Los vecinos, a través de la Asamblea del Parque Lezama, frente a la decisión inconsulta y privatista de la llamada "puesta en valor" por parte del Gobierno porteño, se vienen oponiendo al cierre del espacio público más grande que tenemos los barrios del sur de la Ciudad mediante una resistencia sistemática que manifiesta la "voluntad de seguir teniendo un parque libre, sin rejas, sin restricción horaria, que permita la libre circulación por nuestro barrio, revalorizando el concepto de espacio público: como un espacio que nos pertenece a TODXS", según informaron a través de un comunicado.
Por otra parte, sostuvieron que se están realizando diversas actividades junto a las organizaciones barriales para hacer un frente común ante las políticas de exclusión que lleva a cabo el gobierno macrista, el cual privilegia el negocio inmobiliario para arrasar "con polideportivos, como el Martina Céspedes; clubes barriales, como el Giufra; bibliotecas populares, como la Esquina de los Libros y avanzar con los desalojos en nuestros barrios de la Boca, Barracas y San Telmo, sin resolver la problemática de vivienda.
Pese a ello, tanto el Ejecutivo como la Junta Comunal han hecho oídos sordos a la exigencia de una reunión abierta y participativa con la finalidad de presentar un proyecto y conocer la opinión de los vecinos. No obstante, se intentan agotar los canales institucionales para entablar un diálogo y ayer se realizó una nueva reunión con Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público del GCBA, tras la concretada el pasado 14 de mayo en la cual el funcionario se comprometiera a no realizar las obras hasta finalizar el diálogo.
"Al día de hoy, seguimos esperando la última versión del proyecto integral con los respectivos pliegos técnicos y las alternativas que supuestamente habían elaborado para construir la fuente adaptándola a la función social del anfiteatro. Ambas cosas iban a ser enviadas a la Asamblea durante los días subsiguientes a la reunión, pero no ocurrió. A esta situación se suma la gravísima falta de incumplimiento de la Ley 104 de la Ciudad ocultando la información pública", denunció la Asamblea.
Frente a las declaraciones de Santilli en el diario La Nación, en su edición de este lunes, por las cuales afirmó que no comenzarán a colocar las rejas "hasta limar a sabiendas de que hay un 70% de los vecinos que sí las quiere", la Asamblea se preguntó acerca de los métodos utilizados para obtener dicho porcentaje, toda vez que no fueron consultados los más de mil vecinos que firmaron el petitorio elevado a las autoridades, recordando luego que el recurso PRO son las encuestas telefónicas.
Concluyeron, afirmando que la opinión de las y los vecinos "puede resolverse perfectamente por la vía de la consulta popular", por cuanto el PRO tiene la mayoría en la Junta Comunal.
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