Por Mario Mazzitelli *
Una aclaración.
Con gran beneplácito he recibido una carta de mi amigo Alejandro Olmos Gaona, que es un experto y luchador en materia de Deuda Externa, donde me ilustra sobre el tema de la prórroga de jurisdicción a la que hice mención en la nota anterior (II). Transcribo unos párrafos para luego hacer un comentario. Dice Alejandro: “… si bien la dictadura modificó el Código Procesal, prorrogando la jurisdicción en favor de jueces extranjeros, a través del artículo 1 (primera ley que dictaron en abril de 1976), hay un antecedente anterior y más complicado.
El presidente Perón promulgó el 7 de noviembre de 1973, la Ley 20.548, donde por primera vez se prorrogaba la jurisdicción argentina a favor de jueces extranjeros. Esta es una ley del Congreso Nacional, aprobada mayoritariamente y promulgada por Decreto presidencial.
Tan decisiva es esta ley que, cuando se hizo el Plan Brady, Menem fundó la prórroga de jurisdicción, no en la ley de la dictadura, ya que suponía que podía ser cuestionada, sino en la ley que acabo de consignar.”
No obstante el importante y riguroso antecedente que señala Alejandro la cuestión de fondo permanece inmutable.
Al señalar que es una herencia de la dictadura no quise decir que fatalmente debiéramos aceptarlo. El concepto de “continuidad jurídica del Estado” es un cachivache jurídico que sostienen los juristas conservadores y repite una buena parte de la dirigencia política. Lo vengo escuchando desde hace varias décadas y creo que es el mensaje tranquilizador que algunos políticos emiten para ganarse la simpatía del Poder Económico. Desconozco si al mismo tiempo reciben alguna dádiva para las campañas o para sus bolsillos. Pero razonemos: ¿A quién se le puede ocurrir que las disposiciones tomadas por un grupo de sediciosos cuya mayor caracterización fue ejecutar el Terrorismo de Estado, deben ser respetadas por las autoridades democráticamente elegidas por el Pueblo? Ahí debe producirse una “discontinuidad jurídica del Estado”, abriendo un breve período de meses para cambiar el orden preexistente. Cuando 30 años después de recuperada la vida constitucional, se siguen respetando aquellas disposiciones, no cambia en nada si su origen fue durante la dictadura o el gobierno de Perón, ya son parte de la democracia y su ejercicio obedece a una concepción determinada de la política.
Vale la pena aclarar que el potencial ejercicio de esta facultad de prorrogar jurisdicción, no obliga a nadie a hacerlo. Además, difícilmente estuviéramos discutiendo esta cuestión, si esa prórroga hubiera sido en favor de Tribunales de países neutrales. Lo que cuestiono es prorrogar jurisdicción a Tribunales de Potencias Extranjeras con historia de intromisión en nuestros asuntos internos e intereses económicos y geopolíticos ostensibles sobre la República Argentina.
Los responsables.
Horacio González en una extensa nota que publica hoy en Página 12, dice en su primer párrafo: “Durante muchos años las fuerzas avanzadas del país postularon el “no pago de la deuda externa”. Lecciones prácticas obtenidas en los momentos más dramáticos de la historia nacional -el empréstito de la Casa Baring Brothers- llevaron a muchos hacia una idea soberanista de cuño jacobino que cautivó a una parte importante de las fuerzas políticas, sobre todo del nacionalismo de izquierda y del socialismo latinoamericanista. Sucesora de la idea de esquivar la deuda denominada ilegítima fueron las propuestas, apenas un poco más moderadas, de distinguir por un lado entre débitos que eran deudas reales y, por otro lado, compromisos con quienes nada prestaron y sólo compraron papeles devaluados a la espera de dar un tóxico aguijonazo. Con un grano aún mayor de moderación, se ensayó la denominada reestructuración de la deuda, obligaciones tomadas en épocas anteriores del país -como la del Club de París-, con la que la época actual demostró la continuidad del Estado argentino, al retomar compromisos contraídos con mucha anterioridad, en períodos históricos a los que este gobierno les destinó duras críticas en el balance de la historia, aunque sin romper la idea de constituirse en sucesor responsable de esos gravámenes generados por otros estilos gubernativos y bajo otras condiciones de conciencia cívica en torno del endeudamiento financiero externo.”
La ensalada de Horacio González la podemos descomponer así:
1.- Un sector plantearía el no pago de la deuda externa.
2.- Otro no quiere pagar deudas ilegítimas y
3.- Un tercero se hizo cargo de la deuda (la administración K) fuera esta legítima o en su defecto odiosa, fraudulenta, ilegal, inmoral, etc. Esta última lo habría resuelto así bajo “la idea de constituirse en sucesor responsable de esos gravámenes”.
A todas luces la opción de no pagar ¡ porque sí ! resulta insostenible cuando del otro lado hay un acreedor honesto en capacidad de mostrar que su pretensión es legal y legítima. Que el origen de esa acreencia es real, verificable y que todos los procedimientos en aras de cobrar fueron correctos. En ese caso hay que pagar.
Siguiendo la línea anterior, las deudas que son ilegítimas, odiosas, fraudulentas o inmorales, no hay que pagarlas.
La tercer alternativa en la que se sitúa el oficialismo de “constituirse en sucesor responsable” de actos fraudulentos, odiosos, ilegítimos e inmorales, lo ubica en una situación insostenible.
El 2001 fue un momento de ruptura, de discontinuidad, de mutación política, institucional, financiera y conceptual. La suspensión del pago de la deuda no fue una medida irresponsable. Fue la consecuencia inevitable de una política económica colonial que llevó a un país rico como la Argentina a una situación de insolvencia fiscal y quebranto. Por eso el kirchnerismo inicia su relato el 25 de mayo de 2003 y lo referencia a la experiencia neoliberal de los ‘ 90. Omitiendo la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001 y la gigantesca movilización popular que devino de allí, con las extraordinarias asambleas populares que pusieron para las masas populares en negro sobre blanco los mecanismos corruptos del saqueo de nuestras riquezas, la fuga de capitales y el rol de la deuda externa. Incorporado este período al análisis, la lectura del período Duhalde - Lavagna - Kirchner se parece más a una restauración que a una revolución. Y con una dualidad -que la derecha nunca supo agradecer suficiente- vistieron la administración con las mejores banderas de la izquierda mientras no afectaban la tasa de ganancia de los grupos triunfadores de los ' 90. Y así se “constituyeron en sucesores responsables de esos gravámenes”. Esta parece ser la realidad aunque le duela a uno de los referentes de Carta Abierta.
Horacio González sale en defensa de su gobierno con una pregunta que busca exculparlo aludiendo a una situación ineludible: ¿No son más culpables los gobiernos precedentes que tomaron la deuda, antes que el gobierno actual que, sin contar con otras posibilidades, aceptó como sede de litigio a la ciudad de Nueva York? De donde sacó que no tenía otras posibilidades. Es cierto que no las tenía en el marco de la lógica de restaurar el capitalismo heredado de los más de 10 años de menemismo, dándole apenas un tinte de “capitalismo nacional”. Ensueño que el orden vigente dejó correr hasta que llegó la hora de despertarse. Tomás Griesa fue quien hizo sonar el despertador. No estimado Horacio, tan responsables fueron los que ayer prorrogaron jurisdicción y ayudaron a incrementar el volumen de una deuda que pesa sobre el pueblo argentino como una hemorragia imparable, como los que prorrogan jurisdicción hoy, incrementan hasta niveles inimaginables la deuda y garantizan hacia el futuro el pago puntual de la cuota colonial que hemos debido abonar la mayor parte de nuestra historia. Y, en ese sentido, el gran responsable es el gobierno nacional.
Continuará...
* Secretario Gral. Nacional del Partido Socialista Auténtico.
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