Informe sobre el juicio por la desaparición de Marita Verón.

El pasado 8 de febrero comenzó el juicio por la desaparición de Marita Verón con la lectura de los testimonios recopilados por el equipo querellante. Las declaraciones leídas más importantes fueron las que realizaron mujeres que estuvieron junto a Marita en alguno de los prostíbulos de La Rioja. Entre las mujeres que declararon, algunas son víctimas de redes de trata y prostitución rescatadas durante la investigación que hace diez años comenzó buscando a Marita. Las declaraciones corroboraron la información relativa a las acusaciones sobre Víctor y María Jesús Rivero, Domingo Andrada (ex policía), Daniela Milheim, José Gonzalo Gómez “Chenga”, Paola Gaitán, Alejandro González, Irma Medina, Azucena Márquez y Natalia Bustos como miembros y coparticipes de una red de trata que opera en Tucumán, La Rioja y Rio Gallegos, en complicidad con la policía de las tres provincias.

En algunas de ellas, se especificó el rol que habría cumplido cada uno de los trece imputados en el secuestro, venta y explotación de la víctima, como también hubo otras acusaciones a personas que no están imputadas pero que podrían ser parte de los 12 acusados sobreseídos por la fiscal Adriana Reynoso Cuello; entre ellos, Miguel Ardiles, una de las últimas personas que vio a Marita y quien le habría arreglado el turno que ella había ido a buscar en el Instituto de Maternidad, éste le habría pedido que se presente al otro día (03 de abril, día que desapareció) con sus documentos personales; Adrián Catalán, cuñado de la víctima, fue mencionado como cómplice de Ardiles y María Teresa Sánchez, quien fue mencionada como la dueña de la línea telefónica de Río Gallegos desde donde Marita se habría comunicado con su madre.

Antes de llegar a la instancia de debate prevista para el primer día de juicio, la defensa expuso ante el tribunal las irregularidades detectadas en el procedimiento investigativo y judicial del caso. Entre ellas, los abogados defensores de los trece imputados, solicitaban la nulidad de la elevación a juicio de los mismos, debido a que los imputados no habrían sido debidamente notificados sobre los cargos de los que se acusa al momento de las indagatorias. Además, Eduardo Molina, defensor de Derobertis, Milheim, Rivero María Jesús,  Rivero Víctor y González Alejandro, solicitó pericia psicológica y cámara Gesell  para Micaela Verón y pericia psicológica y psiquiátrica para Fátima del Valle Mansilla, testigo voluntaria que habría estado con Marita en los prostíbulos riojanos.

Las partes querellantes, representada por los abogados Carlos Varela, Carlos Garmendia y los fiscales Rouges y Sale, definieron los pedidos de la defensa, en términos generales, como “inoportunos, dilatorios y por fuera de la etapa debida en los términos del procedimiento judicial”. Además, el abogado Carlos Garmendia y la defensora de menores Inés Avellaneda, se refirieron a la solicitud de cámara Gesell como inapropiada, teniendo en cuenta que el proceso de cámara Gesell es usado cuando se deben hacer declaraciones muy fuertes relacionadas a episodios sufridos por la victima; en este caso, el abogado defensor no especificó por que debía someter a la hija de Marita a tal procedimiento, ni con qué objetivo. Avellaneda también mencionó que ese procedimiento se aplica a víctimas, no a la hija de la víctima, y además era inviable de realizarlo con una menor.

Con respecto a la solicitud de someter a pericias a los testigos, Garmendia se refirió a la solicitud como un mecanismo de inhibición y amedrentamiento de los testigos, que además también fueron víctimas.

El pasado 9 de febrero, el tribunal de Cámara decidió no dar lugar a los pedidos de la defensa y con respecto a los abogados defensores, Humberto Posse y Roberto Flores, les reprochó la representación confusa y alternada que realizaron en los últimos años con el imputado "Chenga" Gómez y que usaron en su provecho para pedir la nulidad de la elevación a juicio. Sobre el resto de los pedidos de nulidad, también fueron rechazados, incluyendo las pericias psicológicas y psiquiátricas solicitadas para Fátima del Valle Mansilla y su madre, y la cámara Gesell  y pericia psicológica solicitada para Micaela Verón.

En la tercera jornada del juicio por “Marita”, realizada el pasado 14 de febrero, declararon tres de los principales imputados de Tucumán: María Jesús y Víctor Rivero y Daniela Milheim. Los tres declararon algún tipo de vínculo con Rubén “La Chancha” Ale y, a su vez, negaron haber conocido o sido participes de la desaparición de “Marita”.

El primer imputado en declarar fue Víctor Rivero, de 40 años, mecánico dental y ex remisero de “5 Estrellas”. A él se lo acusa de haber secuestrado a “Marita” en un Fiat Duna Blanco el 3 de abril del 2002. Uno de los datos curiosos en la declaración de Rivero tuvo que ver con el auto en cuestión, puesto que él declara haberlo comprado en octubre del 2002, casi 8 meses después de la desaparición de María de los Ángeles Verón; en su defensa usa un boleto de compraventa sobre esta transacción que está en el expediente del caso. Lo curioso, y con lo que no pude defenderse, fue que el boleto de compraventa tiene fecha del año 2004.

Luego se sentó en el banquillo María Jesús Rivero, de 46 años, hermana de Víctor Rivero, ex propietaria de “5 Estrellas”, “Makarena” (bailanta que cerró hace unos años) quién actualmente trabaja en el spa de su pareja, ubicado en 25 de mayo al 600, y es ex esposa de Rubén Ale. Rivero se refirió primero a cómo conoció a la familia Verón, esto sucedió con la desaparición de “Marita” cuando Susana Trimarco y su esposo se acercaron a la remisería “5 estrellas” para pedir que ayuden en la difusión de la búsqueda de su hija, pegando su foto en los remises, prestando autos para las búsquedas y rastrillajes e incluso brindando ayuda económica. Este vínculo duró hasta octubre del 2002 aproximadamente cuando las investigaciones llevadas adelante por el policía Tobar señalaron a los Ale y a los hermanos Rivero, entre otros,  como los secuestradores. Por su parte, la imputada respondió la pregunta sobre el porqué de la desvinculación de la familia Verón con ellos, argumentando que ella y Rubén Ale dejaron de ayudar a los padres de “Marita” porque dudaban del destino que tenía el dinero que les daban.

Es importante destacar que tanto Jesús como Víctor Rivero declararon no conocer al resto de los imputados, ni a María de los Ángeles Verón. A la vez, ambos hicieron hincapié en desvincular a “La Chancha” Ale del caso.

Daniela Milheim, de 40 años, fue la última imputada en declarar ayer. Desde el principio su relato fue más crudo que los otros, puesto que empezó desde sus 16 años, cuando conoció a Rubén Ale, tuvo una hija suya y trabajo como prostituta para él, en “Derby”, uno de los tantos prostíbulos que funcionan en la ciudad, en la calle Marco Avellaneda. A lo largo de su declaración,  Milheim dejó ver un lado del negocio de la prostitución que, por lo general, la gente se niega a reconocer y que involucra a menores de edad siendo explotadas sexualmente, muchas veces obligadas o extorsionadas a hacerlo, sin recibir ningún tipo de beneficio económico.

La imputada fue denunciada por Fátima Mansilla de haber tenido en su casa secuestrada a Marita Verón. Mansilla, también declaró ser secuestrada por Milheim y su pareja, Alejandro González. En el año 2003, Milheim fue detenida durante 2 años y tres meses en el penal de mujeres de Tucumán.

Milheim declaró haber trabajado en “Candilejas”, prostíbulo de La Rioja regenteado por Irma Medina y de donde habría huido luego de ser maltratada por Medina y amenazada por la policía de La Rioja.

La acusada negó haber secuestrado a “Marita” Verón y deslegitima a Fátima Mansilla en sus declaraciones, argumentando que la misma “tiene problemas psicológicos”. Por otro lado, desmintió a Jesús Rivero diciendo que sí se conocían y mencionando una ocasión en la que estuvieron juntas.

Un dato que generó tensión en la sala de audiencias fue cuando Daniela Milheim denunció ante el tribunal haber sufrido ella y su hija de 18 años, una amenaza de parte de Azucena Márquez, Irma Medina y Natalia Bustos el jueves pasado en el baño de los Tribunales. Las imputadas habrían “apretado” a Milheim para que “solucione” la declaración de María Alejandra Huerta, conocida como “Julieta”, quien habría sido pareja de “Chenga”, prostituta en Candilejas  y enviada a Río Gallegos.

Madre coraje

Declaró Susana Trimarco, en el cuarto día de juicio por la desaparición de su hija, María de los Ángeles Verón, haciendo un fuerte hincapié en la complicidad de la justicia, la policía, los Ale y el gobierno de Miranda en el secuestro de su hija.

Recordemos que la investigación y la búsqueda de su hija fue comenzada por ella, por estar presente en cada momento y “pista” que surgía en la búsqueda y porque decidió convertir la lucha contra la trata de mujeres en su trabajo diario.

Para el tribunal, la declaración de Trimarco fue importante, pues aceptaron su pedido de no ser interrogada hasta que termine su testimonio. Así comenzó con el relato, partiendo desde la niñez de “Marita” y la forma en la que eligieron criarla como padres.

Durante su relato, aparecieron los primeros nombres: Patricia Soria y Daniel Ardiles; vecina de “Marita” que la habría entregado a Ardiles para que arreglen de donde iba a ser secuestrada.

El mismo día de la desaparición de "Marita", Trimarco y su esposo, Daniel Verón, quisieron hacer la denuncia por la noche y Trimarco contó todas las trabas que, desde un principio, les puso la policía para tomar la denuncia: sin tinta, sin papel, sin nafta, ruedas pinchadas. Finalmente, esa madrugada pudieron iniciar la búsqueda.

Daniel Verón trabajó durante el gobierno de Julio Miranda para un legislador; quien, al saber de la desaparición de “Marita”, los puso en contacto con Julio Díaz, en ese momento Sub Secretario de Seguridad de la provincia, el que les sugirió que inmediatamente realicen un afiche con la foto de su hija para que los peguen en los remises de la agencia “5 Estrellas”. ¿Por qué? por que en ese momento los hermanos Ale recibían una paga del gobierno de Miranda para cumplir un trabajo como “veedores de la ciudad”, “tienen 3.500 autos y mejores armas que la policía” afirmó la madre de Marita, como palabras de Díaz.

De esta forma comenzó “el circo” que le armaron a la familia Verón. Pistas de que su hija estaba en una punta o en la otra de la provincia a la vez, en Salta, Córdoba, etc. Durante las primeras semanas de la desaparición de Marita, Trimarco recibió el dato que a su hija la había secuestrado un remis de la agencia “5 Estrellas”, el cual, y con el policía Jorge Tobar en la investigación, comenzaba a precisarse la responsabilidad de Rubén Ale, Jesús y Víctor Rivero.

El paso por La Rioja

A los prostíbulos de Irma Medina en La Rioja, llegan gracias a los datos que brindó una chica en situación de prostitución en Tucumán: “Le dijo a mi marido que fue vendida por droga y plata y que se la habían llevado a La Rioja, al Candilejas”, comentó Trimarco.

La policía desvió este dato y le restaron importancia, diciendo que “Marita” había sido vista en Salta y que estaba allí por voluntad propia. Cuando finalmente llegaron al prostíbulo con la orden de allanamiento, dos semanas después del dato, “Marita” ya no estaba ahí. Pero recuperaron a cuatro chicas (tres de ellas de 13 y 14 años) que estaban siendo explotadas sexualmente. Una de ellas, Anahí Manacedo (23 años), vivió en la casa de los Verón dos meses hasta poder regresar con su familia en Río Cuarto y su testimonio fue fundamental en la búsqueda para saber cómo operan las redes de trata vinculadas a la prostitución.

Continuando con su declaración, Susana Trimarco afirma la existencia de un permanente retroceso y “mamarrachos” en la investigación cuando muere la fiscal Bermal y toma su lugar Baclini, en la fiscalía 7ª, “poniendo palos y haciendo juegos sucios”. Baclini cambió las declaraciones de Anahí Manacedo y modificó otros expedientes y archivos de la causa.

La primera detención del policía riojano, Domingo Pascual Andrada, fue por torpeza del mismo, puesto que en el intento de secuestrar a una joven tucumana, el esposo de la chica intervino y disparó a Andrada, comenzando una balacera en la que también intervino la policía tucumana. En ese momento, Jorge Tobar presenció la detención de Andrada y en ese momento, Trimarco tuvo acceso a la agenda telefónica del riojano, una de las mayores evidencias que lo vinculan a una red de trata, con contactos en todas partes del país: “Ahí empecé a llamar a los teléfonos, haciéndome pasar como socia de Andrada, y me enteré de cómo funcionan las redes” y agrega “las menores valen más que las mayores, no tengo ahora menores para vos pero podemos arreglar” menciona la madre de la joven secuestrada como algunas de las conversaciones que tuvo.

En el 5º día del juicio, las protagonistas del testimonio fueron las jóvenes rescatadas de las redes de trata y prostitución de La Rioja durante la búsqueda de “Marita”. Susana comenzó por contar la experiencia de Anahí Manacedo, una joven cordobesa de 23 años que fuese rescatada de los primeros allanamientos realizados en el prostíbulo regenteado por Irma Medina, “Candilejas”, en La Rioja.

Tal como habíamos mencionado, Anahí vivió en la casa de la familia Verón durante dos meses luego de ser rescatada del prostíbulo: “cuando la llevamos estaba toda golpeada, con un derrame en el ojo y un golpe muy grande en la cadera”, comenta Trimarco. La joven les informó que diariamente debían consumir drogas “para estar contentas y que trabajen”. Aparentemente, Anahí Manacedo estuvo con “Marita” en el mismo prostíbulo puesto que brindó una descripción que coincidía hasta en los detalles más mínimos.

Anahí fue quien contó cómo era el calvario que vivían las chicas allí adentro. Una vida en donde no decidían cuando dormir, ni que comer, ni cómo vestir, sino que tenían que hacer pases (tener relaciones sexuales) permanentemente, “hasta 40 tipos por día”, consumir droga para aguantar y estar fuera de sí, ser maltratadas tanto por los clientes como por los proxenetas, no recibir nada de dinero a cambio de su “trabajo” y además, estar permanente endeudadas en una cuenta ficticia que sólo manejan quienes regentean los prostíbulos.

Entre otras historias de chicas que, siendo víctimas de la explotación sexual, estuvieron con “Marita” Verón, mencionó a Blanca Vives, vendida a los 13 años por su padrastro a un remisero de “5 Estrellas”, quien a su vez la vendió a Irma Medina que la tuvo 2 años en su prostíbulo.

Blanca sumó el dato de que “Marita” era “la doña”, es decir, la pareja de “Chenga” Gómez. La joven cuenta que “Marita” tenía prohibido hablar o verse con las otras chicas, le habían teñido el pelo de rubio, usaba unos pupilens celestes y la habían obligado a tener un hijo con “Chenga”.

Andrea Romero y Miriam Zelaya, fueron otras dos víctimas menores de edad secuestradas por Azucena Márquez (imputada) en La Pampa y llevadas directamente a “Candy”, otro prostíbulo de La Rioja. Andrea habría conversado en alguna ocasión con “Marita”, quien le habría recomendado que “haga lo que le digan”, si no le harían lo mismo que a ella, indicando una puñalada en la espalda y el hijo que habría tenido con “Chenga”. Según Andrea, ese día hicieron un pacto, en donde la primera que pueda escapar buscaría a la madre de la otra para avisar en donde estaba su hija. Y Andrea, pocos meses después de ser secuestrada, fue rescatada en un allanamiento en donde buscaban a “Marita” y pudo contarle a Susana Trimarco lo que ella hoy declaró.

Miriam Zelaya, Fátima Mansilla, Andrea Da Rosa y otras tres jóvenes más, fueron rescatadas de prostíbulos durante la búsqueda de María de los Ángeles Verón.

Más palos en la rueda

Durante la investigación, la familia Verón no sólo fue descubriendo el negocio de la trata de mujeres, sino también que el gobierno provincial era parte del mismo.

Julio Díaz, el entonces Sub Secretario de Seguridad de la provincia, habría mandado en dos ocasiones a personas para desvíen la investigación o averigüen sobre los datos que conseguía la familia. Uno fue un hombre que decía saber y asegurar que “Marita” estaba en Salta y otra, fue una psicóloga enviada por Díaz para que acompañe permanentemente a Micaela Verón, la nieta de Trimarco.

Otra situación se dio cuando Andrea Da Rosa, una de las víctimas, se negó a declarar ante el Juez Moreno, puesto que él era cliente preferencial de Medina, para quien también organizaban fiestas para el Poder Judicial y pedían “que lleven las mejores chicas”.

Baclini, secretario de la Fiscalía a cargo del caso, habría recibido 120.000 pesos de Irma Medina para que detenga las investigaciones y los mantenga al tanto de los posibles allanamientos, según declaró Trimarco.

La bicicleta de la defensa

Entre las muchas estrategias que la defensa desplegó para “estirar” el juicio, Claudia Azucena Márquez llegó una hora y media tarde, retrasando el inicio de juicio que debía comenzar a las 08.30 hs.

En su tercer día de declaraciones, Susana Trimarco prefirió empezar con la ronda de preguntas por las partes, argumentando que “tengo mucho para decir, así que prefiero que comiencen a preguntarme”. La querella comenzó con las interrogaciones y los abogados Sale, D`Antone y Varela indagaron primero sobre las declaraciones difamatorias que tanto los imputados como sus abogados defensores realizaron sobre “Marita” y su familia, tras lo cual preguntaron sobre algunas personas que habrían participado en algún momento del secuestro de Marita.. En su relato, Trimarco comentó algunas “jugadas sucias” de la defensa a lo largo de los diez años que Marita lleva desaparecida, como cuando el abogado Posse junto a “Chenga” Gómez le pagaron a una joven para que atestigüe que ella y Marita se prostituían juntas por voluntad propia. El mismo letrado también inició el rumor acerca del presunto abuso sexual de Marita por parte de su padre, Daniel Verón, y que ello fue la razón por la cual Marita decidió fugarse.

Los abogados no fueron los únicos en usar testigos falsos. Ernesto Baclini, fiscal a cargo de la investigación por un tiempo, habría recibido dinero de Liliana Medina (dueña del prostíbulo “El Desafío”)  para poner palos en la rueda de la investigación. A su vez, Daniel Barría, abogado defensor de Medina en aquel momento, sería quien le llevaba personalmente el dinero a Baclini. Entre una de sus “estrategias” de juego sucio, Barría le habría pagado a una joven riojana para que, en una radio de esa provincia, se haga pasar por Marita Verón y declare que estaba prostituyéndose por su voluntad,  que estaba bien y que no quería que su madre la siga buscando. Cabe destacar que Barría es juez en La Rioja  y actualmente tiene prohibido tocar la causa de María de los Ángeles Verón.

Se unen algunos cabos sueltos

El relato de Trimarco fue atando algunos cabos sueltos que vincularon a ciertos imputados con funcionarios públicos mencionados anteriormente. Uno de ellos fue Héctor Alberto Sosa, ex presidente del Sindicato de Petroleros y funcionario durante el gobierno de Miranda, siendo señalado por Daniela Milheim como su amante y sostén económico, incluso cuando ella estaba en pareja con Gonzalo Giménez, quien también se encuentra imputado en la causa.

Trimarco comentó que el fiscal menconado mantenía una estrecha relación con Sosa, e incluso, cuando tuvieron que viajar a Buenos Aires, junto a Jorge Tobar, el policía que trabajó investigando el caso, para interrogar a Andrea Romero, quien fue rescatada de La Rioja, vendida y secuestrada por Milheim, el sindicalista se ofreció a pagar los viáticos. Este dato es de importancia, porque Baclini intentó en diferentes oportunidades manipular las declaraciones de la joven Romero.

Otra revelación de Trimarco involucró a Daniela Milheim con la enfermera Patricia Soria, quien habría arreglado el secuestro de Marita, al declarar haberlas visto a ambas caminando juntas en una ocasión por la calle 9 de Julio, a la altura del Subsidio de Salud, mientras que Milheim en su declaración había asegurado no conocer a Patricia Soria.

Más demoras

El pasado 23 de febrero, Gonzalo Gómez, hermano del "Chenga", pidió al tribunal retirarse de la sala porque se sentía mal y el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio de 20 minutos que duró 40. Una vez reanudada la sesión, el Dr. César Piedrabuena, Presidente del Tribunal, anunció que debido a la crisis gástrica de Gómez ratificada por el servicio médico del Poder Judicial, se pasaría a un cuarto intermedio. Luego, Gómez fue trasladado al hospital Padilla acompañado por el médico forense de la justicia, Dr. Eduardo Pacheco.

El oficio del médico forense, Dr. Pacheco, presentó que el imputado Gómez sufre colecistitis aguda (cálculos en la vesícula) y que debía operarse, pero mientras tanto se observaría la evolución del paciente. Está claro que la enfermedad fue ratificada por un médico del Poder Judicial, pero las estrategias, tanto de los imputados e imputadas y abogados defensores para dilatar las horas en la sala y recurrir con más frecuencia a los cuartos intermedios, son uno de sus métodos para retrasar las declaraciones de los 165 testigos citados en este juicio.

La enfermedad de Gómez no hizo perder un segundo de picardía de su abogado Flores, quien inmediatamente solicitó que el imputado sea apartado del caso hasta que pueda reincorporarse, y mientras tanto el proceso judicial continúe con los otros 12 imputados, ante la próxima declaración de una joven recuperada de las redes de trata y prostitución que lo acusa de maltratos y abusos físicos y sexuales, entre otros delitos.

Otra solicitud de la defensa al tribunal fue realizada por Cergio Morfil, abogado de Jesús Rivero, quien solicitó custodia para todos los imputados tras un conflicto originado en el ingreso de un custodio de Susana Trimarco, quien entró armado al recinto, cuando está prohibida la portación de armas en la sala.

Las estrategias dilatorias de la defensa se hicieron más recurrentes y más efectivas, a la vez que generó una imagen de un Tribunal demasiado “blando” y permisivo.

Cuando el público, abogados y el resto de los participantes del juicio por “Marita” Verón se disponían a entrar a la sala para una nueva audiencia, Jorge Cáceres, abogado de Gonzalo Gómez, anunció que el imputado se encontraba en La Rioja y explicó que, a pesar de haber sido dado de alta por los médicos forenses, tuvo una recaída camino a La Rioja donde fue internado nuevamente, donde los médicos le indicaron diez días de reposo, por lo que no se presentó al juicio y reiteró el pedido de separación del juicio de Gómez para que sea juzgado cuando su estado de salud mejore.

Por otra parte, los abogados querellantes Varela Álvarez y Garmendia, señalaron al Tribunal las faltas en las que habría incurrido Gómez, empezando por no haberse realizado el tipo de operación sugerida por el médico forense considerando los plazos menores de recuperación (se realizó la cirugía tradicional cuando fue recomendada la laparoscópica), no informar al tribunal de que había sido dado de alta y por determinar no presentarse al juicio sin la autorización del Tribunal y de un médico del poder judicial. En consecuencia, sugirieron el arresto domiciliario para garantizar que se presente a la próxima sesión o, en caso de que el estado de salud de Gómez no le permita presentarse, que su abogado sea su representante puesto que el imputado no solicitó ser interrogante en las declaraciones de testigos.

Gómez debió obedecer la detención domiciliaria, ser atendido por médicos del poder judicial de Tucumán y presentarse el martes 6 de marzo acompañado por la policía.

Al reanudarse el juicio, todos los imputados, incluido Gonzalo Gómez, se presentaron en Tribunales mientras los abogados defensores continuaron con la ronda interrogatoria a Susana Trimarco apelando a estrategias difamatorias de “Marita”.

Embarrar la cancha

Los abogados de la defensa desplegaron sus estrategias para desvincular a los imputados del delito de la trata de mujeres y la prostitución forzada mediante la responsabilización al padre, a su marido y a su yerno por la desaparición de “Marita” durante el interrogatorio a Trimarco.

Como primera testigo de la causa, Trimarco llevaba más de cinco jornadas (algunas incluyeron mañana y tarde) respondiendo las interrogaciones de todos los abogados defensores.

En este largo proceso, los abogados dejaronn ver una estrategia conjunta; primero, para desvincular a sus respectivos clientes imputados del delito de la trata de personas, privación de la libertad y promoción de la prostitución y segundo, dirigiéndose a escarbar en el pasado familiar de Susana Trimarco y la familia Verón mediante el uso de los primeros argumentos, y más oído en este caso, sobre “la reputación” de Marita y su forma de vida, orientando las preguntas para reforzar la idea del abandono de su casa por parte de Marita por voluntad propia y que habría elegido la prostitución como medio de vida.

Otra de las estrategias de los abogados, especialmente de Cergio Morfil y Carlos Posse, fue la de difundir su hipótesis acerca de un ajuste de cuentas, por cuanto el padre de Trimarco fue chofer del militar López Campos durante la última dictadura cívico militar, con respecto a la desaparición.

Cabe destacar que el peso de las pruebas que la defensa presentó no llega a tener la legitimidad y veracidad que las presentadas por el equipo querellante, y a ello se suma que los abogados defensores realizaron en este proceso de interrogaciones, preguntas confusas con datos mezclados y juegos con el tiempo, dejando en evidencia otra vez la falta de argumentos para llevar adelante un debate más dinámico y completo en informaciones.

A un mes del inicio del juicio

Finalizadas las declaraciones de Susana Trimarco, Patricia Soria fue la próxima testigo para declarar, ocasión en la cual la querella señaló decenas de contradicciones con respecto a sus declaraciones anteriores y solicitó que se anule su declaración por falso testimonio. No obstante, para algunos abogados defensores, la testigo fue “solvente” en su declaración. Asimismo, la defensa de Gonzalo Gómez pidió que el retiro de la prisión domiciliaria.

Patricia Soria, enfermera vecina de Marita en el Bº Gráfico II que, según las investigaciones de la querella, habría sido junto a Miguel Ardiles, quienes entregaron a Marita para su secuestro, comenzó su declaración incurriendo en, al menos, 30 contradicciones con respecto a sus declaraciones anteriores, las cuales realizara al momento de la desaparición de Marita hace diez años atrás.

En aquel tiempo, Soria fue la primera que señaló que Marita tenía problemas en la relación con su madre y con su marido, David Catalán, y que probablemente, se habría marchado para prostituirse por su cuenta, entre otras difamaciones sobre la personalidad de la joven. Al respecto, el abogado querellante, Carlos Varela Álvarez, afirmó que “no van a encontrar en el expediente, además de estas dos personas (Soria y Ardiles) personas que hablen mal de Marita. Nos llama la atención que luego de diez años, desmienta sus declaraciones respecto al carácter, el comportamiento, la vestimenta y los consejos que ella le habría dado a Marita. Claramente se quiere alejar de un dato esencial, nosotros creemos que ella es la persona que aconsejo a Marita ir a la maternidad tal día, con respecto al Sr. Ardiles”.

Para algunos abogados defensores, como Cergio Morfil, la declaración de Soria “contrarrestó algunas declaraciones de Susana, como que el negocio de Marita era próspero, y que Marita se estaba mudando a la casa de Trimarco. Las contradicciones en las que incurre Soria son nimiedades, para mi fue una testigo con mucha solvencia” según afirmó a la prensa dicho letrado.

Hacia el final del testimonio de Soria y como resultado de sus errores en los testimonios que prestó, la querella solicitó al Tribunal que se anulen sus declaraciones por falso testimonio, o que pase a un careo con Susana Trimarco.

Por otro lado, López Casacci, abogado co defensor de Gonzalo Gómez, presentó ante el Tribunal los certificados médicos que certificaron el comportamiento del imputado semanas atrás, que le valieron la prisión domiciliaria. Gómez habría incurrido en nueva falta llegando tarde al Tribunal, pero culparon directamente a los policías de la seccional 6ª que retrasaron su traslado. Con estos nuevos documentos, el co defensor solicitó que se levante la prisión domiciliaria.

Siguen las contradicciones de los testigos

En la jornada anterior, terminaron su declaración Patricia Soria y Miguel Ardiles, ambos sospechosos de entregar a Marita a las redes de trata y prostitución. Posteriormente, también declaró Elvira Acosta, una testigo que habría visto a Marita, tras su secuestro, por la zona de Los Gutiérrez.

Las contradicciones entre Soria y Ardiles motivaron a la querella a pedir nuevas medidas del Tribunal.

La querella ya había advertido que Soria habría incurrido en contradicciones pero se contradijo un par de veces más. “Una catarata de mentiras”, comentó la abogada de la Fundación María de los Ángeles y por la acción civil en el juicio, Belén Lembo. Por ende, la querella solicitó al Tribunal no sólo la anulación de la declaración por falso testimonio, sino también la detención de Patricia Soria.

Miguel Ardiles es trabajador del Instituto de Maternidad, y con él Marita debía hablar (por sugerencia de Soria) para conseguir un turno con un ginecólogo el día antes de su desaparición. Sin embargo, su declaración fue más fiel a lo declarado hace diez años atrás aunque también incurrió en contradicciones con los testimonios de Patricia Soria y de Susana Trimarco; razón por la cual, los abogados querellantes José D’Antona y Carlos Garmendia solicitaron al Tribunal un careo entre Ardiles y Soria, y entre Trimarco y Ardiles.

Con respecto a los trece imputados, Ardiles no señaló tener ninguna clase de vínculos, ni siquiera conocerlos, e indicó que su auto Renault 12 secuestrado por la policía como parte de la investigación en el 2002 finalmente fue devuelto sin haber encontrado rastro alguno, al igual que en el allanamiento en su domicilio.

Elvira Acosta, quién diez años atrás, cuando residía en la localidad tucumana de Los Gutiérrez, habría visto a Marita, caminando y “extraviada” por los alrededores de su casa, hizo la descripción de la joven que vio esa tarde del año 2002, la que coincidía con la foto que circulaba de María de los Ángeles, sólo que ahora lucía “demacrada y con la mirada perdida” aunque no pudo vincular lo que vió esa tarde con algún otro hecho relacionado a la causa. Sin embargo, afirmó que era Marita a quien vió esa tarde, y que parecía perdida, buscando algún colectivo que la lleve a la ciudad.

Más pruebas

Las últimas declaraciones de las testigos citadas sumaron a las pruebas sobre tráfico de mujeres y explotación sexual con las que se acusa a varios imputados, especialmente los hermanos Gómez, “Liliana” Medina y Daniela Milheim.

Entre la defensa no dejan de buscar estrategias de dilatación, demora y trabas en el desarrollo de las audiencias diarias.

Susana Trimarco, la madre de Marita, con sus relatos acerca de la extensa búsqueda de su hija, dejó esbozado el camino de la trata y prostitución que luego citarían los y las testigos que prestan su testimonio a lo largo de las audiencias.

Así, declararon ante el tribunal dos jóvenes, Noemí Garzón y Alejandra Huerta, y sus madres, cuyas historias involucran a Milheim y a los riojanos, “Liliana” Irma Medina y sus hijos, Gonzalo Gómez y Fernando Gómez, conocido como “Chenga”.

Noemí y Alejandra trabajaron como niñeras, en momentos distintos, para Daniela Milheim, quien luego les ofreció prostituirse en La Rioja o en Río Gallegos, y describieron el “modus operandi” de la red de trata y prostitución que manejan los imputados en la causa. Sin embargo, ante las preguntas de la querella sobre las formas de operar de los imputados, los abogados de la defensa intentaron -sin éxito- recusar aquellos testimonios, calificándolos como “imparciales” y “fuera de contexto”. En el caso de las jóvenes, si bien sólo una de ellas estuvo en situación de prostitución, ambas declararon que estuvieron con otras chicas en la casa de Milheim o en los prostíbulos riojanos contra su voluntad o sin saber si quiera en donde estaban.

Al declarar la madre de Alejandra Huerta -cuya identidad está reservada a pedido del Tribunal- recordó el estado físico en el que encontró a su hija cuando fue rescatada de “El Desafío”, prostíbulo manejado por “Chenga” Gómez en La Rioja, en el año ‘ 98: “Estaba llena de marcas y heridas, y la cabeza toda lastimada por los culetazos de pistola que le daba el ‘Chenga’ (…) cuando le dije a Alejandra que la llevábamos a casa, ella gritaba feliz ‘ ¡ soy libre! ’ ”, contó conmovida.

Asimismo, contó que, en dos ocasiones del mismo año, fue a buscar a su hija a La Rioja; la primera vez, llevada casi como en un secuestro por un tal “Pantera”, quien le avisara que Alejandra estaba detenida tras un allanamiento en uno de los prostíbulos de Medina. En aquella ocasión, según contó en su relato, Alejandra fue entregada por el Juzgado de Menores de la ciudad de La Rioja -puesto que tenía 17 años - aunque no entregaron ninguna clase de papeles a su madre, ni informaron sobre el maltrato físico que había recibido, como tampoco reprendieron contra los que explotaban sexualmente a la menor.

Con estos testimonios, las pruebas expuestas parecen señalar que, al menos, para Gonzalo Gómez, “Chenga”, Irma Medina y Daniela Milheim, desvincularse de los cargos por privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución será muy difícil.

Se refuerzan las contradicciones

Dos testigos, Víctor Juárez y Marcelo Ruiz; ambos, policías de La Ramada, inundaron de contradicciones sus dichos, por lo que la querella solicitó el falso testimonio.

Los testigos habrían trasladado a "Marita" cuando fue vista en esa localidad.

Antes que comiencen las declaraciones de los testigos, el tribunal solicitó a la defensa de Gonzalo Gómez que especifique el domicilio en caso de una eventual autorización para salir de la provincia. Por su parte, Carlos Varela, querellante de la causa, apeló a que se tenga presente que Fernando “Chenga” Gómez se encuentra viviendo a una cuadra del domicilio de Susana Trimarco...

La ronda de testigos comenzó con Víctor Armando Juárez, ex policía de La Ramada, quién estaría involucrado en el “segundo secuestro” de María de los Ángeles y era jefe interino de la seccional cuando ocurrieron los hechos, quien sostuvo que un vecino alertó a la policía acerca de la presencia de una mujer a la vera de la ruta 304 y que, por ello, mandó a otros efectivos a buscarla. Al encontrarse con la mujer, ésta sostiene llamarse Mirta Tundis, aparentemente de unos 35 años de edad que tenía la voluntad de volver a la ciudad pero no poseía dinero. En compañía de Juárez viajan en un colectivo "Benjamín Aráoz", el efectivo policial desciende en Alderetes y de la “señora” no se sabe nada. No se notificó la presencia de la mujer en la seccional, no le llamó la atención el hecho y luego le pidieron que no intervenga en el caso mientras que, en declaraciones previas, el apellido de la mujer era otro, la habían levantado “haciendo dedo” y en el colectivo se sentó en otro lugar. Las contradicciones sobran y la querella pide el falso testimonio.

El siguiente testigo, Marcelo Ruiz, fue quien estuvo en el auto que recogió a la mujer a la vera de la ruta en La Ramada. En compañía de Mario Corpus y por orden del policía Juárez, la habría recogido del lugar y trasladada a la comisaría. Afirmó que, como venía el colectivo, se fue para su casa y no tiene conocimiento de que ocurrió después. Sin embargo, sus dichos anteriores no condicen con los actuales tanto en lo que respecta a la notificación del caso, en la manera en que dieron con el paradero de la mujer y su estado, las conversaciones con la misma y si estuvo al momento en que la encontrada sube al colectivo. Más contradicciones, que llevaron a un nuevo pedido de sumario por falso testimonio.

La coartada parecería ser sostener que la mujer encontrada no fue María de los Ángeles Verón, aduciendo diferencia de edad y de contextura física. Otra de las posibilidades es que nunca se haya subido al colectivo. La idea del “segundo secuestro” sigue resonando.

Los últimos testigos que declararon la semana pasada en el juicio fueron David Catalán, pareja de la joven desaparecida, y una joven que habría estado secuestrada junto a Marita, y que además, contó otra versión de los relatos de Daniela Milheim y Jesús Rivero.

La larga lista de testigos que prestarán su testimonio se va reduciendo.

Las declaraciones de Catalán y la joven, fueron convincentes y sólidas, pero lo más importante fue que no tuvieron contradicciones con lo declarado hace diez años, cuando la investigación por la desaparición de Marita comenzaba. La testigo fue secuestrada por Daniela Milheim el 27 de mayo de 2002, según recuerda, previamente había trabajado como niñera para Milheim, pero luego de que la misma le hubiera ofrecido trabajar sirviendo copas en una “casita” en Río Gallegos, la joven decidió apartarse de su trabajo de niñera y de la familia Milheim.

Tras dejar el trabajo de niñera, Aldo Milheim junto a su hermana Daniela, habrían secuestrado a la joven a metros de su domicilio, en mayo del 2002. Según la testigo, el primer domicilio donde estuvo fue en la casa de barrio FEPUT de Daniela Milheim. Allí estuvo meses encerrada, viviendo en una habitación, bajo los efectos de las drogas que tanto Daniela, como su pareja, Alejandro González, y sus hermanos Pablo y Aldo Milheim, le habrían suministrado hasta crearle dependencia. Sin embargo, a pesar de haber pasado la mayor parte del tiempo bajo los efectos de las drogas, la mujer reconoce haber visto a Marita en esa casa, en un estado similar al de ella, perdida, triste y fuera de sí.

Algunos elementos que dió para probar que se habría tratado de María de los Ángeles, fue haber escuchado entre los miembros de la casa, que a Marita debían llevársela porque la estaban buscando demasiado. El destino parecía ser Rosario de la Frontera. Luego, pudo confirmarlo cuando vió los afiches de la búsqueda de Marita con su foto.

Fue en esa casa donde la testigo declara haber conocido a Jesús Rivero, Rubén “La Chancha” Ale y a Daniel Moyano, quien sería el dueño de algunos prostíbulos de Río Gallegos. Los dos últimos eran quienes decidían qué chicas se iban y quienes se quedaban. Aparentemente, la casa de Milheim sería un lugar “de paso” hasta que las jóvenes eran enviadas a algún prostíbulo de esta red, entre Río Gallegos, Tucumán y La Rioja. Según la joven, “en la casa siempre había chicas, que estaban por pocos días y luego las llevaban”.

En medio de un relato que removía recuerdos escalofriantes, la mujer que casi diez años atrás logró escapar de la explotación sexual y la esclavitud, mencionó todas las secuelas de aquel tiempo en su salud actual y en la de sus hijos. Superar la droga dependencia, reponerse a un cáncer de cuello uterino debido a una infección mal curada, y poder volver a salir sin miedo a la calle, son algunos de los logros que también destacó. En su testimonio, contradijo las declaraciones de Jesús Rivero y Daniela Milheim y confirmó haber sido atendida en el hospital Carrillo en el 2002, llevada durante su secuestro por Daniela Milheim, y siendo atendida bajo otro nombre.

Fuente: Contrapunto - Prensa Alternativa (Tucumán)