Por Matías Aldecoa
Los magros avances en las discusiones entre las FARC - EP y el Gobierno nos induce a parodiar al maestro del Libertador, Simón Rodríguez, cuando escribió “inventamos o erramos”. La concertación de un acuerdo en el punto Víctimas de la Agenda General exige del Gobierno tomar en consideración el producto de seis meses de trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV).
El 4 de mayo el comandante Marco León Calarcá expresó que el informe de la Comisión Histórica no "puede ser ignorado o trivializado" porque es un “insumo fundamental para la comprensión de las complejidades del conflicto y las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo y para el esclarecimiento de la verdad”.
La deuda moral, política y social del Estado está ampliamente fundamentada en los informes de la CHCV. Sin embargo, este es solo un insumo que aportará a la labor de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y no Repetición, próxima a conformarse por mandato de la Mesa de Diálogos. Esta nueva comisión -como la conciben las FARC-, “se trata de un mecanismo extrajudicial de investigación, esclarecimiento y sanción (...) para alcanzar eficazmente la reconciliación, la reparación integral de las víctimas, la restauración del daño causado a éstas, a la vez que se construyen sólidas garantías de no repetición dentro del nuevo escenario social que surja de la implementación de los acuerdos”.
¿Qué es lo que pasa con el tema Víctimas?
El silencio oficial en torno al contenido del informe de la CHCV y la paralización del tema Víctimas de la Agenda, dejan al descubierto la peligrosa intención de Juan Manuel Santos de no reconocer las responsabilidades que cobijan al Estado y a las Instituciones en el origen, persistencia e impactos del conflicto social y armado en nuestro país.
El comandante Ricardo Téllez de la Delegación de Paz de las FARC - EP el 6 de mayo había recordado públicamnete al Gobierno que la organización insurgente ya presentó la totalidad de las propuestas mínimas sobre el punto 5, Víctimas, que se discute desde mayo del año 2014 sin que haya podido ser evacuado. Son en total 216 iniciativas contenidas en dos documentos. “...las víctimas tienen derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto y restablecidos sus derechos transformando sus condiciones de vida”, al tiempo que “deberán brindarse plenas garantías de no repetición”, acotó el jefe guerrillero.
La causa del retraso es atribuible exclusivamente a la delegación del Gobierno que ha insertado otros temas que, si bien es necesario discutir, de acuerdo al orden establecido por la Agenda aún no es el momento de hacerlo. Todo indica que -por la alta culpa del Estado y la clase gobernante en el conflicto-, demorar su reconocimiento público le proporciona más réditos a Santos en esta época de campaña electoral.
Es la doctrina…
La tragedia de la guerra en Colombia estuvo durante décadas oculta para el mundo entero, y solo vino a conocerse de nuestro país y de su conflictividad social y política a partir del auge del narcotráfico y de la guerra declarada al pueblo colombiano, con el respaldo en recursos financieros, armas, tecnología y cuerpos de oficiales de los Estados Unidos, a quienes se les han subordinado los oficiales y tropas del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, en una demostración de indignidad y entrega de la soberanía no comparable con ningún otro país de Nuestra América.
El sustento de esta política servil y antipatriota ha sido la doctrina de la seguridad nacional que considera enemigo a todo contradictor de las políticas gubernamentales, lo que ha devenido en el escalamiento del conflicto desde "baja” y “media intensidad" hasta la degradación vivida en la reciente vorágine en la que, a los luchadores sociales "se les destrozó con motosierras, se les calcinó en hornos crematorios, otros fueron arrojados a los ríos, a fosas comunes o despojados violentamente de sus tierras”.
Más recientemente, durante los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe, mientras Juan Manuel Santos fungía como Ministro de Defensa, miles de jóvenes desempleados fueron asesinados para mostrarlos como guerrilleros muertos en combate y con ello los oficiales poder cobrar los incentivos monetarios pagados por el Estado por matar, con lo que han alimentado una antimoral mercenaria que nada tiene que ver con el publicitado heroismo que proclama la propaganda de la Fuerza Pública.
“Con guerra sucia no tendremos paz”
En este mismo sentido, el 7 de mayo de 2015 la comandante Érica Montero, integrante de la Delegación de Paz de las FARC - EP proclamó que “el anhelado escenario del post acuerdo de paz para Colombia, no podrá ser si antes no se desmonta efectivamente el paramilitarismo”. Al recordar los asesinatos de Guadalupe Salcedo -jefe de la guerrilla liberal del Llano- en 1957; el de Jacobo Prías Alape, quien fuera jefe de la guerrilla de Los Comunes que había dejado las armas, en 1960; y el de Carlos Pizarro, asesinado 48 días después de haber oficializado la desmovilización y entrega de armas del M-19; la comandante guerrillera expresó que el eventual acuerdo de La Habana debe construirse sobre certezas y dotarse de políticas efectivas y herramientas conceptuales que permitan prevenir una traición más, que el pueblo colombiano no perdonará.
Estos crímenes, el exterminio de la Unión Patriótica y muchos otros han dejado la impronta de la intolerancia política y el tratamiento criminal que a lo largo del último siglo las élites gobernantes de los dos partidos tradicionales, Liberal y Conservador, han dado a los sectores populares que han intentado construir alternativas que les ofrezcan la posibilidad de ejercer ampliamente sus derechos. Tal intransigencia combinada con una concepción militarista en nuestro país ha sido una política de Estado cuyo engendro ha sido el esperpento del paramilitarismo. “… no podrá darse la transformación de una organización armada en movimiento político abierto para debatir en las plazas públicas, ideas y visiones de país, sin armas, si no se desmonta el paramilitarismo de Estado disfrazado de banda criminal...", especificó la jefa guerrillera.
La Delegación de Paz de las FARC - EP está proponiendo en la Mesa la conformación de una comisión que esclarezca el fenómeno del paramilitarismo, no solo para definir las responsabilidades específicas y para investigar la persistencia de las acciones “paramilitares” en las regiones, sino también porque este es un punto crucial sin cuyo esclarecimiento la Agenda de La Habana no avanzará y porque el pueblo colombiano necesita la paz.
La hora de la Constituyente
Finalmente, al cierre del ciclo 36 de conversaciones el comandante Iván Márquez anunció que llegó la hora de apostarle a una Constituyente que sirva de base para emprender una nueva era de transformaciones sociales; que garantice la seguridad personal y colectiva y el buen vivir para todos.
El jefe de la Delegación de Paz de las FARC - EP destacó en su intervención que la agenda de descontaminación del territorio de artefactos explosivos ha seguido su curso con compromisos de las dos Partes, señalando que este hecho, “sumado a la decisión de las FARC - EP de seguir manteniendo el cese unilateral de fuegos y hostilidades ofensivos, de manera indefinida, deja entrever que se van allanando obstáculos antes considerados insalvables”.
Para el ciclo 37 se esperan nuevos avances de la Subcomisión Técnica en la discusión del cese bilateral de fuegos y fin del conflicto.
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