Por Juan Carlos Cena (MONAREFA) *
CAMINO AL COLAPSO
La crisis en el universo ferroviario es integral. Abarca todo. No hay rincón donde el peligro no este presente. El sistema de concesiones, mal llamadas privatizaciones, está en estado de calamidad y muerte. Larga es la agonía de este proceso concesionarista insoportable. La expiración es lenta, ella se debe a la ausencia de políticas de Estado que beneficien a la Nación, con respecto al transporte en general y en este caso los ferrocarriles. Pero el Estado no está ausente como dicen algunos, tiene otras políticas. No hay que inculpar la ausencia estatal. El Estado habita esos espacios yermos del abandono con otros medios: el autotransporte automotor.
Otra de las partes que componen el conjunto de ausentes es la sociedad. Esta, es un conjunto compuesto por elementos que tiene nombres como los partidos políticos, sindicatos, universidades, intelectuales, científicos, cientistas, profesionales… señoras y señores, donde nadie emite ni una voz de protesta. Solamente los que padecen la cotidianeidad de los viajes tienen conciencia de lo que es viajar, peor que el ganado, tantas veces lo hemos afirmado. Angustias del viajero donde, a veces, estallan con voces broncas, o los que sufren su ausencia en el profundo interior del país.
La política de Estado generada por este gobierno es la misma que plasmó el menemismo y que todos los gobiernos posteriores respetaron a rajatabla. Ya lo dije, pero insisto en algunas repeticiones. Este modelo tacheriano fracasó en el mundo capitalista, firmamento tan deseado por figuras prominentes del gobierno, que manifiestan querer un capitalismo serio en nuestro territorio
El modelo y el modo capitalista son ratificados por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner cuando en la clase dada a los estudiantes de la Universidad de Columbia en Nueva York, EE. UU., dijo en una larga explicación sobre ¿"Qué es el capitalismo?", se preguntó y contestó a la vez: "Una de las cosas que hace caer al muro del Berlín no es el poderío de Estados Unidos, sino que el capitalismo es una mejor idea que el comunismo y si el capitalismo se distingue frente a otras doctrinas es por la idea del consumo".
Más adelante segura de si misma: "Yo creo que los organismos multilaterales se quedaron en 1945. No han modificado absolutamente nada. Si a los funcionarios del FMI los tuvieran que mantener empresas privadas ya los hubieran echado a todos" atacó, y luego que se quejó, porque según ella "cuando un gobierno defiende sus recursos energéticos, el sistema de decisión nacional, cuando quiere tomar decisiones autónomas de acuerdo a los intereses de los ciudadanos que lo votan, tener un proyecto de integración al mundo, no de subordinación, es tildado incorrectamente de populista".
En esto ella tiene razón, así debería ser en un país libre y soberano. Pero veamos un poco el nuevo lenguaje: El "desendeudamiento" es una nueva palabra compuesta, perteneciente al nuevo diccionario ilustrado K; palabra que en el otro diccionario significa: pagar la deuda antes que venza el plazo, expresión que señala una actitud y un comportamiento de país colonizado. Correcto, del mismo modo, no somos ni por asomo un gobierno populista, ergo, no somos peronistas. Eso explica que, ya no se cante más la Marcha Peronista, y menos donde dice: "combatiendo al capital"
Sigamos, digo, ¿de que país estaba hablando? al decir "cuando un gobierno defiende sus recursos energéticos, el sistema de decisión nacional…" Mejor retornemos a nuestro país, al sur del sur con nuestros capitalistas prebendarios con sus comportamientos similares al de la oligarquía con olor a bosta, parasitarios.
El llamado a concurso preventivo por parte de la empresa concesionaria T. B. A., que opera las líneas Mitre y Sarmiento, es la confirmación de lo expresado en el párrafo inicial donde se señala el carácter de la crisis: integral. Pero no es la única que está en este estado, son tres los concesionarios que se encuentran en concurso preventivo de acreedores: Metropolitano -línea Roca-, Belgrano Sur (Taselli) y San Martín (UGO y Estado), Ferrovías concesionaria de la línea Belgrano Norte (Emepa), y T.B.A. Metrovías no lo ha hecho, pero ya está acusando un déficit operativo alto, más de 180 millones de pesos.
Las causales por estos pedidos de concursos son varios, algunos inducidos, otros, producto de las políticas comerciales de estos seudos empresarios polifuncionales, todos con emprendimientos ligados al Estado. Es decir, se cosecha con varias manos: subsidios, sobrefacturación por reparaciones de infraestructura ferroviaria, acopio de lo recaudado en boleterías, alquiler de los espacios de publicidad, renta de espacios para negocios de todo tipo, y así con la recolección.
Estas empresas han sufrido -hechos casi desconocidos por el público y bien oculto por la prensa, funcionarios y burócratas sindicales- embargos de boleterías con mayor recaudación por falta de pago a proveedores o municipios (como el de Morón), intervenciones en las recaudaciones, pedidos de quiebras, y así con esta política de recaudar y no pagar. Son las políticas de estos concesionarios comerciantes preferidos por el Jefe de Gabinete.
Dicen que han tomado estas medidas fundamentalmente por los juicios iniciados por terceros y que ahora llegan las sentencias y con ellas los embargos. La cifra, según T. B. A. llegaría a $ 60 millones.
El día viernes 23 de abril del 2004 fue un día ajetreado para T.B.A. Se debía guardar reserva sobre el pedido de concurso preventivo.
Por otro lado, nosotros ¿cómo vamos a creer en la inversión de capital de riesgo de los empresarios privados nacionales, o con el aporte de recursos genuinos, como decían algunos de nuestros dirigentes gremiales "lúcidos", a modo de justificar cobardemente todo lo privado; con los años de experiencias que la sociedad ha adquirido sobre esas creencias y con sus quebrantos inducidos para que el Estado se haga cargo. ¿Es para creer? ¿Se acuerdan de la CHIADE, de las tierras del Palomar, los negociados de la carne denunciados por Lisandro de la Torre?. (Ver: Los Negociados de H. N. Casal Nº 42 CEDAL).
El pueblo que tiene muy claro que el Estado Nacional continúa desembolsando dinero para conformar las requisitorias de los concesionarios, que en forma voraz prosiguen deglutiendo los recursos nacionales sin que haya realizado una sola mejora en las prestaciones de los servicios.
Las compensaciones que reciben los operadores son por "subsidios de explotación" como figuran en los contratos por "mayores costos operativos". Al igual que otros emprendimientos concesionaristas, las renegociaciones de los contratos fueron permanentes y siempre favorecieron a las empresas en desmedro de la calidad de los servicios. Se pactaron hasta modificaciones en los códigos de seguridad que marcaba el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo) para abaratar costos, como supresión de personal, de elementos de alerta, barreras automáticas, cambios de vías y señales, semáforos y ni hablemos de las condonaciones de las multas. Si sumamos a estas condonaciones, más las impagas de los concesionarios de cargas, la suma es más que apreciable. Es decir, repito, el Estado no está ausente, es conciente y conciente de estas irregularidades, por acción y no tanto por omisión.
El Ministerio de Planificación difundió los valores de los subsidios que recibieron los concesionarios en junio del 2004, ellos ascendieron a 13,9 millones de pesos distribuidos por empresas.
Vayamos historiando brevemente la cuestión de los subsidios, prebendas y accesorios que se pueden palpar:
* Metropolitano (línea Roca - San Martín y Belgrano Sur) 5,85 millones de pesos.
* Metrovías (F.C. Urquiza y Subterráneos) 2,7 millones de pesos.
* Ferrovías (Belgrano Norte: 2,7 millones de pesos.
* T. B. A. (Mitre - Sarmiento) recibieron 2,65 millones de pesos.
Con respecto a las multas, solamente, y con escaso control, entre noviembre del 2002 y marzo del 2003, fueron del orden de 4,5 millones de pesos por incumplimientos de los operadores. Las multas pueden ser apeladas, así que no hay certeza si se pagaron.
En cuanto a los concesionarios de carga, para éstos, el paisaje a pintar no es muy diferente. Los legisladores que monitorean a las privatizadas exigieron que se resuelvan los reclamos cruzados de deudas Los reclamos mutuos de deudas entre los concesionarios de trenes de carga y el Estado siguen estirando las negociaciones por la continuidad de sus contratos. Uno de los sectores que, en el 2004, parecía iba a ser uno de los primeros en cerrar sus actas acuerdo, sigue inmerso en una engorrosa discusión sobre multas y cánones impagos de las empresas, que sumarían unos $ 240 millones, según estimaciones del sector. La cuestión es no pagar.
En agosto del 2005, las empresas Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano firmaron sus cartas de entendimiento con la Unidad de Renegociación y Análisis de contratos de servicios públicos (Uniren). Esta unidad de renegociación está formada por el Ministerio de Planificación y Economía.
Se fijaron montos de inversión anuales y no se modificaron las tarifas. Por ser un sector que no cobra directamente al usuario común, se pensaba que sería una renegociación relativamente fácil, que rápidamente pasaría el control del Congreso. Pero la cláusula que estableció que los reclamos mutuos de deudas y multas serían analizados durante 180 días por la secretaría de Transporte y los montos resultantes se destinarían a inversiones adicionales, no agradó a los legisladores de la comisión bicameral de seguimiento de las privatizadas, cuyo visto bueno necesitan estos acuerdos.
Sólo Ferrosur tuvo su audiencia pública el 1º de septiembre y allí, el entonces senador Jorge Capitanich hizo escuchar la voz parlamentaria. Exigió que los reclamos mutuos se resuelvan antes de que el acuerdo vaya al Congreso, e hizo hincapié en que la firma primero pagara su deuda en multas y canon. Ferrosur debe $ 8.858.000 de canon, $ 2.887.000 de multas y $ 68.470.000 pesos por montos no invertidos hasta el año 2001, según la asociación de consumidores Deuco. Uno puede apreciar que las exigencias al pago de los cánones y el reclamo por la falta de cumplimiento en los contratos vienen del parlamento y no del órgano de aplicación, que es la secretaría de Transporte.
* Trabajo corregido.
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