Por Julio C. Gambina
Variadas son las tensiones en la economía local y destaca entre otras el alza de los precios en general y las demandas empresarias por la devaluación del peso.
La devaluación supone el aumento de un precio en particular, el del dólar, lo que incide en los ingresos de los grandes productores y exportadores, como en las valorizaciones de los activos en moneda extranjera en manos de la élite del poder económico en el país.
Además, ese precio del dólar y las divisas en general, se incorpora como costo de importaciones diversas y expectativas de aceleración de precios en general en desmedro de las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Deuda
A esas cuestiones hay que sumar las presiones de los acreedores externos, especialmente desde la demanda judicial en EE. UU. Una situación que se reiterará, por lo menos hasta comienzos del 2015, plazo que parece haber establecido el gobierno argentino para negociar y cumplir la sentencia estadounidense y no soportar el potencial costo de la cláusula RUFO.
En ese sentido vale consignar que las novedades son cotidianas, con un juez que no atina a embargar los fondos depositados a fines de junio en la banca de Nueva York, realizados por el gobierno argentino con destino a los bonistas del canje 2005 y 2010. A fines de septiembre puede repetirse y agravarse la situación por nuevos vencimientos de la deuda negociada.
Las condicionalidades del propio juez neoyorkino se derivan del accionar de terceros, caso del City Bank, que solicitan la Cámara de Apelaciones de la Justicia de Nueva York que se revise el fallo de Griesa y se destrabe una situación que afecta al negocio de la especulación financiera global.
Por su parte, la solución entre privados, los Bancos que ofrecen comprar bonos a los fondos buitres, no avanza. Entre las explicaciones que circulan se aduce falta de acuerdo en el precio de los bonos de la sentencia, aunque también, la noticia de una negociación entre bancos y buitres parece una operación de prensa de grandes bancos transnacionales que intentan con sus anuncios frenar la desvalorización de sus tenencias de bonos argentinos. Es que más allá de cualquier debate, esos bonos que figuran en los balances de los grandes bancos son calificados en default para el sistema financiero global.
La novedad política en el país es el inicio de una campaña popular que sostiene la suspensión del pago de la deuda y su investigación, impulsada por un amplio abanico de organizaciones y personalidades que esta semana desplegó mesas de debates en algunas ciudades del país para generar consenso en tratamientos alternativos a la cuestión del endeudamiento y la conflictividad a propósito de los buitres y la justicia de EE. UU.
No es menor el impacto en la Argentina del embrollo Griesa. Es importante e incide sobre las certidumbres de rentabilidad que pretenden los inversores en tiempo de crisis y entre otras cuestiones se manifiesta en la discusión sobre el nivel de las tasas de interés que promueve el Banco Central, una cuestión que se presenta como internas entre el Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Economía. Aquel en perspectiva más ortodoxa y por la estabilización macroeconómica y éste más afecto a la recuperación de la economía más allá de la escalada de los precios.
Por eso es que se discute a quién beneficia el alza de tasas luego de la devaluación de enero y ahora a la baja. Es una tensión entre favorecer la especulación financiera entre tasas, bonos y divisas aun enfriando la economía y generando costo social, o el crecimiento de la producción para morigerar el efecto social de suspensiones y despidos. Es evidente que no es lo mismo una cosa que otra, pero sea por la rentabilidad financiera o productiva, el eje siempre está en el beneficio del inversor especulativo o productivo y el costo se difunde entre trabajadores y sectores empobrecidos de la sociedad.
Precios, ingresos y empleo
Todas son tensiones en la disputa por la renta nacional, que suponen beneficiarios y perjudicados de una trama compleja de relaciones socioeconómicas.
El problema a consignar es que el costo de estas tensiones recae sobre salarios y empleos, agudizando el deterioro en la calidad de vida de la mayoría de la población.
El marco general de funcionamiento de la economía es de una recesión que parece no terminar en el corto plazo y que se proyecta para todo el 2014, en consonancia con las tendencias verificadas en la región y en el mundo, aunque agravadas en la Argentina. El país aparece en las proyecciones estadísticas provistas por organismos internacionales entre los de más bajo crecimiento económico. Ese deterioro de la capacidad productiva en el país convoca a la disputa para no perder posiciones en la cúpula y a escala de la pirámide del poder económico y por ende, cada quién intenta trasladar el costo hacia sectores de menor poder relativo de una organización de la economía sostenida en la amplia base social por los trabajadores y diversos sectores sociales empobrecidos.
Un dato relevante es que el alza de los precios acumula a Junio un 16,7% según el INDEC y reaparece la discusión sobre el nivel efectivo del crecimiento inflacionario.
No se trata del dibujo grosero de las estadísticas hasta diciembre pasado, pero sí de privilegiar en el registro oficial los precios cuidados que no tienen alcance territorial nacional y disminuyen el promedio de los precios de los bienes de consumo cotidiano. A cuanto llegará la inflación anual es la preocupación del amplio arco social de ingresos fijos.
La desactualización de los ingresos populares, sea por el encarecimiento de los precios, el impacto del impuesto a las ganancias, las suspensiones y despidos motivan acciones diversas.
Iniciativa política en juego
El gobierno interviene en el cierre y pedido de quiebre de la estadounidense Donnelley que afecta a 400 trabajadores y a sus familias, y más allá de las acusaciones por “sembrar el terror” pretende contener el conflicto social y responsabilizar a buitres productivos. Es una iniciativa convergente con el impulso legislativo a instrumentos que condicionen, limiten y repriman las formas de protestas callejeras.
Vale interrogarse sobre las responsabilidades de la política económica y el modelo productivo y de desarrollo que otorga sustento a inversores como los de la gráfica estadounidense u otras empresas que hoy son visibles en el conflicto por el empleo y el ingreso de los trabajadores.
Esa iniciativa política del gobierno intenta recrear una subjetividad entre sectores socio político afines, con un discurso contrario a ciertas características del orden capitalista, escamoteando el reconocimiento que se trata de una tendencia hegemónica de la acumulación capitalista de época.
Claro que esa épica ocurre en simultáneo con una orientación a insertarse más decididamente en el mercado mundial de préstamos y atraer inversiones externas para perpetuar el desarrollo capitalista.
Un desarrollo que está plagado de buitres y no solo en el campo de las finanzas, tal como puede verificarse en la biotecnología, la alimentación o la mega minería a cielo abierto, la producción por ensamble en las automotrices, electrodomésticos o artículos para el hogar y otro sectores de la producción industrial.
Además del gobierno existen iniciativas políticas diversas que intervienen en la disputa por la organización de los trabajadores y el modelo sindical, con vetustas burocracias que sostienen sus posiciones renovadas en años de recuperación económica capitalista y extensión de negociaciones colectivas con beneficio para el sector formalizado del empleo. Son beneficios logrados desde la lucha de los trabajadores y apropiada por burocracias más interesadas en sus intereses corporativos y asociados a la rentabilidad empresaria.
La disputa por la voluntad de lucha y organización de los trabajadores está siendo protagonizada por proyectos políticos expresados en comisiones internas combativas, vinculadas a partidos de izquierda y a la voluntad creciente de la CTA por insertarse más decididamente entre los trabajadores del sector privado, parte importante de la motivación en la convocatoria al paro de 36 horas desde el 26 de agosto. La misma CGT no quiere quedar afuera y anticipa un próximo paro nacional, que será convergente con el anunciado por la CTA.
El fenómeno de lucha y organización que se difunde en nuestro tiempo remite a experiencias lideradas por un activismo que en algunos casos asocia su accionar con tradición en la izquierda social y política y en otros expresa la búsqueda por un nuevo modelo sindical, superador del modelo de negociación entre los intereses del trabajo y el capital.
La discusión apunta al límite de las demandas y reivindicaciones, interrogando sobre el alcance de las luchas, que no pueden quedarse en reivindicaciones democráticas por salario y condiciones de empleo y necesitan ampliarse a la discusión del modelo productivo y de desarrollo, en una crítica profunda al orden capitalista y a pensar más allá, en una perspectiva anticapitalista, anti patriarcal, contra la discriminación de patrones, burócratas sindicales y una cultura hegemónica que reproduce un estilo de vida que se satisface en el consumismo derivado de una matriz productiva para resolver cuantiosas ganancias.
Es el desafío para el movimiento obrero en la búsqueda de un lugar en la disputa por la renta y el poder en la Argentina.
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