La Facultad de Filosofía y Letras (UBA) rechazó la admisión de represores como alumnos.

Mediante una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, tras la presentación de una nota por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la manifiesta preocupación de autoridades, docentes, graduadas y graduados, estudiantes y no docentes de dicha unidad académica de la Universidad de Buenos Aires, se rechazó la admisión de genocidas como estudiantes a través del Programa UBA XXII.

Recordaron que la Universidad estuvo intervenida entre 1974 y 1983, período en el cual docentes, graduados, estudiantes y no docentes sufrieron la sistemática persecución, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones "como parte del plan de exterminio y disciplinamiento perpetrado contra el pueblo argentino durante esos años", como también los 423 casos de asesinatos y desapariciones en las carreras de Sociología y Psicología que funcionaban en la mencionada Facultad.

Asimismo, destacaron que los juicios llevados en el marco de la política de Memoria, Verdad y Justicia permitió terminar con la impunidad para llevar al procesamiento y condena de una gran cantidad de represores por los delitos cometidos durante el genocidio ejecutado durante la última dictadura cívico - militar como también la demostración judicial de la responsabilidad de ellos en la planificación de los delitos de lesa humanidad.

Por otra parte, recordando que, pese a las condenas, los genocidas siguen gozando de privilegios como producto del reconocimiento de su jerarquía o la "solidaridad" de sus pares, como también "de parte de la corporación judicial, las Fuerzas Armadas y el Servicio Penitenciario Federal, que implican condiciones diferenciales de alojamiento y traslado, como ha sido no sólo registrado en notas de investigación periodísticas, sino también comprobado por docentes y estudiantes del Programa UBA XXII", según afirmaron.

Ante la irrupción de los represores detenidos en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz en las aulas de la Universidad en la cárcel, sin estar inscriptos, hostigando, acosando y amenazando a docentes y estudiantes del mencionado programa, quienes han manifestado su rechazo mediante declaraciones colectivas, el cual comenzó en los primeros años de la democracia renacida en 1983 con el objetivo de constituirse en espacio de libertad y formación para las personas privadas de su libertad a los efectos de garantizar su derecho a la educación universitaria, el Consejo Directivo sostuvo que sus fines no deben ser distorsionados por el accionar de estas personas que solamente buscan modificar sus privilegiadas condiciones de encierro mediante la violentación moral a docentes y estudiantes como también la banalización de "la voluntad de transformación individual y colectiva que dió origen a dicho programa", según expresa su resolución.

Por otro lado, recordaron la preocupación manifestada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Servicio de Paz y Justicia Comisión Zona Norte (SERPAJ), la Secretaria de DD. HH. de la CTA Capital, el Instituto de Relaciones Ecuménicas (IRE), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).