la apelación que ya presentamos, le decimos a la jueza que, en Argentina, hace décadas que a su postura se la llama, en política, “teoría de los dos demonios”, y que su resolución es una clara muestra de cómo los jueces, cuando “hablan por sus sentencias”, dicen una cosa, o todo lo contrario, según lo que mejor les convenga para legitimar la represión y garantizar la impunidad de sus ejecutores.
3. Tres días, tres muertos tras las rejas
El 25 de abril, Iván Rivadero, de 35 años, detenido en una comisaría de Villa Carlos Paz, Córdoba, apareció colgado de una frazada en su celda. Había sido detenido la noche anterior.
El 27 de abril, en el penal federal de Rawson, Carlos Cevallos, de 51 años, murió de neumonía. Desde que enfermó, entró y salió varias veces al Hospital Penitenciario Central, y fue devuelto a la celda con apenas algún inútil analgésico, y un turno nunca cumplido para una resonancia magnética.
El 29 de abril, en el penal nº 6 de San Cayetano, Corrientes, donde tres presos que compartían la celda resultaron con quemaduras graves por un incendio, y Cristian Bianchetti, de 25 años, falleció tras varios días en el hospital.
“Suicidios” inverosímiles; incendios autoprovocados, enfermedades. Si no matan torturando, matan dejando morir. Tres muertos en tres días, que confirman que, después del gatillo fácil, estar preso es la primera causa de muerte a manos del estado.
4. Represión a bancarios en Tucumán
El martes 13 de mayo, cientos de trabajadores bancarios se movilizaron en Tucumán, exigiendo, como vienen haciendo desde hace meses, la reincorporación de 36 compañeros despedidos de la Caja Popular de Ahorros. Ante la movilización, la respuesta del gobierno provincial de José Alperovich fue la represión, que dejó un saldo de 22 heridos de bala, y las detenciones del Secretario Adjunto de la Seccional y el Secretario de Finanzas de la Asociación Bancaria.
Una vez más se muestra que la represión directa sobre los trabajadores alcanza a todos los gremios que se propongan luchar por la defensa de los puestos de trabajo de sus afiliados, incluyendo aquellos que se identifican con el kirchnerismo, como es el caso de La Bancaria de Zanola y Berrozpe. El paro nacional de dos horas convocado por los trabajadores bancarios para el 14 de mayo, y el llamado a una movilización nacional a Tucumán para el 22, fue rápidamente criticado por Capitanich, quien pidió que el conflicto “no se extendiera más allá de los límites provinciales”.
No podemos esperar de Capitanich que acepte una noción tan básica del clasismo combativo como la solidaridad entre los trabajadores que luchan contra las patronales en cualquier lugar. Tampoco que reconozca la represión como una política estatal sistemática, lo que sería contradictorio con sus propios intereses.
Es por eso que creemos que la denuncia contra la represión institucional debe ser abordada como un todo que se extiende contra los trabajadores, ocupados y desocupados, en búsqueda de un disciplinamiento que no lograrán en tanto se continúen profundizando la precarización y el ajuste.
5. Represión en Barracas
El domingo 11 de mayo, Tiara, una nena de 3 años, murió tras ser atropellada por un colectivo de la línea 12 que perdió el control e impactó contra la casilla en la que vivía con su familia.
Los familiares y los vecinos, indignados por la muerte de la nena y las condiciones de precariedad en la que vive la familia que hace que estén expuestos de forma permanente a este tipo de accidentes, se movilizaron hasta la terminal de la empresa para pedir que alguien los recibiera.
En la empresa no sólo no los atendieron, sino que los agredieron, echándolos y diciéndoles que eran unos "negros", lo que ocasionó la furia de la gente que respondió contra las instalaciones de la empresa.
Sumado al dolor de la muerte de Tiara, la familia y los vecinos tuvieron que soportar la humillación de la empresa y la “presencia” del gobierno, que nunca se hizo cargo del problema habitacional y que ahora les ofrecía plata para el cajón y una habitación de hotel.
Era lógica la bronca de la gente esa noche en la terminal de la línea 12. Pero para contenerla, la empresa contó con la presencia de la prefectura, que rápidamente actuó desalojando, golpeando y llevándose detenidos a tres familiares de la nena muerta.
Esta es la respuesta del estado frente a las necesidades del pueblo, te dejan morir y si se te ocurre levantar la cabeza te apalean y te meten preso.
Pero así como el pueblo no se acostumbra a la miseria y la humillación, la acción de vecinos y organizaciones logró la difusión de la situación, lo que facilitó a su vez la liberación de los detenidos.
Es muy importante la solidaridad y la coordinación para poder enfrentar esta política nefasta que castiga a los más pobres y que pretende el disciplinamiento del pueblo.
6. Exequiel Barraza, otro gatillo fácil en Córdoba
Exequiel Barraza tenía 20 años cuando, el pasado 23 marzo, en el barrio 1º de Mayo de la ciudad de Córdoba, el suboficial Pablo Álvarez, de la división Homicidios de la Policía, que se encontraba de franco de servicio, le disparó un tiro mortal en la zona abdominal. Un día después, Exequiel falleció en el Hospital de Urgencias de la ciudad.
La versión del personal policial, como siempre, apunta a la legítima defensa acusando al pibe de de tirotear, robar y todos los argumentos que ya conocemos. La realidad demuestra que el cadáver de Ezequiel estaba todo golpeado, tenía la cara raspada, la nariz quebrada y orificios de tiros en los glúteos, en el cuello, abdomen, y la ingle. Estas heridas fueron fotografiadas por la familia del pibe, alertada de la necesidad de hacerlo, porque no se le había practicado una autopsia.
El asesinato de Exequiel se suma a una larga lista de casos de gatillo fácil que viene acumulando la provincia de Córdoba durante los últimos meses. El 19 de abril, en el barrio Las Palmas, fue asesinado Lautaro Torres, de 16 años, por una oficial de policía, Eliana Soledad Rinaudo, también de franco, que sostiene que Lautaro se le acercó para robarle el celular.
A fines de abril, luego de pasar 10 días inconsciente e incomunicado en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, murió Ezequiel Ávila. De acuerdo a la versión policial, falleció como resultado de las lesiones que sufrió al caerse de la moto en la que intentaba escapar luego de un asalto. La familia del pibe asegura que Ezequiel fue sacado de una vivienda por un móvil policial, y golpeado reiteradas veces tanto en el camino a la comisaría como ya en la celda donde fue alojado.
Y así podemos seguir sumando nombres como por ejemplo Jorge Reyna, asesinado por la policía de Capilla del Monte. Si además tenemos en cuenta los asesinatos por parte de las fuerzas represivas en cárceles y comisarías de Córdoba durante lo que va del año, la lista se agranda.
Como consecuencia de estos últimos casos de gatillo (que se suman a los 278 casos cordobeses desde 1983 que registra CORREPI en su archivo 2013), los familiares de las victimas comenzaron a reunirse y junto a una gran cantidad de organizaciones sociales y de derechos humanos, el pasado 7 de mayo organizaron una movilización al centro de la ciudad en reclamo de justicia por los pibes asesinados. La masividad de la marcha generó como contrapartida, y redoblando la apuesta represiva y de provocamiento, un desmedido operativo policial que incluyó una gran cantidad de policías de civil infiltrados.
Mientras tanto, a 700 km de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, la situación represiva también cala hondo. El viernes 2 de mayo apareció muerta Nancy Fernández, miembro del pueblo Qom. Nancy era la mamá de Micaela, la adolescente de 14 años que murió en 2013 en la casa de un traficante y reclutador de pibas para la prostitución, el Pato Cenizo, que tenía protección de la policía del destacamento de Las Tunas, especialmente el subcomisario José Ríos y el oficial Alejandro Sandoval, quienes, además, fueron los que golpearon durante tres días a Nancy cuando fue a denunciar el caso de su hija. El padre de Nancy y abuelo de Micaela, Eugenio Fernández, sigue denunciando a la policía y luchando por el esclarecimiento de ambas muertes.
Como no existe otra forma que la organización y la lucha para resistir a la represión que el estado y sus fuerzas represivas descargan sobre el pueblo trabajador y pobre, los familiares se convocan junto con las organizaciones que acompañan para darle una continuidad a los reclamos de justicia y comenzar así el largo pero valioso camino de pensar de manera conjunta y organizada los pasos a seguir en esta lucha.
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