La decisión del Gobierno de la Ciudad de cerrar 96 grados y cursos de diferentes escuelas de la ciudad ratificó con suma claridad su política de vaciamiento del Sistema Público de Enseñanza. Constituye una ofensiva estratégica contra las posibilidades de construir una escuela para la igualdad social, como así también contra las condiciones laborales de los docentes. No hay fundamentos pedagógicos serios para justificar la medida. La utilización fría de los números de matrícula por aula, sin tener en cuenta las diferentes realidades que se expresan en el diverso y complejo sistema educativo de la Ciudad, ocultan la decisión de ajustar y achicar la Escuela Pública en beneficio de la educación privada. Al mismo tiempo, han sido incapaces de tener una política de planificación para la construcción de aulas y escuelas en la zona sur donde más de 1.000 chicos están sin vacantes en primaria y varios miles sin jardines en toda la ciudad.
Esta medida es otro paso en el objetivo final del macrismo de la construcción de un “modelo educativo a la chilena” con supremacía de la empresa privada y la subordinación de la Escuela Pública a un rol asistencialista. Se tiende así a conformar dos segmentos pedagógicos diferenciados: uno de supuesta “calidad”, preservado a los sectores medios y medios altos de la sociedad que, subsidios mediante, podrán asistir a la escuela privada; el otro, el de la Escuela Pública, reservado para los sectores empobrecidos de la sociedad. En este sentido, los objetivos del proyecto educativo macrista trascienden lo educativo orientándose a sentar las bases de una sociedad profundamente desigual.
El cierre de cursos y su correlato necesario que es el aumento de los subsidios y la defensa de los mismos se entienden y adquieren significación si los inscribimos en este marco político general de privatización del sistema público.
Pero a pesar de todo, el avance del gobierno no es lineal ni definitivo. La resistencia a esta medida logró articular un importante movimiento de padres, alumnos y docentes acompañados por la solidaridad de organizaciones políticas y sociales que obligó al gobierno a retroceder en el número de cursos a cerrar: de los 221 cursos y grados como primera etapa del año, pasamos a los actuales 96 como etapa definitiva. Tuvieron que publicar una lista de supuestas aperturas de aulas para contrarrestar el efecto negativo que la decisión de “fusionar”, como dicen ellos, había generado en la opinión pública. Decimos supuestas, porque salvo muy escasas excepciones, esa lista es más una expresión de deseo, futurología pura, que una realidad.
Durante más de un mes, centenares de actividades, clases públicas, festivales, encuentros culturales, cortes de calle, toma de ministerio, marchas y un paro, conformó una tozuda resistencia a la medida privatista que logró instalar en gran parte de la sociedad un debate estratégico de defensa de la Escuela Pública enfrentada con los intereses del mercado representada por la escuela privada. A través de un movimiento asambleario que se recuperó en la mayoría de los distritos y en la capital, se logró superar la falta de unidad gremial y dar un marco democrático de resolución a las medidas que se adoptaron.
Este movimiento fue acompañado por el pronunciamiento público de más de 70 supervisores y centenares de directores rechazando los cierres y señalando que se debía realizar un diagnóstico serio de las causales de la falta de matrícula en la zona norte y la falta de vacantes por ausencia de política de planificación urbana en la construcción de escuelas de la zona sur mediante la conformación de una comisión integrada por el Ministerio, docentes y familias. Este pronunciamiento es un hecho cualitativo ya que estos supervisores, electos por los mismos concursos públicos que se quieren cuestionar con la Reforma del Estatuto, fueron capaces de recuperar la dimensión política de su accionar y señalar su discrepancia con lo dispuesto.
En estos días, se presenta en la Legislatura un proyecto de eliminación de los subsidios a la escuela privada, desde ya expresamos el compromiso de Ademys de darle la mas amplia difusión para generar los apoyos necesarios para su tratamiento en el recinto legislativo.
Señalemos también, que el gobierno ha sancionado la firmeza de Ademys de no transar con la aceptación de los 96 cursos a cerrar, quitándole las comisiones para colaboradores de Junta. Así, este año, a pesar de ser el segundo sindicato más votado en las elecciones de Junta 2011, será el único que no dispondrá de compañeros en comisión para recorrer escuelas.
La ofensiva del gobierno macrista continúa; por lo tanto, la resistencia a los cierres debe profundizarse fomentando un movimiento unitario de padres, estudiantes y docentes, impulsando el protagonismo y la participación decisiva de los docentes en las asambleas por escuela, de distrito, los plenarios, las asambleas con mandatos y otros espacios organizativos.
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