Garantías para el ejercicio de la oposición política en Colombia: Libertad para Francisco Toloza

Por Miguel Ángel Beltrán Villegas

por mi amigo que está preso,
porque ha dicho lo que piensa....
Yo te nombro libertad!!

Pese a los anuncios realizados por el presidente colombiano Juan Manuel Santos en su mensaje de fin de año, donde señala que el 2014 será el año de la paz, “que marque la terminación del conflicto armado que nos ha desangrado por medio siglo ya”, dos graves hechos registrados en la primera semana del nuevo año colocan al descubierto las falacias de su discurso: por un lado, el asesinato del líder comunal de San José del Palmar (Chocó), Giovanny Leiton junto a su compañera sentimental y, por el otro, la detención del catedrático universitario Francisco Toloza.

Estas dos agresiones contra el movimiento popular, ocurridas con pocas horas de diferencia, visibilizan una realidad que cada vez resulta más inocultable a los ojos de la opinión nacional e internacional, y es que mientras las élites políticas y económicas del país agitan demagógicamente el tema de la paz, en el plano de los hechos fortalecen sus instrumentos legales e ilegales para reprimir la oposición política y social.

PROTESTA SOCIAL Y TERRORISMO DE ESTADO

Los repudiables crímenes de Giovany Leiton y el de su compañera de vida, acaecidos en la vereda Zabaleta, municipio de San José del Palmar (Chocó) se inscriben en una larga y reiterada estrategia de terrorismo de Estado, que durante décadas ha recurrido a los asesinatos selectivos, las masacres, la desaparición forzada y el desplazamiento como mecanismo para acallar el legítimo derecho a la protesta.

Voceros del Movimiento Político Marcha Patriótica denunciaron que en el año que acaba de concluir, fueron muertos 26 de sus miembros; mientras que dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), advierten que el 2013 se cerró con un número similar de sindicalistas asesinados, siendo Colombia uno de los países del mundo que ofrece mayor riesgo para desarrollar la actividad sindical. Es precisamente esta política de criminalización de la protesta política y social la que subyace en el alevoso crimen contra el dirigente comunal Giovany Leiton, integrante de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo -MIA Nacional- y quien participara activamente en las movilizaciones campesinas que estremecieron el país en el segundo semestre del 2013.

Recordemos que recientemente en el departamento del Chocó se ha expresado la inconformidad de pueblos indígenas y afrodescendientes, los cuales se han movilizado en contra de las políticas agrarias del actual presidente colombiano, reivindicando el derecho al territorio, la salud, la educación y condiciones de vida digna, y en contra de la presencia de las empresas transnacionales.

Pero una vez más el Estado colombiano recurre al expediente de la violencia para dar salida a las reivindicaciones populares, como lo ha hecho -por acción u omisión- en los casos de los reclamantes de tierras y de los pobladores que han enfrentado los grandes proyectos extractivos e hidroeléctricos agenciados por las multinacionales; o como los sigue haciendo con otras organizaciones sociales que desde diferentes ángulos han confrontado las políticas neoliberales de los sucesivos gobiernos.

Mientras estas prácticas represivas persistan ¿podrá construirse en Colombia una paz estable y duradera?. Sin duda que No. Lo grave es que quienes desde nuestro quehacer académico y nuestro compromiso social hemos venido insistiendo en que una salida política al conflicto armado y social colombiano no supone simplemente el silenciamiento de los fusiles, sino que requiere de profundas transformaciones económicas, políticas y sociales, hemos sido judicializados acusados de ser ideólogos de la insurgencia armada; es el caso de los profesores William Javier Díaz, Fredy Cortés, y la socióloga Liliany Obando, entre muchos más.

Ahora pretenden hacerlo con el politólogo y catedrático Francisco Javier Toloza.

CUANDO DISENTIR ES DELITO

Candidato a Doctor en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en Argentina, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Sociología de esta misma universidad, Francisco Toloza, encarna las expresiones críticas de una academia colombiana, cada vez más encerrada en sí misma y ausente de las realidades políticas y sociales del país.

En sus investigaciones, el profesor Toloza se ha ocupado de estudiar el conflicto armado y social colombiano desde una perspectiva que se aparta de las visiones dominantes. Así, su trabajo de maestría analiza el ya histórico debate sobre la combinación de todas las formas de lucha desarrollada por el Partido Comunista y las FARC - EP, y analiza su aplicación y desarrollo en el contexto de la realidad colombiana. En esta misma línea -y como parte de un proyecto de investigación más amplio coordinado por el historiador Carlos Medina Gallego- el profesor Toloza, indaga por qué las FARC pueden ser consideradas un actor político, para lo cual se apoya en lecturas teóricas provenientes de autores como Marx, Weber y Carl Schmitt. Producto de esta reflexión es su artículo titulado “Son las FARC - EP un actor político? Una Mirada desde tres clásicos de la Teoría Política”
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Pero la labor académica de Francisco Toloza no ha sido la de un investigador encerrado en la torre de marfil del conocimiento sino que desde joven ha logrado combinar sus preocupaciones teóricas con un proyecto profesional articulado a las luchas sociales. Primero como líder estudiantil al frente de las movilizaciones en defensa de la universidad pública y, posteriormente, como vinculando su actividad a movimientos sociales y políticos nacionales. Es justamente este compromiso con el pensamiento crítico lo que le ha valido constantes persecuciones y, ahora, su arbitraria reclusión en un centro penitenciario bajo el cargo de rebelión agravada; porque en Colombia, desde hace ya varios años se ha consagrado el delito de opinión contra aquellos que piensan diferente y cuestionan las políticas oficiales. De esta situación dan cuenta los centenares de prisioneros y prisioneras políticas que se encuentran en las cárceles colombianas.

LOS MONTAJES JUDICIALES CONTRA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

La legalización de captura del profesor Francisco Toloza, coloca de presente una modalidad de persecución que no es novedosa, pero que adquirió particular intensidad bajo las políticas de la mal llamada “seguridad democrática” del ex presidente Álvaro Uribe, se trató de los montajes judiciales contra miembros de la oposición política o académicos críticos que eran presentados como integrantes de la insurgencia armada. Bajo estas falsas sindicaciones se produjo la detención y asesinato del sociólogo Alfredo Correa, quien fuera acusado de ser un importante ideólogo de las FARC. Años después se demostró que era un falso positivo judicial orquestado desde el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad.

El fallo de la Corte Suprema que condenó por estos hechos al entonces director de este organismo estatal señaló que éste “actuó en connivencia con el Bloque Norte de las Autodefensas... para inicialmente hacer ver al profesor Alfredo Rafael Correa de Andreis como un subversivo y después, proceder a ejecutarlo”.

Durante la administración del presidente Santos la presión contra los miembros de la comunidad universitaria no ha disminuido; algunos estudiantes y profesores que se movilizaron en contra del nefasto proyecto de reforma a la ley de educación superior impulsado por el gobierno nacional y que finalmente fue derrotado, se encuentran hoy privados de la libertad en diferentes cárceles del país acusados de “rebelión” y “concierto para delinquir”, mientras que otros han sido amenazados por grupos paramilitares.

Los casos de Omar Alfonso Cómbita (miembro de la Federación de Educadores de Colombia - FECODE), Omar Marín (integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios - FEU), Carlos Lugo (canta autor de música de protesta) y Jorge Eliécer Gaitán (miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios -FEU), quienes desde hace más de dos años se encuentran injustamente detenidos son representativos de esta persecución contra el pensamiento crítico.

En circunstancias similares se encuentran Erika Rodríguez y Xiomara Torres, estudiantes de Química de la Universidad Pedagógica Nacional; así como, Diego Alejandro Ortega y Cristian David Leiva, de las Universidades Distrital y del Valle respectivamente quienes junto al profesor Carlo Alexánder Carrillo, fueron falsamente incriminados en hechos delictivos, por un agente de inteligencia militar infiltrado en la comunidad universitaria.

Capturas irregulares que luego son legalizadas por jueces “de garantías”; pruebas ilícitas obtenidas violando derechos fundamentales, principios constitucionales e incluso tratados internacionales; evidencias adquiridas de manera ilegal; presiones para lograr la autoincriminación del sindicado; dilatación del proceso, constituyen el denominador común de estos montajes judiciales, que buscan silenciar las voces críticas.

Esta misma modalidad de persecución ha sido aplicada contra reconocidos luchadores sociales como David Rabelo por su compromiso con la defensa de los derechos humanos; así como el dirigente sindical de Fensuagro Hubert Ballesteros, quien fuera uno de los más destacados voceros del pasado paro nacional agrario. Es claro, que por esta vía se pretende sembrar temor entre quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta y debilitar así el accionar de las organizaciones populares.

La reciente y arbitraria detención del profesor Francisco Tolosa, responsable de la comisión de relaciones internacionales de la Marcha Patriótica, es una nueva afrenta a la academia, al movimiento social y popular, a la oposición política y a la posibilidad que en Colombia se abra paso una paz con verdadera justicia social, donde el derecho a ejercer la oposición sea una realidad.

EL SILENCIO NO ES LA ALTERNATIVA

Este nuevo agravio, como la dramática situación jurídica y penitenciaria que viven los presos y presas políticas en las cárceles colombianas, así como la persecución que se viene adelantando desde entes estatales como la Procuraduría General de la Nación, reclama la imperante necesidad que en Colombia se discuta -como se viene haciendo en los Diálogos de La Habana- los derechos y garantías para el ejercicio de la Oposición política y social; y que los acuerdos que allí se deriven sean necesariamente refrendados a través de verdaderos mecanismos de participación y decisión popular.

Estamos, también, convencidos que frente a estos hechos el silencio no es la alternativa. Por lo que convocamos a la comunidad nacional e internacional para que denunciemos este nuevo atropello, y exijamos la libertad inmediata de nuestro querido colega y amigo “Pacho” Tolosa y de los otros y otras líderes sociales víctimas de montajes judiciales.