Dos amparos se presentaron ante la Justicia porteña; uno, por la UTE - CTERA, el cual fue presentado el pasado viernes 9 de marzo y otro, por la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, el cual fuese presentado el pasado viernes 16 de marzo, contra la decisión del Gobierno de la Ciudad de cerrar 221 grados y cursos de los establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires.
El primero de ellos recayó en el Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 10, a cargo de Hugo Zuleta, cuyo número de expediente es el 43894 y el segundo, en el Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 8, cuyo titular es el Dr. Osvaldo Otheguy, bajo el número 43.954. Éste último fue remitido al primero por conexidad de causa; es decir, la similitud entre ambas.
Según la presentación realizada por la ONG, de acuerdo a lo informado por Diario Judicial, la decisión del Gobierno porteño provocaría "hacinamiento como consecuencia de la derivación de los alumnos de los cursos cerrados hacia los que permanecen abiertos" y, aclara que la medida tomada, además, no contó con "la participación previa de la comunidad educativa", como también se indicó que en la disposición gubernamental “existen vicios en la motivación y en el objeto de dicha normativa que la tornan ilícita e inconstitucional” al tiempo que al cerrar los cursos se genera un achicamiento de la oferta educativa, el cual “conspira contra el derecho consagrado en la norma Constitucional, resultando evidente que la potestad de elección de la orientación educativa resulta vulnerada con la norma que aquí se impugna, en tanto importa una reducción de cursos en los niveles primario, secundario y terciario”.
Por otra parte, el texto de la mencionada presentación afirma que “el hecho de no haber instado a un procedimiento de consulta, con carácter previo al dictado del acto impugnado, existiendo a tal fin un procedimiento administrativo legalmente consagrado, vulnera claramente el sentido que el Constituyente local pretendió darle al art. 23, segundo párrafo, de la Constitución porteña”, además de mencionar que en la disposición mencionada “se advierte que el cierre de cursos tiene como finalidad desocupar espacios que serán destinados a la educación de nivel inicial y que aprovecharán unos 1.500 niños”, lo cual constituiría una “reasignación ilícita de recursos previstos en el presupuesto con un determinado fin educativo y que, según la disposición impugnada, van a ser utilizados en la educación inicial” por cuanto la misma Constitución de la Ciudad establece que “las partidas del presupuesto destinadas a educación no pueden ser orientadas a fines distintos a los que fueron asignadas”.
El pasado 30 de marzo, el Juez Hugo Zuleta citó a la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE - CTERA, para una audiencia de partes a celebrarse el próximo 12 de abril del corriente, a las 12.00 hs., a la cual también deberá concurrir el gobierno porteño
No obstante, según informó la organización sindical, se presentarán a la audiencia aunque apelarán la medida judicial debido a que ella no responde a lo demandado por la comunidad educativa contra la Disposición Nº 15, firmada por Maximiliano Gulmanelli, por cuanto rechazaron que se consideren únicamente los parámetros establecidos por el Decreto 1990/97, el cual no contempla los aspectos pedagógicos y de inclusión educativa.
Adjuntamos la presentación judicial de la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional y el fallo del Juez Zuleta, convocando a la audiencia mencionada.
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