Sumario:
1. Gambetas y balas: De penales no cobrados y represión.
2. Berni: El gobierno por la bala y la boca muere.
3. Solidaridad con el pueblo y los presos políticos peruanos.
4. Córdoba: Gatillo fácil con mala puntería.
5. Polichorro santiagueño: nada insólito.
1. Gambetas y balas: De penales no cobrados y represión.
El mundial Brasil 2014 tuvo una previa de protestas y represión. Con el 20% de sus más de 200 millones de habitantes en la pobreza, hacinados en favelas militarizadas, el pueblo brasileño se cansó de escuchar que no había plata para la salud, la educación y demás derechos básicos cuando vio que el gobierno del PT estaba construyendo otro mundo, un mundo donde los explotados de Brasil no eran bienvenidos: el mundo para el Mundial.
Con un gasto total de U$S 13.600 millones de dólares, la previa mundial fue un espacio donde el pueblo de Brasil salió a organizarse para reclamar sus justas reivindicaciones y denunciar el negociado del gobierno brasileño con la FIFA. La respuesta del gobierno de Rousseff fue la represión. Cuando parecía que en las favelas no entraba un sólo policía más, el gobierno demostró que siempre hay plata y lugar para más policía con tal de seguir reprimiendo. No sólo recrudeció la militarización de las fuerzas de seguridad en las barriadas populares, sino que cada una de las protestas fue reprimida, sin excepción.
El 12 de junio, todo estaba en su lugar. Las cámaras se encendían para mostrar a millones de personas alrededor del mundo que Brasil, aquel país sudamericano que emerge como potencial a fuerza de explotar a su pueblo, no sólo es capaz de mantener bajo control las villas maiores do mundo, sino que también puede organizar un mundial. Lo dejó claro ese mismo día, pero más temprano, cuando la policía reprimió simultáneamente las protestas en San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis y Belem. ¿El saldo? Cientos de detenidos y heridos como consecuencia de las balas y los gases lacrimógenos del gobierno progresista. En Argentina, Sergio Berni también protestaba, pero para pedir que lo dejen reprimir aun más en nuestro país; comentando la jornada represiva que se desplegó en todo Brasil, el secretario de Seguridad se reprochaba “Si pasa algo así acá, yo voy preso”.
El fixture del mundial incluyó goles y gambetas, balas y represión. La primera jornada mundialista fue inaugurada con represión en todo Brasil y un triunfo de la Selección local. Mientras tanto, en Argentina, las fuerzas de seguridad del estado no quisieron ser menos que sus colegas brasileros e inauguraron el mundial fusilando a Walter Darío Arrieta, de 20 años, de un disparo en la cabeza (ver Boletín Informativo N° 719 de CORREPI).
Lo mismo sucedió mientras transcurría la tercera fecha del torneo. Mientras Uruguay le peleaba el partido a Costa Rica, Andrés García era detenido por la Gendarmería de Cuyo para un “control” vehicular, control que terminó con el fusilamiento de Andrés.
El 15 de junio, la Selección argentina se metía en el campo de la selección bosnia para marcar dos goles. Acá, en Argentina, la policía Federal, junto con la Infantería y la Gendarmería, se metían en la fábrica Paty con el objetivo de impedir que los trabajadores siguieran el paro votado en asamblea y la toma de la fábrica que tenía como objetivo la reincorporación de compañeros suspendidos y reivindicaciones salariales.
El 17 de junio, cuando finalizó un lastimoso cero a cero entre Brasil y México, la policía Federal arremetía contra la manifestación que se concentraba en la Casa de Córdoba, con un saldo de 12 compañeros detenidos.
Un día después, mientras España quedaba afuera del Mundial, las fuerzas de seguridad del estado argentino seguían adelante en su tarea represiva, torturando hasta la muerte a Arial Almeyda, de 18 años, en la Comisaría 1ª de Viedma y asesinando a un pibe de 15 años en Pablo Nogués.
El 28 de junio, tampoco fue la excepción en este combo de mundial y represión: Lucio Norberto Betriziano de 30 años, volvía a su casa en Paso del Rey luego de ver con amigos el partido entre Brasil y Chile. Cruzó su camino con el policía Federal Julio César Mogogna, que lo vio “sospechoso”, le disparó y lo mató. Ese mismo día, también en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en Merlo, un pibe de apellido Sosa, de 17 años, fue fusilado por un policía Federal. (Ver boletín Informativo N° 721 de CORREPI).
En la jornada del 30 de junio, cuando Alemania y Francia ganaban sus respectivos partidos, los estatales de ATE Río Negro se manifestaban cuando vieron venir, uno tras otro, los palos y los gases policiales. La jornada represiva terminó con varios trabajadores heridos.
El 1º de julio, la Selección argentina pasaba a cuartos de final y los hinchas argentinos festejaban en San Pablo, pero para que los argentinos que se fueron a Brasil no se olviden del accionar de la policía de su país, la policía militar paulista de Brasil los reprimió durante más de dos horas con balas y gases.
Luego de que la Selección llegara a la semifinal del Mundial después de 24 años, la gendarmería, con Berni como DT, reprimió el corte de los trabajadores de Tatsa y Emfer el 7 de julio y continuó, de la mano de la policía Federal el día siguiente, contra los trabajadores de Lear.
Las últimas dos jornadas mundialistas no tuvieron nada que envidiarle a las anteriores si de represión hablamos: el 9 de julio, en La Plata, miles de personas pasaron de festejar el pase a la final de la Selección a correr de la balacera policial. Los festejos fueron reprimidos por la policía, dejando como saldo diez personas heridas.
Finalmente, ayer, mientras la mayoría de nosotros nos quedábamos en silencio cuando veíamos como entraba la pelota empujada por Götze al arco de Romero, la policía Federal comenzaba con el operativo preparado para los festejos de ese día. El debate futbolero sobre el penal no cobrado y los goles errados, fue quebrado por las balas policiales en distintos puntos del país: en Capital Federal, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata y Córdoba, la policía festejó el segundo puesto de la Selección cumpliendo su tarea predilecta. Reprimió en simultaneo a miles de personas, dejando como resultado, sólo en Capital, más de 60 heridos y 50 detenidos, único lugar del país donde, hasta ahora, se comprobó la participación activa de barras bravas, quienes en muchas ocasiones se prestan para ser la mano de obra tercerizada de la represión estatal.
Los medios de comunicación, tanto oficiales como del grupo Clarín, hablan de los violentos de siempre, refiriéndose a los hinchas que fueron reprimidos en todo el país. Lo que no dicen, es que los que siempre llevan la violencia estatal a cada punto del país son las fuerzas represivas del estado, que utilizan cualquier excusa para aplicar las herramientas que tienen a mano con el objetivo de disciplinar al pueblo o romper con la organización de los trabajadores, según sea el caso. La Selección argentina tiene la posibilidad de ganar el Mundial cada cuatro años, mientras que la policía mata un pibe cada 28 horas.
¿La culpa es del fútbol? No. El deporte más jugado por el pueblo trabajador, tanto en Brasil como en Argentina, es utilizado por pocos para hacer de él un negociado y una excusa para la represión. La alegría del pueblo trabajador es cooptada por los distintos gobiernos para cubrir sus matanzas, para que un puñado de empresas se llene los bolsillos, mientras tantos pibes patean la pelota en un potrero hasta que un policía o un gendarme aprieten su gatillo.
Miles de policías brasileños llevaron adelante razzias masivas en las favelas de Brasil este año, con la excusa de que se estaba preparando un atentado que tenía como objetivo el primer partido del Mundial. El aparato represivo fusiló a un número incierto de personas con el argumento de estar buscando terroristas. Todo esto bajo la dirección del gobierno brasileño, que se ocupa de defender los intereses de la burguesía y a pedido de la FIFA que exigía condiciones necesarias de “seguridad”. Para garantizar la seguridad de las empresas y de la FIFA, el gobierno brasileño desplegó un total de 250.000 efectivos de seguridad de distintas fuerzas y gastó más de 2.000 millones de reales en materia represiva. En varias favelas de Brasil se veía la misma consigna “Terrorista es la FIFA”.
El saldo del mundial en Brasil, no sólo incluye los diez goles que su Selección vio entrar en su arco en los últimos dos partidos, sino que también contó con 696 movilizaciones, donde las fuerzas de seguridad asesinaron a ocho personas, detuvieron a 2.608 e hirieron a 837. Brasil no ganó el Mundial, pero sí obtuvo un record: el mayor despliegue de fuerzas de seguridad de la historia en un acto deportivo.
No es casual que los distintos estados quieran hacer de la alegría de miles de trabajadores un negocio. Sin embargo, hemos visto cómo, a pesar de los intentos de los gobiernos y las empresas de implantar una cortina de humo, el pueblo trabajador puede esperar con ansías el gol del triunfo, pero también, y sobre todo, organizarse y salir a las calles luchar por lo que le corresponde.
2. Berni: El gobierno por la bala y la boca muere.
El 7 y 8 de julio pasado, sin disimulos ni mascaradas, el gobierno nacional descargó buena parte de su potencial represivo sobre los trabajadores de Enfer-Tatsa, Lear y todos los que acompañaron sus reclamos contra despidos, suspensiones y persecución gremial. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, tuvo a su cargo no sólo la dirección de los operativos de gendarmería y la policía Federal, sino que dejó bien claro su objetivo, el de frenar la organizacion y la lucha de los trabajadores: “Actuamos para no dejarnos avasallar por esta planificación permanente de violencia de la izquierda”, declaró orgulloso.
Pero fue en declaraciones al diario Perfil donde confirmó lo que CORREPI viene sosteniendo: “No hubo ningún cambio, siempre trabajamos de la misma manera, con mucha responsabilidad. En todos los cortes actué de la misma manera”.
Así, fue el propio encargado de administrar la represión en el gobierno de Cristina Fernández quien rebatió, incluso antes que se produjeran, los tristes intentos de otros sectores del oficialismo de relativizar los acontecimientos del 7 y 8 de julio como si hubieran sido algo novedoso y nunca visto en la década precedente. Como si 21 asesinados en la represión a movilizaciones y manifestaciones desde 2003 fueran resultado de otra cosa que de una sostenida política de represión, magistralmente disimulada tras el discurso de la “no represión de la protesta”.
El ministro de seguridad de hecho se vanagloria de no necesitar que le indiquen quién es quién en las protestas porque, como dijo una fuente oficial reservada por Clarín, no consulta con ningún otro funcionario antes de actuar, porque Berni “ya conoce a estos grupos de sus ocho años en el Ministerio de Desarrollo Social, sabe quiénes son duros y con quiénes se puede negociar”.
La retahíla de acusaciones contra los trabajadores movilizados, dirigida a deslegitimar sus reclamos, incluyó expresiones como “inadaptados de los partidos de izquierda, con una clara intencionalidad de generar disturbios y caos”; “...venían cargados con mochilas con piedras, gomeras, rulemanes, tuercas para generar el mayor daño posible, el mayor disturbio posible”; “... querían generar un día de caos”; “los militantes buscaban agredir a la gendarmería". No dejó, obviamente, de cargar contra la militancia de los partidos de izquierda que acompañó a los trabajadores, ni contra los legisladores y diputados, a los que mandó a “legislar contra los piquetes en lugar de promocionarlos”.
La misma fuente oficial no citada, aclaró a Clarín cuál es una de las preocupaciones del gobierno: “imaginate que un gendarme le pega de más a una mujer o pasa algo parecido, y la misma gente que nos felicitaba por el desalojo nos acusa de violentos”.
Eso fue lo que sucedió con los que, como el diputado Leonardo Grosso de la JP Evita y el jefe del CELS Horacio Verbitsky, salieron desde el propio oficialismo a criticar los que el segundo definió como “desplazamiento preocupante en la política de no represión de la protesta social”. De nuevo, “preocupados” señores, ¿cómo, sino con represión a la protesta, tenemos más de 5.000 compañeros criminalizados, centenares de heridos y 21 muertos en movilizaciones en los pasados 10 años?
La respuesta a la propia tropa díscola, que reclama más “delicadeza” para que la represión no se note, vino de parte de la presidenta, por boca de su jefe de gabinete, Jorge Capitanich. El respaldo a Berni fue total. “La actuación de gendarmería y policía fue de manera prudente y razonable... Si uno observa la actuación tanto del secretario de Seguridad como del Ministerio de Seguridad y si uno observa la actuación de las fuerzas de seguridad, lo hacen en el marco de un ejercicio de un protocolo que pretende proteger la vida de los ciudadanos y el derecho a los ciudadanos. Esa es la estrategia que siempre ha seguido el gobierno", explicó “Coqui” a los periodistas. Y, por las dudas, agregó: los cortes y protestas tienen como fin "generar y propiciar un nivel de desgaste permanente en la gestión de Gobierno".
Claramente, los trabajadores organizados por sus derechos no son “ciudadanos” para el gobierno nacional, y su “protocolo de actuación” no es otra cosa que la defensa irrestricta de los intereses de las patronales.
3. Solidaridad con el pueblo y los presos políticos peruanos.
En abril pasado, el estado peruano, mediante la Operación “Perseo”, encarceló 28 miembros del MOVADEF (Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales), bajo la acusación de “terrorismo” y ordenó la captura de otros 6 compañeros. Ese operativo es parte de la política sistemática de represión al pueblo y organizaciones políticas peruanas, llevada adelante por el gobierno de Ollanta Humala.
Pero el gobierno de Humala no se limita a perseguir a los luchadores y militantes políticos dentro de su territorio, sino que extiende tanto como puede la persecución en los países donde han buscado refugio los perseguidos políticos, como Argentina.
El año pasado se llevó adelante el juicio de extradición contra Rolando Echarri Pareja, acusado por “ondear y repartir volantes que contenían la hoz y el martillo”. Al no constituir ese echo delito en Argentina, Echarri fue puesto en libertad, pero el gobierno peruano apeló la sentencia, que aún se encuentra pendiente de resolución de la Corte Suprema.
En diciembre pasado, fue encarcelado en Argentina Oswaldo Quispe, bajo acusaciones más graves que las imputadas a Echarri Pareja. El juicio de extradición está próximo a iniciarse en agosto. Lo mismo sucede con Manuel Carranza, cuyo juicio se inició intempestivamente, por lo que la defensa -en todos los casos, llevada adelante por La Gremial de Abogados- pidió un aplazamiento para mejor proteger los derechos del compañero.
A pesar de que el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner han roto con la tradición de más de cien años del estado argentino de dar refugio político, a fin de aceitar aún más los mecanismos de colaboración estatal, se ha firmado recientemente un acuerdo bilateral “antiterrorista” entre Perú y Argentina.
CORREPI entiende que la lucha por los presos y perseguidos políticos no es una cuestión exclusiva de solidaridad con quienes padecen dicha situación, sino en primer lugar de defensa propia de todos los luchadores. Por eso, junto a organizaciones de DDHH, antirrepresivas, sociales y políticas, decidimos constituir el Comité de Solidaridad con el Pueblo Peruano y los Presos Políticos, cuyas reuniones se realizan los días viernes, a las 18:00, en Av. Corrientes 1785, 2º C.
Llamamos a todas las organizaciones a rodear de solidaridad a los compañeros que están próximos a enfrentar el juicio, y a participar activamente de la campaña por su libertad.
4. Córdoba: Gatillo fácil con mala puntería.
El domingo 6 de julio, durante la madrugada, el Barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba fue escenario de un hecho que sólo por algo de suerte no concluyó con un nuevo asesinado por el aparato represivo del Estado. Gastón Liendo, de 17 años, volvía de bailar con dos amigos a bordo de una camioneta Renault Traffic, cuando se cruzó con la moto del cabo de la policía cordobesa Pablo Bordonaro, qué volvía de hacer adicionales.
Una simple discusión de tránsito, de esas que se resuelven con un par de bocinazos y alguna palabra gruesa, cambió de carácter porque uno de los protagonistas era un policía. Sacando a relucir su chapa de impunidad, el cabo Bordonaro desenfundó el arma y persiguió a los tiros a la camioneta, que recibió 7 impactos. Cuando la camioneta se detuvo, el policía pasó al frente y disparó contra el parabrisa.
Gastón fue herido en la espalda. El balazo, después de atravesar la chapa y el asiento, le lesionó un pulmón, el hígado, el intestino y la vesícula. Sus dos acompañantes fueron bajados del vehículo a los golpes y tendidos en el piso.
Por ahora, El cabo Bordonaro está detenido en la Unidad Penal de Bouwer, imputado por el delito de lesiones graves, mientras Gastón se recupera lentamente en el Hospital de Urgencias de la Córdoba Capital.
Con claridad, la mamá de Gastón señaló que no se trata de un hecho aislado ni de un loquito suelto: “Nosotros queremos que la policía no nos ponga droga en la camioneta ni que termine armando una escena falsa, como suele hacer, para proteger al responsable. También queremos que otros chicos no sean víctimas”.
5. Polichorro santiagueño: nada insólito.
Una chica de 15 años volvía a su casa, en un barrio de la capital de Santiago del Estero, después de jugar un partido de pelota al cesto. Un motociclista la interceptó, la amenazó con un cuchillo y le robó el celular y una cadenita que llevaba al cuello.
Vecinos que auxiliaron a la piba dieron rápido aviso, con una precisa descripción del ladrón. Así, a las pocas cuadras fue detenido, botín en mano. Ya arrestado, resultó que el “motochorro” era un “polichorro”: el cabo Daniel Carrizo, de 31 años.
Nada sorprendente, dada la frecuencia con la que constatamos la participación y protagonismo criminal del aparato represivo, a pesar que los medios, de nuevo, titularon “Insólito”, como hacen a cada rato, para disimular lo que no tiene remedio.
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