Los Familiares de las Víctimas de Junio del 2010 y la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche decidimos en plena conciencia y libertad, bajo las balas y el terror contra la población civil el invierno pasado, luchar por la verdad y la justicia.
A ocho meses de los tristes sucesos que nos parieron a nosotros mismos queremos compartir con el conjunto de la sociedad algunas reflexiones, ante el inocultable intento de parte de distintas fracciones del poder político y económico provincial y local de poner en duda nuestra legitimidad y de debilitarnos.
Desde el primer día que nos conformamos como espacio de movilización y lucha actúan contra nosotros -de distinto modo, con distintos hechos-, lo que a esta altura de los acontecimientos bien podemos calificar como persecución ideológica y política destinada única y exclusivamente a proteger al gobierno de Miguel Saiz, a los hombres del ministerio de Gobierno y toda la cúpula de la policía de Río Negro responsable de las innumerables violaciones a los derechos humanos perpetrados en Bariloche desde el 17 de junio a la fecha.
Así, el atentado incendiario contra el edificio de la sede de la Comisaría Nº 2 del Centro Cívico cometido al finalizar nuestra octava marcha pública, es el último y más audaz argumento que pretende utilizarse para no hablar de los tres crímenes de junio, de sus autores materiales y sus responsables políticos y administrativos, de los secuestros y las torturas a decenas de jóvenes. Y, sobre todo, para distraer la atención sobre la obligación de Víctor Cufré, de tres altos jefes policiales y del ex titular de la comisaría 28 de El Alto, de declarar como imputados como presuntos responsables penales de estos crímenes, quienes deben presentarse a declarar cuando sean citados nuevamente.
El 13 de julio del año pasado, otra bomba estalló contra otro edificio de la policía rionegrina, aquella vez en Cipolletti, quitándole la vida a un obrero municipal. El hecho, sobre el que jamás tuvimos una explicación seria y razonable como sociedad, fue usado por la administración de Saiz para fortalecer la “imagen” del ministro Larreguy y del secretario Cufré, responsables directos de los sucesos de junio. Esos funcionarios públicos son quienes deben rendir cuentas sobre dos atentados en ocho meses contra edificios de la policía en esta provincia; es la justicia la que tiene que investigarlos.
El único responsable de los atentados es el propio gobierno provincial, que protege y premia a los policías y funcionarios responsables de las víctimas de la represión policial y las torturas a jóvenes, mientras continúa el cerrojo a los barrios de El Alto y las golpizas a los jóvenes. En tanto, el poder judicial tiene deudas de más de 20 años, como es el caso del triple crimen de Río Colorado.
Hay por lo menos dos grandes corrientes que analizar para comprender el estado actual de la confrontación por los crímenes de junio del 2010: por una parte, los movimientos y hechos políticos y judiciales que hace el gobierno y la propia policía por obstaculizar o por lo menos demorar las causas penales (la de los crímenes de Diego, Sergio y Nino, la de las detenciones masivas de jóvenes y torturas en comisarías durante el 18 de junio); por otra parte, nuestra lucha activa de reclamo y denuncia día a día.
Somos plenamente conscientes que mientras pase el tiempo y nos mantengamos firmes en nuestro reclamo simple y claro de verdad y justicia aumentará la presión y los ataques a los Familiares y la Multisectorial.
En este contexto analizamos, entre otros hechos, la decisión del intendente Marcelo Gascón de constituirse, a las pocas horas de ocurrido, como querellante en la causa por daños al edificio de la comisaría afectado por el incendio; las amenazas públicas del comisario general Edgardo Pérez y la amenaza solapada que realizó la policía local contra uno de nosotros inmediatamente después.
El comisario general Pérez, titular de la Unidad Regional III de Policía con asiento en el Centro Cívico, hizo declaraciones políticas muy claras: negó que sacaran ilegalmente fotografías a los manifestantes de la marcha desde el edificio público contra lo que pudo comprobar cualquier observador atento; y aseguró que nos conoce a todos y a cada uno de nosotros.
El sábado 18 a la mañana, dos patrulleros cargados de efectivos fueron al domicilio particular de Juan Carlos Curaqueo, tío de Nino Carrasco e integrante de Familiares, a citarlo a declarar como testigo en la causa de la Fiscalía de instrucción sobre el incendio. Una notificación similar fue la excusa que usó el 8 de julio pasado la Brigada de Investigaciones de Bariloche para allanar el domicilio particular y detener ilegalmente a Marcos Huenchullán, joven miembro de esta Multisectorial y vecino de los barrios de El Alto. En otra oportunidad, en octubre, otra llamativa investigación por robo fue usada para allanar y atacar el domicilio particular de Nino. Con el mismo método detuvieron a Sandro Bonefoi durante un fin de semana para que declare como testigo al lunes siguiente.
En las últimas semanas hubo una serie de pasos políticos e institucionales que confirman esos ataques o presiones de las que hablamos:
- En diciembre, el poder judicial local sacó un comunicado de prensa de oposición a las pintadas de protesta hechas a seis meses de los crímenes en el edificio de los tribunales en los que se tramitan las causas;
- El 17 de enero el fiscal Fernández, a tono con la ideología de la criminalización de la protesta social, abrió una causa penal por las pintadas de protesta en el edificio de tribunales durante la séptima marcha;
- El 9 y 10 de febrero debieron haberse presentado ante el juez Lozada en la causa de los crímenes de Nino y Sergio a declarar como imputados Cufré, el jefe de la Policía de Río Negro comisario Mayor Jorge Villanova, el comisario mayor Argentino Hermosa (titular de la Unidad Regional III al momento de los asesinatos), el comisario mayor Villanova el comisario Fidel Veroíza (segundo jefe de la Regional) y el comisario Jorge Carrizo quien se desempeñaba al frente de la Comisaría 28°. Ese día 9 hubo un amplísimo despliegue de seguridad en los tribunales para custodiar a Cufré; a la tarde se produce la amenaza de muerte contra Rubén Marigo, abogado querellante de los Familiares en la causa de Nino y Sergio;
- La semana del 15 de febrero empezaron las declaraciones testimoniales de las víctimas y testigos de las detenciones masivas de jóvenes el viernes 18 de junio del 2010 en la comisaría 2;
- El 15 la defensa del cabo Sergio Colombil solicita formalmente a la Cámara Penal que el juicio oral y público por el crimen de Diego Bonefoi no se haga en Bariloche por supuesta falta de seguridad;
- Desde Viedma, el 15 se conoce el respaldo público de juntas vecinales y entidades intermedias (no identificadas) al comisario Hermosa;
- El jueves 17 marchamos, estalla la molotov y buena parte de la opinión pública y de los sectores políticos y económicos se lanzan a hablar del patrimonio público afectado y, tácitamente, “confirman” la hipótesis del abogado del policía Colombil de que no hay seguridad para un juicio oral y público en esta ciudad.
La justicia avanzó lo que avanzó (poco y lento) porque estamos movilizados y alertas, todos los días aunque marchamos y marcharemos una vez al mes, cada 17 hasta que reciban sus condenas los responsables materiales y políticos de todas y cada una de las víctimas de junio.
- Exigimos que el juicio oral y público por el crimen de Diego Bonefoi se realice en Bariloche, con garantías para el más amplio acceso a la población civil;
- Que Cufré, Hermosa, Veroíza y Carrizo cumplan con sus obligación legal de presentarse a las indagatorias como uno más, sin horarios especiales ni prerrogativas.
- Que se mantengan fuera de servicio los cuadros políticos y operativos de la policía responsables de los hechos de junio.
- Justicia para Diego Bonnefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas
- Cárcel efectiva a los asesinos.
- Desmantelamiento de la BORA
- Renuncia del ministro de Gobierno Diego Larreguy
- Renuncia del jefe de la policía provincial Cufré
- Juicio político al gobernador Miguel Saiz
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