Las comunidades de los Pueblos Diaguita y Lule nos hacemos presente en este día haciéndonos eco de la decisión de la sociedad tucumana de no olvidar ese periodo negro de la historia de nuestro país y nuestra provincia ocurrido hace 35 años.
Ese periodo nefasto significo también para nuestras comunidades una etapa de retroceso en la lucha que habíamos reiniciado unos años antes sobre el reconocimiento de nuestros derechos como Pueblos Originarios de estas tierras.
Significó presencia militar en nuestras comunidades, detención y tortura de nuestros dirigentes, imposibilidad de reunirnos. Significó la renovada opresión de los terratenientes de la mano de la policía y los jueces de paz quemando nuestros cercos, arrebatando nuestros pocos animales y nuestras escasas producciones de fruta, maíz, quesos y todo lo que sustentaba diariamente a nuestras familias.
Significó la legitimidad de estas injusticias por parte de un estado autoritario donde el derecho de los poderosos se sostenía en la explotación de los que siempre habían vivido en las tierras, de sus verdaderos dueños, mediante el cobro de arrendamientos, yerbajes y obligaciones.
Sin embargo, queremos señalar que estas prácticas para nuestros pueblos no fueron nuevas, solo fueron la reiteración de una sistemática violación de nuestros derechos que se instaló en nuestro pueblo y en toda América desde 1492.
Por ello queremos llevar a la reflexión de la sociedad tucumana, que la violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios de 5 siglos también merece un debate, ya que hasta el presente son muy pocas las voces que escuchamos hablen de este primer genocidio perpetrado primero por España pero luego por el propio estado argentino del que somos sus ciudadanos.
Este genocidio tiene continuidad y plena vigencia en nuestros días y se materializa en el asesinato del hermano Javier Chocobar a manos de ex represores de la dictadura militar y de los violentos desalojos desatados en contra de nuestras comunidades y las amenazas de muerte a nuestros dirigentes y comuneros, generando daños irreparables tanto físicos, como económicos y psicológicos en nuestra población.
Sin embargo, para los autores ideológicos y materiales de estas violaciones que tienen nombre y apellido no se conocen castigos y nuestros reclamos ante la justicia basados en el derecho que nos ampara no tienen eco favorable en la mayoría de los casos.
En los medios de prensa, es escasa la difusión de esta realidad cuando no distorsionada. El estado como garante de la seguridad y bienestar de sus ciudadanos no está aplicando eficazmente a través de sus instituciones los instrumentos que garantizan nuestros derechos colectivos y en muchos casos son esas instituciones las que los violan en forma natural.
Hoy nos sumamos a esta manifestación en contra de todo acto de violación de los derechos humanos, y sumamos nuestras voces para que no se olviden de las atrocidades cometidas por la última dictadura militar, pero también decimos que es necesario un debate sobre nuestra historia como sociedad, y los errores cometidos en el pasado para poder construir juntos una sociedad más justa para nuestros hijos.
Convencidos que esa sociedad más justa debemos construirla entre todas las fuerzas democráticas pluralistas y anti-imperialistas, denunciamos que la no aplicación de derechos que nos amparan sumados al asesinato y persecución a nuestros dirigentes ocurre de manera cotidiana en Tucumán: la Justicia de la provincia sigue dictando sentencias de desalojo a pesar de la vigencia de la Ley 26160 (y su prorroga la Ley 26.554) que ordena la suspensión de los mismos en territorios indígenas; lo hace utilizando argumentos dispares para cada caso de manera premeditada para no aplicar la ley mencionada; utilizando argumentos inconstitucionales introducidos en el propio Código Civil Comercial por abogados terratenientes.
Casos como el asesinato de Javier Cristóbal Chocobar, impune y ejecutado por represores de la dictadura militar; la detención del Cacique de la Comunidad Solco Yampa, inventada para perseguirlo y que tiene como cómplices a un empleado de la justicia a un Fiscal y a un Juez de los Tribunales de Concepción; el desalojo de hecho del comunero Benito Toledo en Riarte Norte, (Dpto. Trancas), ejecutado por la policía local que “recibía” órdenes de un terrateniente de la Provincia de Salta, acto que fuera observado el Juez de Paz de San Pedro de Colalao el cual se limito a mirar como policías y terrateniente sacaban las pertenencias del compañero Toledo desalojándolo con este acto; ocurren hoy a 35 años de la más aberrante y artera persecución a los luchadores populares.
Hechos como estos denunciaremos públicamente el próximo 19 de abril con una Marcha por las calles de la ciudad, por ello convocamos a participar a las organizaciones hermanas de DD. HH., a los Movimientos Sociales y a la ciudadanía que cree que el camino por la democratización en el marco de la pluralidad debemos seguir construyéndola.
Por nuestros Héroes Mártires y Titaquines
- S M de Tucuman; 24 de marzo de 2011
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