Por Diana Grajales
Después de la primera guerra mundial y sus devastadoras consecuencias -fue la primera guerra donde murieron mas civiles que combatientes- la humanidad se vio en la necesidad de crear mecanismos de protección especial a la niñez.
En 1924, la Sociedad de Naciones adoptó la Declaración de Ginebra, un texto histórico que reconoce y afirma, por primera vez, la existencia de derechos específicos para los niños y las niñas, pero sobre todo la responsabilidad de los adultos hacia ellos.
Desde ese momento la humanidad fue implementando leyes, tratados y actuaciones para la protección de la futuras generaciones.
Es cierto que importantes avances, en términos de reconocimiento de derechos humanos para la niñez, se vienen implementando en defensa de este sector de la población que sin duda es el más vulnerable de la sociedad; en cualquier parte del mundo la protección de la niñez es de vital importancia, ya que despierta en cada uno de nosotros las fibras más pequeñas de nuestro sentimientos y anhelos, por que son ellos, los niños y niñas los constructores del futuro, que esperamos sea mejor y más justo.
En el conflicto colombiano, la vulneración de los derechos de la niñez viene siendo usado como arma propagandística por el Estado, utilizando esta problemática como arma de guerra sucia, en términos mediáticos, en lugar de emplearse a fondo, como es su obligación, en acabar con las causas sociales estructurales que impiden que las Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) colombianos puedan disfrutar, así sea mínimamente, los derechos que les corresponden. El Gobierno colombiano se empeña en responsabilizar al conflicto armado interno de la vergonzosa situación de la niñez en Colombia, justificando así el abandono estatal que niños, niñas y adolescentes han padecido a lo largo de la historia de nuestro país.
La acumulación de la riqueza en manos de unos pocos genera desigualdad en la mayoría de la población: mujeres, Afro-descendientes, indígenas, campesinos, etc. Las pobrerías colombianas soportan indignas condiciones de vida, mientras las élites derrochan la riqueza acumulada, usurpando los recursos colectivos de toda la sociedad.
Pero definitivamente en la niñez la desigualdad y la violencia se nos muestran con más crudeza, y sus consecuencias son más devastadoras. Colombia es un claro ejemplo de ello.
El 41,5% de la población colombiana (menores de 18 años) ha vivido y vive en la pobreza. El espantoso trabajo infantil alcanza al 15,8% de la población menor de edad en las zonas rurales. Los derechos de niños, niñas y adolescentes se ven seriamente afectados por la violencia doméstica y la violencia sociopolítica, de las que son las víctimas mayoritarias. Por ejemplo el 54,3% de la población desplazada en Colombia son menores de edad.
Entre el año 2005 y el 2013, cada año se han atendido en promedio 80.000 casos de violencia intrafamiliar en los que las principales víctimas son las mujeres (78%), las niñas, niños y adolescentes (15%).
De los 18.411 casos de violencia sexual registrados anualmente de promedio entre los años 2000 y 2013, el 86% del total de las víctimas corresponde a menores, especialmente niñas. Lo peor es que ocurre mayoritariamente en los espacios que deberían ser protectores de los menores: casas, centros educativos y comunidades y los presuntos responsables son familiares o personas conocidas y cercanas a las víctimas.
La violencia contra NNA en el contexto del conflicto armado es mucho menor que en los espacios familiares, escolares y comunitarios. Según la información de Medicina Legal, los casos de violencia sexual con ocasión del conflicto armado corresponden al 0,33% del total de los casos incluidos en los reportes de los años mencionados (2000 - 2013).
Concluimos así que los crímenes de violencia sexual no han sido una práctica exclusiva de la guerra si no que por el contrario, son la reproducción de delitos que se cometen en espacios en los que el Estado tiene la obligación de intervenir para erradicar la violencia.
En Colombia el 20% de NNA no tiene el esquema completo de vacunación. Se reconoce desnutrición para el 9%. Estas estadísticas son mayores en las regiones donde habitan los pueblos indígenas y comunidades afro-descendientes: los departamentos del Chocó y La Guajira presentan los mayores índices de mortalidad infantil: 34 y 32 muertes por cada mil nacidos vivos frente al total nacional: 18 muertes por cada 1000 nacidos vivos.
Se han identificado nuevas modalidades de explotación sexual infantil asociadas al turismo y a la minería; dos de las locomotoras del Gobierno de Santos, de las que son víctimas mayoritariamente NNA, víctimas del desplazamiento forzado. Los NNA víctimas del desplazamiento forzado y de otras violaciones a los derechos humanos también son mas vulnerables a la trata de personas con fines de explotación sexual interna e internacional y con fines económicos explotación laboral y mendicidad.
La construcción de la paz pasa por reconocer y atender las causas estructurales de la violencia socio política, que incluye también reconocer las motivaciones que llevan a que niños, niñas y adolescentes se vinculen a la guerra.
La conclusión de los expertos del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que visitaron Colombia en el mes de abril es que el Estado Colombiano está en deuda con la niñez, pues si bien Colombia cuenta con uno de los desarrollos legislativos mas completos en todo el mundo en materia de protección de menores, la indolencia y la corrupción de los sucesivos Gobiernos ha sido absoluta a la hora de llevar a la práctica las normas de protección, llegando incluso a incumplir sistemáticamente las resoluciones establecidas por las Cortes colombianas para acabar con el estado de indefensión que padece la niñez en Colombia.
El Estado infractor colombiano, acostumbrado a pisotear los derechos de su pueblo, se muestra aún más criminal cuando se dedica a repartir la responsabilidad a la insurgencia o al conflicto, cuando consiente que a los más vulnerables, los niños y las niñas, le sean negados sus derechos. En aras de la paz, las FARC - EP tendremos sin duda que ceder en muchas de nuestras reivindicaciones en la Mesa de Diálogo para alcanzar un acuerdo; pero desde ahora decimos que nunca cederemos un milímetro en permitir una sola injusticia contra los niños y las niñas colombianos.
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