Discriminación macrista en la capacitación docente.

Las y los trabajadores docentes del Programa Primera Infancia, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa, cuya titular es Sonia Stegmann, dependiente de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Comunidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad a cargo de María Soledad Acuña, denunciaron que el macrismo intenta imponer un modelo de familia cristiano en el marco de la primera capacitación obligatoria de las jornadas de Mejora Institucional que fuese llevada a cabo por capacitadoras de la Fundación LECI, constituyendo ello una forma de impedir el pensamiento crítico y reflexivo que buscan y pregonan en los espacios educativos donde se desempeñan.

En dicha oportunidad, se entregó un documento elaborado por el Reverendo Raymond Roy, máster en “Animación de Comunidades y Familias” y en “Pastoral Carcelaria”, Director de dicha institución que sustenta “el valor central del mensaje evangélico”. Bajo el título “Cambio yo, cambia mi mundo”, subraya conceptos tales como “alumnos inadaptados” al igual que expone un concepto de familia bajo el modelo heterosexual, considerado como único y universal, "anulando" de esta forma a la sociedad democrática que reconoce y que lucha por la diversidad de familias que existen.

Asimismo, se refiere en forma despectiva acerca de las personas que viven en "barrios populosos", precisamente donde ellas y ellos desempeñan sus funciones, junto a calificaciones prejuiciosas como “inclinación sexual”, como también ejemplos protagonizados por sacerdotes, aportes de Jesús y evangelización para la escuela, claves para lograr la conversión del espíritu de las personas, el “único factor de cambio”, según el mencionado manual.

Tras la lectura de dicho material, consideraron que ello constituye una situación alarmante en la educación laica, pública y gratuita en el marco de una capacitación que no respeta la libertad de culto para las y los docentes como también para la comunidad que asiste a los espacios educativos en donde se desempeñan. Por otro lado, atenta contra los derechos garantizados por el artículo 14 de la Constitución Nacional, según afirmaron.

Al presentarse dicha acción educativa como si fuese de "comunicación", sin evidenciar sus verdaderos contenidos religiosos, ello revela las concepciones ideológicas de la gestión macrista por cuanto no responde a un programa de capacitación amplio, pedagógico y científico en donde se respete la diversidad cultural, sin emitir juicio sobre la idea de familia, sexualidad e identidad de género. Asimismo, procura la reproducción de las ideas religiosas e ideológicas tendientes a "fomentar la construcción de un pensamiento único y hegemónico que oprima", desde "el juzgamiento, la discriminación y la desvalorización" de todo aquello que se considera diferente, sostuvieron.

La educación laica, pública y gratuita debe ser garantía de la convivencia en la diversidad y en consecuencia, consideraron la enseñanza de la religión como una decisión personal que debe mantenerse fuera del espacio escolar, correspondiendo ello al ámbito privado y no, como considera el gobierno macrista, como un aspecto a trabajar con las y los docentes de la escuela pública.

Destacaron que, con estas capacitaciones, el Gobierno de la Ciudad no reconoce ni respeta la diversidad de culto, como tampoco considera la diversidad de familias que conviven en nuestra sociedad, estigmatizando a los sectores sociales más postergados y señalaron que ello resulta peligroso, por cuanto intenta imponer como "deseable" aquellas prácticas relacionadas con las concepciones ideológicas del cristianismo, incluyendo sus ideas de sociedad y familia.

Sin dudas, afirmaron, el gobierno macrista ataca el derecho a la educación laica, pública y gratuita, iniciada con la Ley 1420 y proseguida con la Ley Nacional de Educación, que promueve el aprendizaje de saberes fundamentales para comprender y participar reflexivamente en la sociedad actual.

Finalizaron, sosteniendo la defensa del derecho a enseñar y aprender mediante el respeto de las particularidades de cada comunidad en el marco de una escuela pública que debe promover valores democráticos; brindar igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna y garantizar los principios de gratuidad y equidad.