Por Walter Mendoza
Durante más de 30 años el Gobierno colombiano, obedeciendo órdenes del Pentágono, ha regado con glifosato los campos colombianos.
La suspensión de las aspersiones aéreas es una medida que le cae bien a Colombia. Nunca se debieron haber utilizado las fumigaciones con glifosato.
Según los censos sobre cultivos de uso ilícito, hay 5 zonas con unas 48.000 hectáreas de coca, aunque no es una cifra exacta. Otras fuentes tienen cifras diferentes, pero lo que sí queda claro es que es una terquedad seguir con las fumigaciones después de 30 años sin obtener resultados. Colombia es el único país del mundo que ha aceptado las aspersiones aéreas en su propio territorio con un pesticida tan letal como es el glifosato.
Existen unas 150.000 hectáreas cultivadas en coca, según expertos, las fumigaciones cuestan más que la droga producida, sin sumar el daño ambiental durante tres décadas, que no tiene precio. Lo hicieron en Vietnam con el “Agente Naranja” que es el mismo glifosato; fueron arrasadas miles de hectáreas de bosques, murieron muchas especies de animales silvestres, animales domésticos, el daño a la salud humana fue letal, aún todavía existen secuelas.
Desde hace 40 años usaban el herbicida “Paraquat” fabricado por la multinacional Monsanto. Este no fue admitido ni siquiera en Afganistán por el Gobierno títere de los gringos.
Durante tres décadas de fumigaciones, se ha atacado la oferta, más no la demanda. Se persigue y se ataca a los productores, en este caso los campesinos pobres, pero el mercado mundial no disminuye; ningún mafioso u empresario va a renunciar a tan fabulosas ganancias. Un gramo de cocaína en las calles de Nueva York tiene un precio de 100 dólares por gramo; en las ciudades europeas cuesta 150 dólares.
Hay en Colombia un cuarteto de personas que se oponen tajantemente a la prohibición de las fumigaciones; ellos son el señor Álvaro Uribe, el (ex) ministro de defensa Juan Carlos Pinzón, el procurador Ordoñez, el ministro de agricultura Aurelio Iragorry y los apoya el zar antidrogas, el gringo William Brownfield.
Sin duda estos personajes son accionistas de Monsanto; importan más los contratos de los aviones y pilotos, la importación de millones de toneladas de precursores químicos fabricados por la multinacional Monsanto que la soberanía y la salud de los colombianos, son millones de dólares de ganancia para la multinacional y sus accionistas.
La decisión tomada por las Altas Cortes, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud fue una decisión acertada, igual que la decisión del presidente Santos para suspender las fumigaciones.
La pregunta es, ¿por qué tuvieron que pasar 30 años? Los daños causados al medio ambiente, a la salud de miles de pobres, ¿quién pagará por ellos? El Gobierno Nacional debe responder ante tanta tragedia.
Las fumigaciones han sido otro factor de desplazamientos, de los más de 7 millones de despojados de sus tierras, un gran número es producto de las fumigaciones. Cientos de familias que su único sustento ha sido la siembra de coca, amapola o marihuana, son las afectadas por las fumigaciones; son miles los adultos, niños y ancianos que sufren enfermedades, con graves secuelas.
Las multinacionales mineras y las fumigaciones causan los mismos daños, contaminan el medio ambiente, envenenan las aguas, destruyen los bosques, matan y desplazan gente. Su modus operandi es el mismo, los colombianos ponemos los muertos, los enfermos, judicializados y perseguidos y las multinacionales de las fumigaciones y los grandes megaproyectos mineros se alzan con las ganancias. Solo nos quedan los socavones, millones de hectáreas de tierra estéril y enfermedades como el cáncer.
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