Desapariciones (APE)

Por Claudia Rafael

(APe).- Son identidades sin cuerpo. El símbolo de la ausencia. La historia devastada y desolada. La historia sin final. Sergio Avalos es un nombre que no tiene cuerpo. Como Luciano Arruga. Como Iván Torres. O Jorge Julio, al que no es necesario asestarle el “López” porque ya es emblema. Son el pibe que se fue al boliche en Neuquén y no regresó. El flaquito morocho y retraído, cartoneador sin opción, apretado en una esquina de Lomas del Mirador para robar para la corona bizarra de los comisarios. El morocho grandote que salió para el potrero, en Comodoro Rivadavia, y no retornó. El testigo eterno, el que señaló con el dedo al torturador y relató el oprobio.

No son uno, dos, tres, cuatro entre los 30.000. Ni siquiera Jorge Julio lo fue esta vez. Ahora fue otra cosa. Y con ellos se desmoronó el saber instalado. Ese que repetía como cantinela vieja y desgastada que sólo las dictaduras desaparecen. Engullen. Devoran. Sólo los autoritarios propagan el terror esfumando toda prueba. Borrando una tras otra las huellas y hundiendo a los que quedan en preguntas que no tienen respuesta.

El desaparecido es un desolado, un “siempre presente en la ausencia misma” (Gómez Mango). Y tal vez ahí esté la clave. Si Luciano Arruga, Sergio Avalos o Iván Torres son emblema, es justamente por sus ausencias. Antes integraban anónimamente el vasto ejército de los desarrapados pero la ausencia los arrancó de la oscuridad para depositarlos en el luminoso sitial de la desaparición forzada.

“Pero el Estado no quiere reconocer la existencia de desapariciones en democracia”, dice a APe el abogado Luis Virgilio Sánchez, que desde hace un año representa a la familia de Sergio Avalos. “Se cree que hay unos 200 desaparecidos desde el ' 83 hasta ahora. Pero sólo tienen ese estatus Jorge Julio López, Iván Torres y Luciano Arruga. Y estamos luchando ante la Justicia Federal para tratar de que Sergio Avalos sea el cuarto”.

En ese camino son muchos más los nombres. Como el de Daniel Solano, el joven salteño engullido en Choele Choel por ponerse en pie ante la explotación. Sólo que sus abogados optaron por permanecer en el territorio de la Justicia provincial y por eso no buscan que sea considerado eso que es, un desaparecido, sino una víctima de homicidio calificado por parte de policías, empresarios, sindicalistas, matones. Aunque no haya cuerpo -dijo a APe el abogado de la familia Solano, Leandro Aparicio- “hay 22 policías imputados. Pero sólo siete están presos. Y la justicia siempre frenó todo para evitar que llegáramos a los autores intelectuales, avalados por el ministerio de Trabajo, por los abogados, por la UATRE, por la policía…”.

Daniel Solano fue víctima de un circuito de tráfico de personas. “Los eligen. Los buscan en la comunidad aborigen. Les ofrecen un trabajo por 200 pesos diarios. Los hacen firmar un contrato en el que, en el artículo 18, dice claramente que si tienen algún conflicto con la policía, los echan. Los llevan a las gamelas. Les pagan mal. Como a Daniel que llegó el 8 de octubre y el 5 de noviembre le pagaron menos de lo debido. Y él le pidió el recibo a los compañeros, como para pedir el reintegro. Y lo escucharon los policías. Que avisaron a los patrones”, dijo Aparicio. Solano fue reclutado, como tantos, por Agrocosecha, empresa tercerizada de la multinacional Expofrut. Aparicio hace cuentas: “La empresa Expofrut se queda con 15 millones de diferencia, contando solamente a los 400 ó 500 salteños, jujeños, santiagueños, que llevan para la cosecha de la pera y la manzana en el Valle Medio. Ni qué hablar de la cosecha de la cebolla, para la que además llevan a paraguayos, bolivianos, brasileños. Y Daniel Solano se atrevió a reclamar. Nada hubiera ocurrido sin la complicidad de abogados del ministerio de Trabajo. De gente de la Uatre. De los policías amigos, que son su fuerza de choque. De los dueños del boliche, que encubrieron el homicidio”.

Sin fiesta

Mercedes del Carmen Avalos tiene 38 años. Es una década mayor que Sergio, que hace exactamente once que es ausencia. Aquel 14 de junio de 2003 Sergio había ido con sus compañeros de la residencia universitaria al boliche Las Palmas, en Neuquén. “Estaba custodiado por policías, militares, gendarmes”, relató Mercedes a APe. “Desde entonces tenemos ese hueco y no sabés que pasa. Mi mamá se fue sin saber qué ocurrió con su hijo y uno anda con esa tristeza de que no hay culpables por esa mala acción, por no comprometerse a buscar en un Estado democrático. Porque seguimos teniendo desaparecidos y por más que el juez se niegue a reconocerlo así, es producto de una sistematicidad”.

Por aquellos días “Sergio se preparaba para los exámenes. Hacía un cuatrimestre que había empezado primer año en la Universidad del Comahue. Quería ser contador público. Pero lo desaparecieron. El lunes habíamos hablado por teléfono y nos reímos, con esa intimidad de hermanos. Iba a venir a Picún Leufú para el día del padre. Aún hoy, a once años, no puedo imaginarme qué pasó, qué pudo haber visto. Y desde entonces dejamos de festejar y es no saber dónde ir para calmar el dolor. Cada 23 de abril, que es su cumpleaños, el vacío se profundiza. Desde hace once años se nos terminó la fiesta. Vivís el día a día y lo único que nos mantiene vivos es la lucha”.

Esa sistematicidad a la que alude Mercedes es negada por la Justicia y, por lo tanto -insistió Luis Virgilio- “vamos a ir hasta la Corte Suprema. El delito de desaparición forzada es un método que asegura la impunidad porque no hay pruebas contundentes y los indicios son otros. Había 40 cámaras de seguridad que dejaron de funcionar 15 minutos antes de que Sergio entrara al boliche. La seguridad estaba a cargo de policías retirados y otros que hacían adicionales. Y todos ellos declararon que había sido un día tranquilo pero al mismo tiempo había testimonios de chicos que sufrieron apremios ilegales, que fueron rociados en los ojos con un gas especial y que contaron que en el baño golpeaban salvajemente a alguien de las características físicas de Sergio”.

El chico mapuche, morocho, de labios gruesos fue víctima de la violencia institucional que se ampara -analizó el abogado- “en ese espíritu corporativo que se asegura la policía cuando protagoniza apremios. Que genera miedo, que es un factor clave en la Historia y que es impuesto por el Estado. La Justicia Federal niega aceptar su competencia. Hace dos días nos rechazaron un habeas corpus. Niegan reconocer la existencia del desaparecido. Y no hay dudas de que lo es. Porque nadie a los 18 años, que salió con sus compañeros, que fue a un boliche, que es un lugar público, que estudiaba en la Universidad, que tenía todo tipo de actividades, no puede desaparecer de la noche a la mañana sin que haya una red de encubrimiento y una sistematicidad de violencia institucional detrás”.

Nacht und Nebel

Fueron 30.000 bajo las garras del poder de uniformes. Y son, desde el ' 83 hasta ahora, un par de centenares de los que el Estado se vio constreñido a reconocer tan sólo a tres. Son los nombres que buscan denodadamente un cuerpo. No hay abrazo posible. No hay más que vacío.

Son, como en aquel viejo decreto del 7 de diciembre de 1941, firmado por Adolf Hitler, para hundir a los que se atrevieran, de algún modo, a alzar sus cabezas y ponerse en pie, el destino de la Nacht und Nebel, la noche y la niebla. La garantía indispensable para anular la existencia de mártires. Y allí donde no se cierra, a través del rito y del espacio, el círculo de la vida que se encuentra con la muerte, deambularán como nombres sin cuerpos peleándole cara a cara al sistema en una pugna que, para autoprotegerse en base a la negación, busca hundir en el olvido.