Sumario:
1. Policía comunal: Buenos Aires activa... la represión.
2. Proyecto Conti: Una ley para legitimar la represión.
3. El sionismo profundiza su política de exterminio sobre el pueblo palestino.
4. Represión a los trabajadores en Azul.
1. Policía comunal: Buenos Aires activa... la represión.
Las colas de muchachos de ambos sexos en La Plata, para inscribirse como policías comunales de la provincia, llegó a cuadruplicar las vacantes a cubrir.
Es probable que el actual gobernador Daniel Scioli (ex vicepresidente de Néstor Kirchner y figura central en la última campaña electoral K), sostenga que ha sido todo un éxito la propuesta y entonces su imagen electoral vuelva a crecer porque "Bs. As. activa, está haciendo algo frente al tema de la inseguridad". Mientras tanto, en su distrito de La Matanza, el presidente del PJ provincial, el kirchnerista furioso Fernando Espínoza, hace publicidad con los mismos ingredientes: "La paz que nos reclaman los vecinos llegará con las escuelas de policía a las que convocamos a nuestros jóvenes". Pero el maquillaje oculta, encubre, enmascara.
Lo que se revela es la doble función disciplinadora que entraña el fenómeno de la desocupación derivado de la última etapa de desarrollo capitalista. Buscan un trabajo desesperados porque se prepararon para otra cosa, pero ahora "agarran lo que venga" y esto -según el fogoneo de los medios de comunicación- es una "salida laboral". La desocupación entonces, una vez más, asume su condición de herramienta del poder.
El capitalismo va concentrando mayor riqueza con menos ocupación y por ende, millones de hombres y mujeres resultan empujados a la miseria, imposibilitados de subsistir con lo único que disponen: la venta de su fuerza de trabajo. La tasa normal que nunca superaba el 5% de desocupados y que permitía cumplir el rol de "ejército industrial de reserva" al decir de Carlos Marx, tenía su función asegurada: mantener bajos los salarios. El disciplinamiento significaba ganancia empresarial. Pero el capitalismo se transformó. Su forma de producir incorporó nuevas tecnologías, otra lógica de reproducción del dinero, que al centralizarse en las grandes ciudades deja, sobre todo en Latinoamérica, una "población sobrante".
No es difícil de imaginar lo que vendrá: las sucesivas crisis derivan en un proceso de descomposición social que se manifiesta en altos índices de miseria (la Argentina, pese a la publicitada "Década Ganada", registra una masa de 11 millones de pobres que no pasan desapercibidos para el poder). Por ahora los contienen con los planes sociales que, por efectos de la inflación y la transferencia de ingresos que significa la devaluación, van perdiendo efectividad. A su turno, en la economía formal comienza a acelerarse el proceso de desempleo que en primerísimo término se cristaliza contra los sectores más cuestionadores, luchadores, clasistas e independientes.
Es en este contexto que debe analizarse la medida del gobierno provincial. La población sobrante en términos económicos, encuentra en el empleo estatal un medio de subsistencia. En nuestro específico caso esa función tiene como natural correlato el disciplinamiento del resto de la sociedad mediante el uso monopólico e indiscriminado de la fuerza estatal y el aparato represivo.
Todos sabemos cómo y cuándo, por qué y para qué se usa esa función. Lo saben los trabajadores de Lear, de Gestamp, de Emfer... y las numerosas familias que engrosan el listado de víctimas del gatillo fácil.
El discurso de la inseguridad deviene así una excusa. Los beneficiados por el accionar estatal, los grandes capitales, saben que la seguridad concebida defiende con exclusividad su propiedad. Los 750 que se incorporarán serán parte del verdadero ejército de ocupación que los resguarde. La policía comunal es una herramienta del Poder, el estado es el brazo que la articula con discursos y su función real es la de todos los tiempos: proveer el cuidado del orden social mediante el control total.
Vale la pena remarcarlo, no todos los desempleados buscan eso, que no es ninguna salida sino el ingreso al laberinto oscuro de la represión y el verdugueo del pueblo. CORREPI insiste: los policías no son trabajadores.
2. Proyecto Conti: Una ley para legitimar la represión.
El primer proyecto de ley con que el Frente para la Victoria obedeció la orden recibida de su jefa, la presidenta Kirchner, en el discurso del 1º de marzo de este año, de legislar para “reglamentar” (es decir, prohibir) las movilizaciones y protestas callejeras, generó un repudio tan amplio que hasta sectores oficialistas se plegaron a criticarla. Es que era demasiado burdo, aun para el kirchnerismo, promover un texto que contenía cláusulas copiadas de un decreto de Pinochet, y que utilizaba categorías tan expresamente represivas como “protesta legítima” y “protesta ilegítima”.
Ese proyecto fue rápidamente embolsado, y apareció en su reemplazo uno largamente titulado “Comisión de mediación obligatoria frente a los conflictos sociales. Creación en el ámbito del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se declara la amnistía a las personas incursas en delitos cometidos en el marco de protestas, movilizaciones y reivindicaciones sociales, gremiales y políticas, a partir del 10 de diciembre de 2001”, de autoría de la diputada ultra kirchnerista Diana Conti.
En 6 escasos artículos, más el que invita a los gobernadores a adherirse y el de forma, el texto crea una “Comisión de Mediación” dentro del ministerio de Justicia y DDHH, compuesta por los funcionarios de otros ministerios que el poder ejecutivo designe, que deberá intervenir de inmediato ante cualquier manifestación, toma de establecimientos públicos o privados, cortes de rutas o calles o cualquier otra movilización con “exteriorizaciones que afecten a terceros ajenos al conflicto”, lo que incluye absolutamente todo acto de protesta o reclamo.
El procedimiento previsto deja bien claro que se trata simple y brutalmente, de la prohibición explícita de cualquier protesta. Ante una “reunión de personas que peticionan o se expresan sin ejercer violencia, ni utilizando armas”, la “autoridad competente” (eufemismo que siempre remite a las fuerzas de seguridad) deberá intimar al cese y llamar a la Comisión.
Así, en primer lugar, aunque no se hable expresamente de “manifestaciones legítimas o ilegítimas”, se consolida de hecho la distinción, y se autoriza la inmediata represión, sin mediación ni intimación alguna, sobre las “reuniones de personas” que, a criterio de esa “autoridad competente”, ejerzan violencia o utilicen armas. Ya sabemos cuál es el concepto de “violencia” y de “armas” que aplican los funcionarios estatales (de policías a jueces, de gendarmes a fiscales) cuando el que está del otro lado es un trabajador organizado. Mil veces hemos defendido en causas penales compañeros imputados como “violentos” porque alguno tenía el rostro cubierto, o porque se calificó como “elemento contundente” una caña de una bandera. Ni hablar si hay cordones de seguridad, bastones de autodefensa o si se ingresa a un edificio público. La semana pasada, sin ir más lejos, una radio abierta frente a la Cámara Criminal, organizada por CORREPI, la RNMA y ENECA, fue calificada a viva voz como “acto violento” por la presidenta de la Sala V, porque se escuchaba desde dentro del edificio. Si nos atenemos a lo que la justicia argentina define como “violento” en materia de movilizaciones, sólo alguna procesión religiosa (y no siempre necesariamente) quedaría excluida.
La tarea de los delegados de la Comisión, una vez convocados por la policía, es la de “canalizar las pretensiones o reclamos de un modo en que no afecten los derechos de terceros”, lo que claramente se traduce en la desactivación de la protesta, para sustituirla por alguna instancia puertas adentro (elevación de petitorios, reuniones, mesas de diálogo, etc.), es decir, todo lo que precede habitualmente cualquier reclamo que llega a la calle. Terminada la mediación, si la protesta se mantiene, las fuerzas de seguridad tienen vía libre para intervenir y hacerla cesar, lo que también se dice tratando que no se note tanto: “si (la mediación) no tiene éxito, se hará una intimación ordenando el cese de las acciones que afectan derechos de terceros, y sólo si la orden no es obedecida se podrá hacer uso de la fuerza pública para hacer cesar la comisión de los delitos”.
La formulación “derechos de terceros” incluye, naturalmente, lo que sea necesario para justificar la intervención represiva. Podrá ser cualquier cosa, desde el “derecho de circular” si hay una calle cortada, hasta el de dormir la siesta sin ruidos en la vereda.
El artículo 6º es el que contiene la mayor trampa del proyecto de ley, y la zanahoria envenenada para que algún distraído crea que su sanción pudiera ser útil a los trabajadores. “Se declara la amnistía de todas las personas incursas en delitos cometidos en el marco de protestas, movilizaciones y reivindicaciones sociales, gremiales y políticas, producidas a partir del 10 de diciembre del año 2001 y hasta la sanción de la presente ley”, dice en el primer párrafo. Pero el segundo y breve segmento agrega: “Se excluyen los delitos de homicidio, lesiones graves y cualquier otro que implique el ejercicio directo de violencia física sobre las personas”. Prácticamente ningún compañero, de los más de 5.000 que hoy enfrentan causas penales como consecuencia de su participación en movilizaciones o protestas de cualquier tipo, podrá ser beneficiado con la anunciada amnistía. No es necesario detenernos en la situación de los petroleros de Las Heras, condenados por homicidio calificado y coacción agravada, que quedan claramente excluidos. La figura penal más liviana, y a la vez la más usada cuando hay detenciones en una movilización, es el famoso “atentado o resistencia a la autoridad”, que suele combinarse con daño y lesiones, en lo que hace años llamamos “combo manifestación”. Tanto el atentado y resistencia a la autoridad como las lesiones implican, en su definición técnica, el “ejercicio directo de violencia física sobre las personas”. Ni hablar del resto del menú habitual de imputaciones en causas contra la militancia.
Por lo tanto, salvo algún caso muy excepcional en el que sólo se acuse por la obstrucción o interrupción del tránsito (que últimamente, en el ámbito de la CABA, se canaliza más frecuentemente ante la justicia penal o contravencional de la ciudad, a la que no alcanza este proyecto de ley), no habrá cierre de ninguna causa.
La pretendida “amnistía” es puro engaño para que la ley pase más fácil, y no cambiará la situación de los compañeros condenados y presos, como los de Corral de Bustos o Esteche y Lescano, ni de los que esperan su juicio, como los de los saqueos de Bariloche, los que defendieron la Sala Alberdi o los vecinos indignados que arremeten contra una comisaría después de un fusilamiento o una muerte en la tortura.
Mientras el texto del proyecto intenta disimular su verdadero objetivo, en la exposición de motivos la diputada oficialista los confiesa, como cuando comienza habla de la necesidad de “reglamentar las protestas sociales para la mejor convivencia” (o sea, la mejor conveniencia de los gobiernos) y cuando pontifica que “el Estado debe preferir en tanto sea posible, la utilización de todos sus elementos de gestión, de prevención, de disuasión, atención y solución de conflictos, antes de recurrir a la represión y al castigo penal”. Claramente, el objetivo es desalentar y desactivar las protestas de manera más “inteligente” que directamente cargando con gases y balas, lo que puede dar mala prensa, y así “solucionar un problema real y acuciante de la Argentina actual... gestionando con criterio democrático los conflictos sociales.”.
El “problema real y acuciante” que el proyecto de ley quiere solucionar no son los despidos y suspensiones, los salarios caídos, la inflación ni ninguno de los problemas, esos sí reales y acuciantes, que aquejan al pueblo trabajador. El “problema real y acuciante” es que el gobierno disponga de más y mejores herramientas para reprimir, como siempre en democracia, con todo el consenso posible.
Como decíamos en abril pasado (Boletín Nº 711), “El derecho, en una sociedad dividida en clases, es el derecho de la clase dominante, aplicado por el estado de la clase dominante a través de sus funcionarios. Es el lenguaje de los capitalistas, no de los trabajadores. El lenguaje de los trabajadores, en cambio, ha sido siempre el de la lucha organizada en las calles, la única forma de derrotar estos embates represivos”.
3. El sionismo profundiza su política de exterminio sobre el pueblo palestino.
