Por Carlos Antonio Lozada
La propuesta de la comisión interinstitucional de la rama judicial, integrada por el Fiscal y los presidentes de la altas cortes, de convocar una asamblea constituyente que se ocupe de la reforma de la justicia, provocó una serie de reacciones en pro y en contra de la iniciativa.
El país conoce de sobra la profunda crisis en que se debate esta rama del poder público, crisis que es transversal a toda la institucionalidad, como lo demuestra el hecho que no pasa una semana sin que aflore un escándalo de corrupción en cualquiera de las instituciones del Estado, el permanente choque de trenes y la propia continuación del conflicto armado que la Constitución de 1991 no logró resolver, a pesar de los avances en materia de derechos que la misma significó.
Desde las FARC - EP, hemos venido sosteniendo la tesis de la necesidad de una asamblea nacional constituyente, como un paso necesario en el camino de la solución política del conflicto. Tres argumentos esenciales hemos sostenido al respecto: La constituyente sería el escenario para dirimir las llamadas salvedades, que son temas de la Agenda sobre los cuales no hay acuerdo con el gobierno y que por su importancia, pueden convertirse en un escollo serio para llegar a la firma del acuerdo final. Entre otros, en el tema de agrarioquedó pendiente,por ejemplo, lo referente al latifundio, la extranjerización de la tierra y el modelo económico extractivista; en el tema de participación política tenemos pendientes definiciones frente a la reestructuración democrática del estado y la reforma política; democratización del sistema político electoral, elección popular de los organismos de control (Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y defensoría del Pueblo); y del cuarto punto de la Agenda, una de las salvedades era la suspensión de las fumigaciones con glifosato, que el Presidente Santos, para bien de todo el país decidió suspender el día de hoy, a raíz de las investigaciones científicas que demuestran el daño irreparable a la vida humana, animal y el medio ambiente, que causa este tipo de aspersión.
El segundo argumento que hemos sostenido a favor de la constituyente, es que permite poner sobre los acuerdos el selló indeleble de la voluntad soberana del pueblo, única garantía cierta para evitar que hacia el futuro, los devaneos de un gobernante de turno puedan desconocer lo pactado.
El tercero y más importante es que la constituyente abre la posibilidad de adecuar la carta de navegación del país, a la nueva realidad surgida de los acuerdos. No es cualquier acontecimiento, en la vida de una sociedad, la terminación de un conflicto tan prolongado y traumático como el que hemos padecido los colombianos. Así, la asamblea nacional constituyente se nos presenta como una gran oportunidad para que todos los sectores que hoy conformamos la Colombia del siglo XXI, nos sentemos a hacer lo que nunca hemos podido hacer, a causa de las sucesivas guerras que nos han enfrentado a lo largo de la historia: diseñar entre todos un pacto social que nos recoja y nos comprometa con el futuro de la nación. Ese es el verdadero tratado de paz duradero que necesitamos.
De parte de quienes se oponen a la idea, se argumenta que la asamblea constituyente podría improbar los acuerdos de paz, lo cual constituiría un riesgo para las propias FARC; agregan que la ultraderecha uribista podría tomarse ese escenario provocando una regresión en materia de derechos; pero fundamentalmente expresan su temor porque la asamblea revestida de plenos poderes se desborde en un arrebato reformista.
Un acuerdo político con todos los sectores, sin ningún tipo de exclusión, que abra paso a su convocatoria y a la vez determine su composición, alcances y límites, es la salida a esos temores.
Lo cierto es que cada vez va siendo más evidente la necesidad de este escenario como la mejor fórmula para que entre todos encontremos el camino de la reconciliación nacional y la reconstrucción de la patria, teniendo como marco una nueva constitución que refleje los intereses del conjunto de sectores que conformamos hoy día la nación colombiana.
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